29 de marzo 2021
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El trabajo conjunto con grupos de la oposición, con la sociedad civil y con el Gobierno para que Nicaragua tenga unas elecciones libres es la estrategia de trabajo de España, comentó Cristina Gallach, secretaria de Estado de Asuntos Exteriores del Gobierno de España para Iberoamérica y el Caribe, este sábado 27 de marzo en San José, Costa Rica, al final de su agenda a ese país en la preparación de visitas presidenciales recíprocas.
Esa fue la respuesta ofrecida por la diplomática, tras ser consultada por el diario La Nación sobre nuevas sanciones de España contra funcionarios del régimen Ortega Murillo, acusados por violaciones de derechos humanos, para "una mayor presión".
"En este momento no lo tenemos en ninguna agenda europea. Estas medidas se toman siempre en el seno de la Unión Europea, no son medidas de un país individualmente y eso nos refuerza, porque el mensaje es más potente, porque es una decisión que hay que discutir entre muchos", detalló.
Observar y trabajar desde la diplomacia
Gallach insistió en que este es momento de esperar, de ver lo que ocurre internamente en Nicaragua. "La actitud que tenemos que tener, observando, tratando con todas las partes para ver cómo se avanza en este proceso. Faltan algunos meses", dijo la funcionario española.
"Lo que está sobre la mesa es que se trabaje conjuntamente, diplomáticamente con los distintos grupos de la oposición, con la sociedad civil y que el liderazgo del país vea que es muy importante celebrar unas elecciones que sean libres", agregó.
La Nación reportó que Gallach también dijo que, en el caso de más sanciones contra personas vinculadas al Gobierno de Daniel Ortega, explicó que "no es adecuado recurrir constantemente (a sanciones). Sí es adecuado enviarlas en momentos decisivos, imprescindibles”.
La Unión Europea (UE) sancionó en mayo de 2020 a seis funcionarios de alto rango del régimen Ortega Murillo: al director de la Policía Nacional, primer comisionado Francisco Díaz; a los comisionados generales Luis Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) que controla la cárcel El Chipote; Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP); y Ramón Avellán, subdirector de la Policía Nacional. También fue incluido el colaborador cercano de la pareja presidencial Néstor Moncada Lau y la exministra de Salud, Sonia Castro.
Los seis sancionados por la Unión Europea ya habían sido sancionados por Estados Unidos. Además Díaz, Castro y Moncada Lau también fueron sancionados por Canadá.
Las sanciones europeas son para "personas responsables de graves violaciones de los derechos humanos en Nicaragua, y están diseñadas para no dañar a la población nicaragüense”, explicó en ese momento Josep Borrell, alto representante de de Política Exterior y Seguridad de la UE.
Parlamento Europeo señaló falta de condiciones
El pasado 15 de marzo, durante una sesión de la delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con los países de América Central, eurodiputados señalaron que “no existen las condiciones” para realizar unos comicios democráticos, libres, justos y transparentes.
"La Unión Europea apoya cualquier iniciativa que garantice que estas elecciones vayan a ser democráticas, justas y trascendentes. Desgraciadamente, no vemos que el Gobierno de Ortega se esfuerce en este sentido, todo lo contrario", dijo la eurodiputada Tilly Metz.
La embajadora del régimen ante la Unión Europea Irana Venerio no respondió a la invitación que le hizo el Parlamento para dicha sesión.
La comunidad internacional espera que el Gobierno realice reformas electorales que garanticen un proceso justo, democrático y transparente que permita una salida pacífica a la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde 2018, cuando la represión estatal dejó más de 300 muertes, miles de heridos, decenas de miles de desplazados y cientos de presos políticos, de los cuales más de cien permanecen en las cárceles.
Mayo es la fecha límite que fue planteada por la Organización de Estados Americanos (OEA) para la realización de estos cambios electorales. Los poderes del Estados, incluyendo el Electoral, están controlados por Ortega.
En Estados Unidos también senadores republicanos y demócratas esperan una elecciones libres en Nicaragua y presentaron la iniciativa de ley Renacer, ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral, que contempla sanciones políticas y económicas específicas contra quienes obstruyan las condiciones para la realización de elecciones libres y democráticas en Nicaragua.
La Ley, que podría ser aprobada en un mes, también propone mayor vigilancia y escrutinio sobre los préstamos que otorgan a Nicaragua el BID, el Banco Mundial y el Fondo Monetario, así como investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad estatales.
Hasta ahora Estados Unidos ha sancionado a 27 personas vinculadas al régimen y a nueve instituciones, incluyendo la Policía, por violaciones de derechos humanos y corrupción.
