18 de febrero 2017
El memorando de entendimiento que la Organización de Estados Americanos presentaría junto al gobierno de Daniel Ortega, el próximo 28 de febrero, no ilusiona a la oposición nicaragüense, excluida del proceso electoral de 2016, tras el que Ortega y su esposa Rosario Murillo fueron proclamados Presidente y Vicepresidenta de la República, respectivamente.
Previo al proceso, la oposición denunció y protestó, sin éxito, contra el sistema electoral colapsado, que también conculcó el derecho a la observación electoral independiente.
“Como dicen en el póquer: yo pago por ver”, afirmó el exdiputado liberal Eliseo Núñez Morales, miembro del Frente Amplio por la Democracia (FAD), tras recordar que hasta mediados de enero él era “uno de los más optimistas” sobre el diálogo del Gobierno con la Secretaría General de la OEA, a cargo del uruguayo Luis Almagro, quien visitó el país el pasado primero de diciembre.
Durante su viaje a Nicaragua, Almagro se reunió con diferentes sectores políticos y sociales, empresarios, autoridades religiosas y cuerpo diplomático, y terminó en un encuentro con Ortega.
El veinte de enero, la OEA y el Gobierno emitieron un comunicado conjunto para revelar los “avances” de la “mesa de comunicación e intercambio”, instalada en octubre.
Contrario a lo esperado, el documento omitió las violaciones sistemáticas del gobierno de Ortega a los principios democráticos y calló sobre la aplicación de la Carta Democrática y la convocatoria a unas nuevas elecciones nacionales con garantías, observación y competencia, que demandó la oposición.
“Ven la versión filtrada de Ortega sobre democracia. No ven al Ortega actual, sino al defensor social que se pintó en los ochenta”, reclamó Núñez.
Violeta Granera, excandidata a vicepresidenta, inhabilitada por el tribunal electoral con un fallo judicial ordenado desde El Carmen, confiesa tener una “expectativa moderada”.
“Nuestra expectativa más alta es la lucha de Nicaragua. Desde el principio fuimos claros en que la mayor obligación en la defensa de la democracia corresponde a nosotros los nicaragüenses”, sostuvo Granera.
El también exdiputado liberal José Pallais consideró por su parte que el diálogo entre la OEA y el Gobierno, tal como se ha desarrollado, “desperdició una oportunidad para incidir en una mejoría de la democracia nicaragüense y la falta de elecciones limpias y confiables”.
Kitty Monterrey, directora ejecutiva de Ciudadanos por la Libertad (CxL), que busca su personalidad jurídica ante el cuestionado tribunal electoral, optó por no “especular” sobre el memorando pendiente. “Preferimos dar (a la OEA) una oportunidad de pronunciarse y después de eso reaccionar”, justificó.
Pallais reiteró lo que hasta ahora ha revelado el diálogo con la OEA, no servirá al gobierno de Ortega para detener la propuesta de sanciones promovida por senadores de Estados Unidos, conocida como “Nica Act”.
Según el jurista, Almagro "calló en la trampa de Ortega" y estimó que no se han cumplido los compromisos de transparencia y participación, establecidos en los artículos cuatro y seis de la Carta Democrática. "Desde ya se indica que se está garantizando el fracaso de la misma", lamentó.