30 de diciembre 2020
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Nicaragua puso este miércoles en vigor una Ley Especial de Ciberdelitos, que fue aprobada por la mayoría sandinista en la Asamblea Nacional y que, según el gremio periodístico independiente, amenaza la libertad de prensa, “criminaliza” al periodismo de investigación y da luz verde para espiar comunicaciones privadas.
La controvertida ley, que ha sido bautizada como “Ley Mordaza” o “Ley Bozal” por la prensa no oficial nicaragüense, y rechazada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Parlamento Europeo (PE) y Estados Unidos, entre otros, entró en vigencia 60 días después de que fuera sancionada por el presidente del país, el exguerrillero sandinista Daniel Ortega.
El Ejecutivo sostiene que la ley persigue fortalecer y regular la protección de los sistemas de comunicación del Estado, y sancionará a quienes sin autorización accedan, intercepten o hagan uso de sistemas informáticos, se apropien de programas o datos, intercepten, capten o graben imágenes, conversaciones o vídeos que no están destinados al público.
La norma, compuesta por 48 artículos, plantea castigar con cárcel la propagación de noticias falsas y/o tergiversadas que produzcan alarma, temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella o a una familia.
Conceptos claves
La ley contiene 25 definiciones, sin embargo, según advierten sus críticos, no define dos conceptos claves para su aplicación: información falsa (fake news) e información tergiversada.
Es decir, será el sistema judicial, controlado por magistrados y jueces afines al sandinismo, los que tendrán la discrecionalidad de decidir qué es o no una información falsa o si la información produce alarma, temor o zozobra, alertó el movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN).
Por tanto, ese gremio comparó esa ley “con un fusil apuntando a la cabeza” de los periodistas, que “representa una de las peores amenazas a las libertades de expresión y de prensa de los últimos años”, y que está diseñada “para reprimir a las mujeres y hombres de prensa independientes”.
Autocensura
El denominado Foro de la Prensa Independiente de Nicaragua ha rechazado esa ley bajo el argumento de que busca censurar y amenazar a la prensa y ciudadanía en general, y que apunta a controlar y censurar la información en internet, criminalizar a los informantes e impedir las investigaciones periodísticas.
Para el dibujante Pedro Molina, con esa ley “la dictadura”, en alusión al Gobierno sandinista, busca que la prensa y la ciudadanía se autocensuren, so pena de ser castigados con cárcel.
Con esa ley “se inicia una nueva etapa de represión que busca acallar, regular o autocensurar a los periodistas que llevamos la información al pueblo de Nicaragua desde una visión que no comparte el régimen de Daniel Ortega”, dijo, por su lado, en un mensaje el periodista nicaragüense exiliado Wistom Postome.
Los seguidores del Gobierno han divulgado mensajes en sus redes sociales en el que piden a la ciudadanía “informar a las autoridades de cualquier intento de desprestigio a una persona o dé noticias falsas que atenten contra la paz”.
La ley establece penas de uno a 10 años de cárcel a los ciudadanos que se les imputen los ciberdelitos que vayan contra la “seguridad del Estado”.
ONG: “Es represiva”
Para el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), esa ley “no solo viene a reprimir la libertad de expresión y de prensa, sino también a ejercer vigilancia y control absoluto de redes sociales, plataformas digitales, perfiles en línea de activistas políticos, defensores de derechos humanos, y toda la población en general que se atreva a oponerse a las políticas gubernamentales”.
“Esta ley perversa claramente pretende condenar formatos legítimos de expresión, asociación y reuniones en línea mediante el uso de términos vagos e indefinidos que se pueden aplicar de manera arbitraria o discrecional para producir incertidumbre legal”, señaló esa ONG.
El Cenidh advirtió, además, que esa ley “le otorga un poder más amplio al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correo (Telcor) a fin de que puedan bloquear sitios de internet que las autoridades consideren peligrosos”.
“O incluso para bloquear redes, aplicaciones y servicios enteros que facilitan el acceso e intercambio de información en línea”, añadió.
La norma otorga poder a Telcor para ordenar a cualquier empresa, asociación, medio de comunicación o entidad mantener “congelada” hasta por tres meses la base de datos de sus sistemas informáticos, los cuales estarán accesibles para el personal del ente regulador, la Policía y la Fiscalía que podrán intervenir e incautar los equipos en caso de ciberdelitos.
Según expertos constitucionales, esa norma trasgrede tres artículos constitucionales referidos a la libertad de expresión, la libertad de información y de prensa, y el derecho al acceso a la información.
