18 de octubre 2024
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Ninguno de los 18 alcaldes y tres vicealcaldes destituidos por el régimen —por supuestas investigaciones por corrupción— ha enfrentado algún proceso penal o civil, lo que demuestra —según analistas políticos— que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo encubre unas “pasadas de cuentas” con presuntos señalamientos de corrupción.
En las defenestraciones se observa un patrón: después de cada evaluación de la Procuraduría para las Municipalidades —una entidad creada en 2024 para reemplazar al Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM)— en las alcaldías una o dos personas son defenestradas, generalmente el alcalde o vicealcalde.
“Puede haber temas de corrupción, pero si se tratara de eso, entonces no quedará ningún alcalde o vicealcalde, porque no hay un lugar, por muy pequeño, donde no haya denuncias de corrupción y falta de ejecución de proyectos”, opinó Ivania Álvarez, coordinadora de redes ciudadanas del observatorio Urnas Abiertas.
Los alcaldes destituidos “no han enfrentado la justicia ni tienen ningún cargo penal ni civil por el que se les está investigando”, subrayó Álvarez en un panel compartido con el analista político Eliseo Núñez, en el programa Esta Noche, que se transmite por YouTube debido a la censura televisiva impuesta por la dictadura.
Núñez sostuvo que la limpieza de funcionarios está relacionada con la sucesión dinástica que pretende la dictadura Ortega-Murillo.
“La institucionalidad del Frente Sandinista no le sirve a Rosario porque la sucesión dinástica no es parte de la institucionalidad de ningún partido, ni siquiera del partido sandinista”, dijo el analista.
Alcaldes “hacen su vida normal”
De acuerdo con las fuentes, la Procuraduría para las Municipalidades acude a las alcaldías junto a oficiales de la Policía de Managua, porque desconfían de las autoridades policiales departamentales. Hay casos donde son personas de los mismos territorios quienes “denuncian” a los funcionarios que luego son investigados.
“(Las autoridades municipales son) reportadas por los mismos militantes a la Secretaría Nacional, que está dirigida en el tema municipal por Fidel Moreno”, afirmó Álvarez.
Fidel Moreno Briones es secretario general de la Alcaldía de Managua, secretario de organización del FSLN y operador político de la pareja presidencial en las municipalidades.
“Es la gente de Fidel Moreno con la Procuraduría quienes llegan y defenestran a estas autoridades locales”, añadió la integrante de Urnas Abiertas.
Detalló que los alcaldes “son sometidos a prisión preventiva dentro de su hogar y pasan vigilados por la Policía Nacional alrededor de un mes. Si salen son acompañados por la Policía”. En algunos casos son trasladados a Managua, pero después de ese tiempo “son dejados en libertad y hacen su vida normal”.
Algunos de los alcaldes han sido obligados a entregar bienes que eran de su propiedad o de su familia, entre ellos: terrenos y vehículos. Hay casos de alcaldes que fueron separados de sus funciones por algunos días y después los reintegraron, como ocurrió con el alcalde de Nandaime, Roger Antonio Acevedo Chavarría.
“En esa alcaldía lo que pasó es que esta barrida dejó desaparecida a la secretaría política y a otros trabajadores: administradores, ejecutores de proyectos, jefes de compras y demás”, comentó Álvarez.
Estos movimientos en las alcaldías están ocurriendo sin que las autoridades den una explicación pública.
“La continua destitución de alcaldes en Nicaragua confirma que el oficio de gobernantes locales está reñido con las dictaduras, que por definición son centralistas y verticales”, escribió el politólogo y municipalista Silvio Prado, en un artículo publicado en la sección de Opinión de CONFIDENCIAL.
“No es de extrañar que siga habiendo nuevas destituciones. La corrupción y las pugnas por imponer el control político en las alcaldías no son las causas; más bien son el resultado de un ecosistema político que se rige por el ordeno y mando que la dictadura, para sostenerse, crea feudos a los que entrega cuotas de poder para todo, excepto para iniciativas políticas”, describió el sociólogo nicaragüense..
Secretaría Política sugiere los “repuestos”
Los cambios en las alcaldías no están afectando a las cabeceras departamentales ni aquellos que han sido señalados de represores, apuntó Álvarez, como los casos del alcalde de Estelí, Francisco Valenzuela; el de Matagalpa, Sadrac Zeledon; o el de Jinotega, Leónidas Centeno.
Incluso, en la Costa Caribe, donde este año han ejecutado la mayoría de movimientos, la alcaldía de Bilwi sigue intacta, resaltó.
Después de las destituciones, también se observa que los vicealcaldes no asumen la municipalidad como se establece por ley. Lo que ha ocurrido, explicó Álvarez, es que el Consejo Municipal escoge al nuevo alcalde o alcaldesa. Sin embargo, el reemplazo fue designado previamente por la Secretaría Política y la Procuraduría.
En los territorios, sostuvo Núñez, los cambios abruptos de autoridades municipales y de la corrupción se han normalizado. La población no puede opinar por el temor a ser encarcelado, “porque te pueden negar un servicio público, porque podés ir investigado, perseguido o amenazado, porque tu negocio puede dejar de funcionar”.
“Lo único que queda en el municipio, porque el municipio jamás va a dejar de ser territorio, es esta fuga de información de lo que está mal. Verdad que la gente también lo ve como un tema de resistencia”, consideró Núñez.
