“El respeto a los derechos humanos está por encima de cualquier principio de no injerencia”

A menos de 48 horas de que la Organización de Estados Americanos (OEA) realice una sesión “urgente” sobre la situación de Nicaragua, ante las violaciones a derechos humanos y la represión política agudizadas por el régimen de Daniel Ortega en las últimas tres semanas, los señalamientos de supuesto “injerencismo” e “intervencionismo” del organismo regional hechas por el orteguismo, se han vuelto una constante.

El abogado, político y expresidente de Costa Rica, Rafael Ángel Calderón Fournier, explica —en una entrevista con el programa Esta Semana que se transmite por YouTube debido a la censura y represión de la dictadura— que “la defensa y la lucha por los derechos humanos no tiene nada que ver con asuntos internos de otro país. Está por encima de cualquier principio de no intervención o injerencia porque primero que nada está el respeto a la vida, el respeto a los derechos fundamentales del ser humano”.

Calderón Fournier fue uno de los protagonistas de la histórica reunión de cancilleres que realizó la OEA, en junio de 1979, cuando condenaron a la dictadura de Anastasio Somoza y demandaron la sustitución de ese régimen. Ahora que la secretaría general de la OEA -a través de su secretario general Luis Almagro- ha señalado una ruptura al orden constitucional y llamó para este martes, 15 de junio,  a una reunión urgente en la que pretenden abrir la discusión sobre el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, el exdiplomático costarricense espera que -al igual que en 1979- “tengan una resolución fuerte para la defensa, una vez más, de los derechos humanos de los nicaragüenses”.

Condena de la OEA funcionó con la dictadura de los Somoza

El político costarricense resaltó que la condena hecha por la OEA contra la dictadura de los Somoza fue “la más grande que se ha hecho en la historia contra un régimen”. Calderón afirma que el trabajo diplomático que realizaron en 1979 “funcionó tanto que un mes después de esa condena tan terrible cayó el régimen somocista”.

Detalla que los principales impulsores que “lideraron” la resolución de condena contra la dictadura de Somoza -aunque América Latina estaba inmersa mayoritariamente en gobiernos que estaban “bajo la bota militar”- fueron México, Costa Rica, Colombia, Venezuela y República Dominica.

Explica que el apoyo de Estados Unidos fue importante para convencer a otras representaciones, pero indica que la posición del Gobierno estadounidense fue más contundente una vez se conoció el asesinato de Bill Stewart, uno de los periodistas estadounidenses  más renombrados de la época.  “No estaban tan decididos, pero en eso, en media reunión, ocurre el asesinato de uno de los periodistas de la televisión más renombrados en Washington… La Guardia Nacional (de Somoza) tomó al periodista, lo tiró al suelo, él rendido, y ahí mismo lo acribillaron”, relató.

Resolución se logró con los votos exactos

Destaca que, una vez resonó la noticia, el Gobierno del presidente Jimmy Carter mandó al secretario de estado adjunto, Warren Christopher, al frente de la delegación americana, con lo cual -indica- “se veía definitivamente una instrucción muy clara de que los Estados Unidos tenía que lograr esa condena”.

El exdiplomático apunta que -en esa sesión de 1979- lograron la condena contra la dictadura somocista “con los votos exactos. Logramos los dos tercios de votos, por supuesto que se opuso el régimen somocista, se opuso Pinochet, se opusieron Guatemala y El Salvador... pero nosotros entramos con 18 votos”.

Destaca que el detonante para la condena contra la dictadura de los Somoza, entre otras cosas, fueron especialmente las violaciones a derechos humanos que se venían cometiendo por ese régimen y que fueron denunciadas, en 1978, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Previo a la resolución, el diplomático panameño Juan Antonio Tack, cedió la silla a la junta de gobierno sandinista que se encontraba en el exilio, para que Miguel D’Escoto Brockman, expusiera ante los demás países la situación en la que se encontraba Nicaragua en ese entonces, en el foro que estaba integrado por 13 dictaduras militares y 12 gobiernos civiles.

Según la resolución emitida el 23 de junio de 1979, “desde el punto de vista de la Decimoséptima Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores esa solución (al grave problema de los nicaragüenses) debería inspirarse en las siguientes bases”, para pasar a enumerar una serie de propuestas en las que se encontraba en primer lugar el “reemplazo inmediato y definitivo del régimen somocista”.

Además, recomendaban la instalación en Nicaragua de un gobierno democrático cuya composición fuera de todos los actores de oposición al régimen somocista “y que refleje la libre voluntad del pueblo de Nicaragua”. 

La CIDH -en los últimos tres años- también ha denunciado las graves violaciones a derechos humanos cometidas por el régimen orteguista. Los defensores han señalado que en Nicaragua se han violentado los derechos fundamentales de los nicaragüenses, dejando más de 300 personas asesinadas, miles de exiliados y centenares de personas detenidas. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en su informe de diciembre de 2018, señaló que el régimen de Daniel Ortega ha cometido “crímenes de lesa humanidad”. 

En las últimas tres semanas la represión del régimen orteguista se han agudizado. Más de 10 opositores, entre estos cuatro candidatos a la presidencia: Cristiana Chamorro, Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga y Arturo Cruz, han sido detenidos y están siendo investigados por supuestamente infringir la Ley 1055.

Organizaciones internacionales y gobiernos de diferentes partes del mundo han llamado al régimen Ortega-Murillo a liberar a todos los secuestrados políticos, garantizar elecciones libres, justas, trasparentes y democráticas, pero el partido de Gobierno sigue sin dar señales de querer acatar los llamados de la comunidad internacional.  Son 14 ciudadanos, entre los precandidatos, y dirigentes opositores los encarcelados recientemente por el régimen. En todos los casos, aduce la implementación de la "Ley de Soberanía", que es la ley 1055.