6 de noviembre 2023
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Después de ejecutar un golpe de Estado en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Daniel Ortega y Rosario Murillo han ejecutado, con mano policial, una barrida de más de 150 altos funcionarios de todos los niveles del Poder Judicial. Con la destitución de facto de tres magistrados de la CSJ –Alba Luz Ramos, Yadira Centeno y Virgilio Gurdián–, en este poder del Estado integrado por 16 magistrados, hay diez vacantes que tendrán que ser llenadas en las próximas semanas.
“Van a premiar a magistrados de Apelaciones, algunas juezas que estuvieron en las sentencias en contra de los presos políticos y ya se están barajando algunos nombres, en una Corte que va a ser completamente servil a los intereses de la familia Ortega Murillo”, considera el economista y exreo de conciencia, Juan Sebastián Chamorro, entrevistado en Esta Semana junto a la abogada constitucionalista Azahálea Solís. Por su parte, la jurista advierte que, con la destrucción de la institucionalidad, y el traslado del Registro Público a la Procuraduría, “los conflictos de propiedad que van a venir en el futuro, van a ser muy peligrosos, porque están siendo el resultado de un acto ilegal”
Hace casi dos semanas, se produjo el desalojo policial de la presidenta de la Corte, Alba Luz Ramos, y desde entonces ha habido una barrida en la Corte Suprema. Más de cien funcionarios han sido ya destituidos de facto, entre ellos magistrados, magistrados de Apelaciones, directores de área, jueces, ¿qué significa el desalojo de la presidenta de la Corte y esta barrida?
Azahálea Solís: En el nivel político, considero que es el aumento de la centralización del poder en manos de Ortega y principalmente de Murillo, con seguridad. Y, en términos jurídicos, implica realmente un golpe de Estado. Las personas que han sido destituidas en la máxima magistratura, han sido partícipes de la destrucción de la institucionalidad en el país, que finalmente lo ha llevado ahí.
Yo lo comparo con el tema de los femicidios. O sea, cuando a una mujer se le mata, ya ha vivido muchos años de violencia. O sea que empezó con un golpe, con un arañazo. En este caso, esta destrucción, una bomba atómica en la institucionalidad del país, empezó con las primeras cosas que aceptaron los magistrados por cálculos políticos.
La barrida en la CSJ
Algunos de los despedidos han señalado que estas acciones son ilegales, las ejecutan incluso policías vestidos de civil, que le dicen –por órdenes de la compañera Rosario su contrato está terminado, entregue su celular y su computadora–. Es una intervención política, pero esta institución ya estaba intervenida antes políticamente.
Juan Sebastián Chamorro: Así es, y yo creo que está un poco de más analizar los aspectos legales de cómo se hace esto, tomando en cuenta que Ortega ha actuado en la total ilegalidad en los últimos años. De tal manera que esto es realmente una toma de la Corte Suprema de Justicia. Le quita poderes importantes, como es el Registro Público de la Propiedad y Mercantil. Pero además, hay un componente de corrupción. Esto no es una limpieza de funcionarios corruptos dentro de un sistema corrupto de justicia. Esto es mover la corrupción que había en el Poder Judicial, a nivel de la corrupción en la familia Ortega Murillo. Es decir, están eliminando una serie de feudos que tenían los magistrados para centralizar los actos corruptos en el poder de la familia dictatorial.
Han mencionado la corresponsabilidad de los magistrados, pero esta barrida afecta ampliamente a distintos niveles de funcionarios dentro de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué impacto tiene esto entre los servidores públicos, de la Corte, de otros poderes del Estado y el mismo Gobierno?
Azahálea Solís: El daño al país es inconmensurable, porque estás eliminando a un montón de gente que seguramente no tienen responsabilidades políticas, sino que puede que sean parte de lo feudos de los magistrados, pero otra gente seguramente no, que viene desde hace mucho tiempo en el Poder Judicial.
A mí me causa un susto lo que están haciendo, así como me ocasionó el susto de la apropiación del Instituto de Historia de la UCA. Se están apropiando de los registros de la Corte, de los registros de los abogados, de los juicios. ¿Qué va a quedar después para el país? ¿Qué es lo que habrá que hacer después? Entonces el tema de la memoria, de la institucionalidad del país, de la carrera judicial, va a quedar sencillamente en las ruinas. Y eso me parece a mí que una preocupación central que deben tener las fuerzas políticas de Nicaragua.
El Registro en la Procuraduría
Mencionaste el traslado del Registro Público a la Procuraduría. ¿Qué impacto tiene esto en la vida de los particulares, de las empresas, en materia de la seguridad jurídica?
Juan Sebastián Chamorro: Esto trastoca el régimen de derecho de propiedad en Nicaragua de una manera profunda. Por eso es que se tiene que hacer una reforma constitucional que, dicho sea de paso, debería entrar en vigencia en segunda Legislatura. Pero la legalidad no es el tema.
Los sistemas de registros públicos, y reitero la palabra público, es que deben de estar en manos de un tercero independiente, como es el Poder Judicial en la mayor parte del mundo (en Nicaragua no es el caso, ya sabemos), pero que estos sistemas, son declarativos. Es decir, uno registra ante la sociedad la propiedad de este bien mueble, bien inmueble, una hipoteca para que la comunidad sepa quién es el dueño de esta propiedad. Ese es el concepto básico en lo cual se fundamentan los registros públicos de la propiedad. Cuando vos lo movés y ya no queda en manos de un tercero independiente que, reitero, en el caso de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, no era el caso, pero lo movés del sistema de justicia, supuesta a impartirla, a la Procuraduría General de la República, es decir, al abogado del Estado, que tiene intereses muy particulares, en este caso los mismos intereses de su jefe, la pareja dictatorial. Entonces estos registros dejan de ser públicos automáticamente, aunque ya sabíamos que desde hace algunos años ya no eran tan públicos.
Pero lo más importante es que, quien tiene el poder de alterar estos asientos registrales, esta tenencia de derechos, deja de ser un independiente, deja de ser una instancia que imparte justicia y viene a ser un tercero interesado, como el caso del Estado. ¿Y cuál es el interés del Estado? Confiscar de la manera más rápida, de la manera más expedita, con solamente una orden del Ejecutivo, le manda a su procurador –como ocurría en los años 80– y se ejecutaba la confiscación.
Entonces, se trastocan los derechos de propiedad de una manera fundamental y eso no puede pasar desapercibido ante la comunidad nicaragüense, tanto quienes tienen propiedades, independientemente sea esto una pulpería, o una finca de miles de manzanas, y también el régimen afecta a los inversionistas extranjeros que ven de repente que sus derechos están violentados, con falta de transparencia, con opacidad y el riesgo de ser confiscado se eleva. Esto va a tener a su vez una implicación muy fuerte sobre la inversión extranjera directa, porque obviamente todas las inversiones tiene un gran componente de propiedad, de fábrica, activos fijos, activos móviles, hipotecas y, al no tener este sistema transparente, esto va a generar todavía más disminución en la inversión.
Azahálea Solís: Esto se produce con una reforma ilegal a la Constitución. Recordemos que las constituciones tienen validez, la reforma, posterior a la segunda Legislatura. Entonces, con posterioridad, se van a derivar actos ilegales de un acto ilegal. La persona que posteriormente sea propietaria, a partir de esta reforma, va a entrar también en una burbuja de ilegalidad muy fuerte para el país. De manera que los próximos conflictos de propiedad no se van a poder resolver fácilmente en el país.
Las diez vacantes y el “premio” de Murillo
¿Cómo funciona la Corte hoy? Hay 16 magistrados y por lo menos hay diez vacantes. Hay dos fallecidos, hay una ruptura, hay dos que renunciaron, hay varios que fueron renunciados y otros que están siendo separados de sus cargos de facto. ¿Pueden las salas de la Corte hacer quórum, fallar los recursos, fallar la sentencia? Y por el otro lado, ¿administrativamente, puede funcionar la Corte de esta manera?
Azahálea Solís: Estamos en el reino de lo que lo que debería. Ya la Corte hace mucho tiempo que no opera con legalidad. Los informes que han dado distintas comisiones de derechos humanos nacionales e internacionales han planteado muy seriamente el asunto de la falta de independencia del Poder Judicial. Realmente ellos no están funcionando con la legalidad desde hace mucho tiempo.
Seguramente va a seguir funcionando de hecho, como se ha visto esa comunicación pública que dio el señor (Marvin) Aguilar. ¿Cómo va a ser legal lo que él está haciendo? ¿Por qué está asumiendo la presidencia en funciones? Sin embargo, está surtiendo efecto.
Lo que tenemos es un acumulado de ilegalidades cometidas por el tribunal máximo de justicia en el país, y va a continuar actuando completamente de hecho. O sea, no van a tener ningún escrúpulo en integrar a cualquier de esos magistrados que ellos nombraron en otro momento, como ocurrió con aquella enorme legalidad de la sentencia que declaró inconstitucional la Constitución
En algunas semanas o en unos meses, el Ejecutivo, va a llenar esas vacantes, con el aval de la Asamblea. En los corrillos de la Corte, se habla ya de que algunos magistrados de Apelaciones van a ser premiados como Ernesto Rodríguez, Octavio Rothschuh, y Henry Morales. Se menciona también a algunas juezas ejecutoras de condenas contra presos políticos también podrían ser premiadas o diputados leales, y tendríamos una situación similar al Consejo Supremo Electoral, donde todos los funcionarios son leales a Rosario Murillo. ¿Qué se puede esperar en lo que será la nueva Corte Suprema de Justicia?
Juan Sebastián Chamorro: Este zarpazo al Poder Judicial hay que verlo en un contexto de una estrategia bastante más amplia. No es que llegaron los policías y sacaron a empujones a los magistrados. Esto es un acto deliberado, planificado con anticipación, para hacer un cambio profundo. Y lo que me hace decir esto es precisamente la reforma constitucional que enviaron a la Asamblea Nacional.
El despido, o haber apartado a estos magistrados, claramente indica que están dejando las sillas vacías para ser rellenadas. Sobre este relleno, yo puedo pensar, de acuerdo a lo que se ha visto recientemente, que va a haber una cuota de 50% para hombres y 50% para mujeres, y todos ellos, hombres y mujeres, van a cumplir con un requisito fundamental que es la obediencia absoluta a la pareja presidencial. Y reitero lo de la pareja, porque todo esto lo sabe Ortega perfectamente. Él está al tanto y está, junto con su vicedictadora, haciendo todas las acciones de acuerdo a este plan en desarrollo.
Creo que va a haber premiación a jueces, gente de Apelaciones, algunas juezas que estuvieron en las sentencias en contra de los presos políticos y ya se están barajando algunos nombres, en una Corte que va a ser completamente servil a los intereses de la familia, y que además va a tener menos poderes, porque ciertamente el Registro Público de la Propiedad le daba a las magistraturas cierto poder de decisión sobre casos importantes a ser ejecutados. En este caso, habrá un verticalismo absoluto. Este es parte del plan. El control ya absoluto que es de intolerancia a cualquier tipo de pensamiento independiente de un magistrado o juez, y recibir la orden y cumplirlas militarmente.
Este es un mensaje bastante claro a los funcionarios públicos, sobre todo a la luz de aquellos funcionarios que han sido corridos, de que no importa que tan servil y que tan útil sos para la dictadura, al final te terminan corriendo.
La jueza de Apelaciones, Marta Quesada, fue la que engavetó el caso de de Zoilamérica. ¿Qué mejor servicio le pudo haber dado a Ortega y a Rosario Murillo? Y ya vemos cómo esta dictadura la desecha simplemente por que no está 100% alineada a los intereses de la familia.
Pero la Corte ya estaba intervenida políticamente. Hay gente que dice que detrás de esto hay una remoción de funcionarios que de una u otra forma tenían un grado mayor de lealtad con Daniel Ortega que hacia Rosario Murillo y hay una cierta pugna entre la pareja presidencial. Otros dicen que ya se está iniciando este proceso de sucesión dinástica en el cual todo el personal de la Corte, los nuevos magistrados que vienen y los que quedan tienen que cuadrarse y mostrar su lealtad total hacia Rosario Murillo.
Azahálea Solís: Yo creo que sí. Es la concreción del sultanato, lo que estamos viendo.
Juan Sebastián Chamorro: No se contradicen las dos cosas. Es cierto que estaba controlada políticamente por Ortega y Murillo la Corte Suprema, pero también era cierto, y esto –precisamente en reportajes periodísticos independientes– se notaba ciertos feudos que existían, de Ileana Pérez, de la misma Alba Luz Ramos, de otros magistrados que actuaban temas en particular. El caso de Ileana Pérez, el más notorio, que tenía bastante actividad en temas de propiedades en el sur de Nicaragua, incautados al narcotráfico, por ejemplo. Tenía ciertas libertades corruptas. Además, se le permitía a algunos magistrados seguir operando con alguna libertad. Aquí se está hablando de un sistema totalitario más vertical y cualquier cosa que se vaya a hacer tiene que pasar por la autorización de El Carmen.
La reforma a la justicia en una transición democrática
En una transición democrática, ¿cómo se puede reformar ese sistema judicial que se está consolidando en este momento?
Azahálea Solís: Aunque el tema legal no sea el motivo de la situación que estamos analizando hoy de la Corte Suprema de Justicia, para los nicaragüenses, este tema jurídico es fundamental para el futuro. No podemos obviar que hemos visto cómo mes a mes, año con año, se fue demoliendo la institucionalidad. La ciudadanía nicaragüense debe darle valor a la institucionalidad. ¡Que la política o que el derecho no me da de comer! Sí te da de comer, y te quita de comer. Y que entendamos que la norma constitucional es la que nos garantiza que podamos estar en nuestra casa comiendo, la tortilla con los frijoles, sentados en el comedor de nuestra casa, cosa que no podemos hacer ahora, porque el poder fue destruyendo la institucionalidad del país, y destruyó absolutamente todo.
La Constitución no vale nada, los procedimientos no valen nada, los magistrados no valen nada. Entonces, un elemento importante es que la ciudadanía tome conciencia de que la institucionalidad, el límite al poder es lo que nos garantiza vivir en nuestro país, trabajar en nuestro país, dormir en nuestras camas.
Y, por el lado de la oposición o de las fuerzas políticas, hay que construir un proceso, porque los conflictos de propiedad que van a venir en el futuro, van a ser muy peligrosos, porque están siendo resultado de un acto ilegal. Entonces no puede haber ningún proceso de transición que no tome en cuenta las transformaciones que hay que hacer en la Constitución y en la Corte Suprema de Justicia y en el Poder Judicial.
Y sobre todo, tomar en consideración que la Policía debe reevaluarse. No puede ser que la Policía sea un brazo por encima de un tribunal de justicia. Eso es absolutamente un adefesio.
¿Qué lugar ocupa la reforma judicial, de la Fiscalía y todo el sistema de justicia en una agenda de transición democrática. ¿La oposición tiene una propuesta sobre eso? ¿Se puede hacer esa reforma con esas estructuras, o se tiene que recurrir a alguna asistencia supranacional para hacer ese cambio, con este legado de totalitarismo que están imponiendo en la justicia?
Juan Sebastián Chamorro: Las reformas judiciales y de justicia han sido ampliamente abordadas por las organizaciones opositoras desde 2018 y, particularmente, algunas organizaciones (como) Madres de Abril, han sido muy categóricas en qué se debe hacer con relación a la justicia. Esto es sumamente importante, no desde un punto de vista de buscar revancha, sino de evitar repetición. Aquí tiene que impartirse justicia para los que han cometido delitos, crímenes de lesa humanidad.
La destrucción de las instituciones en el Poder Judicial comienza precisamente con la derrota (de) Daniel Ortega en 1990, y encuentra en el Poder Judicial, un lugar donde anidar cuadros para ir ocupando espacios políticos, que en este momento, estamos viendo el grado máximo de destrucción de la institucionalidad.
El acuerdo político que tiene que haber en una Nicaragua democrática, un contrato social, tiene que ver con la independencia de poderes. Eso está en la Constitución, pero tiene que haber realmente un acuerdo político en darle al Poder Judicial la independencia que debe de tener, la independencia que le ha quitado Daniel Ortega, siendo opositor y mucho más siendo dictador.
Ese elemento de independencia del Poder Judicial, rescatar elementos en la Ley de Carrera Judicial, de la nominación de magistrados probos de la Corte Suprema de Justicia, que creo que hay bastantes personas que pueden ocupar cargos en la futura Corte Suprema de Justicia, pues no solamente la Corte, sino Apelaciones y cada uno de los juzgados. Todo esto tiene que hacerse de una manera muy integral para que efectivamente el sistema de justicia haga su trabajo, que es impartir justicia, independientemente de los vaivenes políticos del Ejecutivo.
Y tiene que darse un acuerdo político. Yo creo que hay bastante consenso en las distintas organizaciones opositoras de que esto es un elemento fundamental de la Nicaragua pos-Ortega.
