7 de enero 2022
AA
Share
Una encuesta postelectoral de la firma CID Gallup, auspiciada por CONFIDENCIAL, realizada entre el 5 y el 13 diciembre, reveló que el 7 de noviembre Ortega habría recibido solamente un 27% de los votos y no el 75.8% que le asignó el Consejo Supremo Electoral (CSE), mientras que otros cuatro partidos colaboracionistas sumaron el 38% de la votación.
Sin embargo, en la nueva Asamblea Nacional, que se instaura este domingo 9 de enero, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se repartió 75 de un total de 91 diputados cantidad suficiente para aprobar leyes o reformar la Constitución Política de forma unilateral, tal como ocurrió en el periodo legislativo anterior y que, según advirtió el diputado Gustavo Porras, continuará sucediendo en el periodo legislativo 2022-2027.
Durante la legislatura anterior, la bancada sandinista —con 70 diputados— aprobó sin cuestionar una serie de leyes que restringen los derechos de los nicaragüenses y abonaron el terreno para la cuarta reelección de Daniel Ortega, quien un día después de la juramentación tomará la promesa de ley para su cuarto mandato presidencial de forma consecutiva y el quinto en toda su carrera política.
Ahora, con 75 legisladores sandinistas, “lo que nos queda es ser consecuentes”, advirtió Porras durante la sesión de clausura del periodo legislativo anterior, el 15 de diciembre pasado, en alusión a las leyes que aprobaron para criminalizar a quienes se oponen al régimen de Ortega y Murillo. “Vamos desarrollando nuestra dignidad de nicaragüenses, eso es importante, y poco a poco vamos avanzando en esa cohesión de los nicaragüenses, la historia es así... y ese es el camino, vamos adelante”, señaló.
Porras, ahora expresidente de la Asamblea Nacional, es uno de los diputados reelectos por el régimen y uno de los principales operadores políticos de la vicepresidenta, Rosario Murillo. Se espera que también sea reelecto como presidente de la Asamblea, pese a que ha sido sancionado por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea; ya que, en julio de 2019, el régimen reformó la Ley 606 “Ley Orgánica del Poder Legislativo” y la Ley 290 “de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo”, con el único objetivo de mantenerlo en el cargo.
Los nuevos diputados
Como resultado de unas elecciones carentes de legitimidad, el FSLN ahora cuenta con cinco nuevos escaños en la Asamblea Nacional. El primero de ellos será ocupado por Amada Pineda, quien es considerada como una “heroína sandinista” y ha sido promovida dentro del FSLN por denunciar el asesinato de su hijo Francisco Ramón Aráuz Pineda durante las protestas de 2018. Desde entonces, presidió junto a Ortega y Murillo el acto del 39 aniversario de la Revolución Sandinista y ha participado en múltiples eventos partidarios.
Entre los nuevos diputados sandinistas también sobresalen los comentaristas políticos Adolfo Pastrán y Moisés Absalón Pastora, quienes se han dado a conocer por divulgar la propaganda del régimen a través de sus programas en la televisión estatal.
Actualmente Pastrán dirige un boletín informativo en el que promueve los proyectos del Gobierno, divulga las “bondades” del régimen y hasta realiza “análisis económicos” en medios de la propaganda del régimen que lo citan como fuente de consulta.
Pastora, por su parte, presenta un programa de radio y televisión en el que se empeña en descalificar a quienes señalan las violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses y eventualmente hace entrevistas a funcionarios del Gobierno.
Los sancionados
Mientras tanto, la mayoría de los diputados electos repiten en el cargo, algunos —inclusive— tienen tres décadas como legisladores, son conocidos operadores políticos del FSLN y tres de ellos están sancionados por la comunidad internacional por ser considerados “cómplices” de las violaciones a los derechos humanos que se cometen en Nicaragua.
En junio de 2019, el diputado Gustavo Porras, fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, una entidad que lo describe como “el operador político más importante” del orteguismo, ya que “ejerce un control significativo sobre el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y el Ministerio de Salud con la aprobación de la vicepresidenta Rosario Murillo”. También ha sido sancionado por Canadá y la Unión Europea.
Otros sancionados que repiten en el cargo y mantienen su inmunidad legislativa son: Wálmaro Gutiérrez, por ser el promotor de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, y Edwin Castro Rivera, jefe de bancada del FSLN. Ambos cumplieron 25 años como diputados. Los legisladores sancionados tienen prohibida cualquier transacción en Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea. Tampoco pueden participar en el sistema financiero y hacer negocios con ciudadanos de esos países. Además, los sancionados son declarados inadmisibles.
Los de siempre
También fueron reelectos Wilfredo Navarro Moreira, quien es legislador desde 1997; Maritza Espinales, actual vicepresidenta de la Asamblea; Melba Sánchez, José Figueroa, Carlos Emilio López, Patricia Sánchez, Iris Montenegro, Guillermo Arce Castaño, Gladys Báez, Filiberto Rodríguez, Benita Arbizú, José Ramón Sarria, Irma Dávila, Juan Ramón Obregón, Jenny Martínez, entre otros.
Entre los diez diputados del PLC, cinco repiten en el cargo. Walter Espinoza, quien fuera el candidato presidencial del PLC y se le asignó una diputación constitucional; María Haydée Osuna, presidenta del partido y quien ayudó al FSLN a despojar de su personería jurídica al partido Ciudadanos por la Libertad (CxL); Lesther Flores, secretario de Asuntos Municipales y Departamentales; Roberto José Lira y Reynaldo Altamirano.
También repetirán como diputados nacionales: el presidente de la ALN, Alejandro Mejía Ferreti; Pedro Joaquín Treminio, del PLI; Wendy María Guido, quien pertenecía al extinto Partido Conservador (PC) y ahora fue reelecta por el APRE; y Brooklyn Rivera, del partido regional YATAMA.
De 2007 a 2022
Las palabras del diputado Porras indican el continuismo de un sistema impuesto en los últimos 15 años, en el que el sandinismo pasó de tener 38 diputaciones en 2007 a asignarse 75 escaños en 2021, mediante unas elecciones sin competencia política y señaladas de “ilegítimas” por la comunidad internacional.
En contraste con el crecimiento de la bancada sandinista, que ha duplicado sus escaños en los últimos 15 años, los partidos de oposición prácticamente han sido eliminados del Poder Legislativo. En 2007, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) y el Movimiento Renovador Sandinista (MRS) sumaban 52 diputados, pero en las siguientes votaciones el Consejo Supremo Electoral (CSE) fue asignándoles menos diputaciones, destituyendo legisladores, y cancelando y reasignando personerías jurídicas hasta convertirlos en partidos colaboracionistas.
Para este periodo legislativo que está por comenzar, el CSE solamente asignó 16 curules a los partidos distintos al FSLN, aunque estos no representan a la oposición política. El PLC, ALN, Alianza por la República (APRE), Partido Liberal Independiente (PLI) y el partido regional YATAMA, forman parte de un grupo de partidos que suelen aparecer en periodos electorales, y nunca tienen la intención real de retar al poder de turno. Su papel en la política es cooperar con el partido de Gobierno para que continúe en el poder, y conformarse con reembolsos, cuotas mínimas y cargos sin relevancia a costa del erario público, según denuncias de la sociedad civil y la oposición organizada a partir de las protestas cívicas de 2018.
Al referirse a estos partidos con mínima representación parlamentaria, el diputado Porras lo hace con prontitud: “Esta Junta Directiva, que tiene representaciones de diferentes partidos políticos, ha sido cohesionada en el trabajo, ha sido respetuosa y consecuente en el trabajo, igual, las bancada que están aquí presentes, porque hay mecanismo y cuando hay una bancada que dice que se va oponer, que se oponga. Esos son los espacios, esos son los mecanismos, y si dicen que no van votar, pues que no voten”, subrayó.
Aprobaron leyes que restringen libertades
Durante la legislatura anterior, la Asamblea Nacional, controlada por el orteguismo, aprobó una decena de leyes que, entre otras cosas, segregan a los nicaragüenses, atentan contra la libertad de expresión, inhiben la participación política y permiten las detenciones ilegales. Luego continuó con la reforma a la Ley Electoral, el nombramiento de magistrados electorales de su partido y finalizó con la cancelación de la personería jurídica a 58 Organizaciones No Gubernamentales.
Entre los cambios impulsados por el orteguismo, desde el Parlamento, está una enmienda constitucional que permite la cadena perpetua por “delitos de odio” definidos en términos generales. También, la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, considerada violatoria de los derechos de los nicaragüenses, porque obliga tanto a organizaciones como personas naturales que reciben fondos del extranjero, a registrarse como “agentes” ante el Ministerio de Gobernación (Migob), conculcando sus derechos políticos de participación, entre otras libertades públicas.
Además, fue aprobada la Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como “Ley Mordaza”, que pretende regular el contenido en internet y acallar las voces críticas de los adversarios de Ortega que hacen denuncias sobre las violaciones contra los derechos humanos en Nicaragua. Asimismo, aprobaron la “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz”, conocida como Ley de Soberanía, que ha sido usada para encarcelar opositores y anular la competencia política en las elecciones pasadas.
Los diputados orteguistas también aprobaron una reforma y adición a la Ley 406, del Código Procesal Penal de Nicaragua, para ampliar de 48 horas hasta 90 días el plazo por el que una persona puede estar detenida sin ser acusada para, según los argumentos sandinistas, realizar investigaciones “más profundas”. Amparados en esta ley, la Policía encarceló a 67 opositores, entre finales de mayo y mediados de noviembre 2021, los mantuvo retenidos cerca de 90 días sin ser presentados ante un juez y ahora están siendo procesados.
Además, en un intento por evadir las sanciones de Estados Unidos en contra de funcionarios del régimen, acusados de violación a los derechos humanos o corrupción, el parlamento orteguista aprobó la reforma y adición a la Ley 842 o “Ley de protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias”, con la que definen al Estado como una persona consumidora y por tanto ahora tendrá potestad para demandar a las empresas, principalmente a la banca privada que no deseen transar con ellos.
Este combo de leyes y regulaciones punitivas fueron rechazados por la ciudadanía y organismos que, sin éxito alguno, recurrieron por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Sin embargo, el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, afirmó que estaban aprobando “un andamiaje jurídico” que buscaba evitar que quienes participaron en las protestas de 2018 (que el oficialismo califica como “intento de golpe de Estado”) se presentaran en las elecciones del 7 de noviembre pasado.
