EIU: "Ortega permanecerá en el poder en el período 2021-2025"

En su reporte actualizado al mes de noviembre, la Unidad de Análisis de The Economist (EIU, por sus siglas en inglés), prevé que Daniel Ortega permanecerá en el poder para el período 2021-2025, pero advierte de serios riesgos económicos como consecuencia de ello: la caída de las reservas internacionales y una posible imposición de control de capitales, un aumento en la inflación por la falta de financiamiento del déficit fiscal y un mayor control estatal sobre la economía del país.

EIU advierte que, a pesar de la pérdida de la simpatía popular hacia el Frente Sandinista de Liberación Nacional, el partido permanecerá en el poder que ocupa desde 2007, y que ha mantenido por su creciente giro al autoritarismo y las reformas que permitieron que Daniel Ortega pueda postularse de forma indefinida a la presidencia.

El análisis también señala que esta permanencia en el poder estará relacionada con la falta de unidad de la oposición de Nicaragua, principalmente la Coalición Nacional y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que en octubre pasado decidió separarse definitivamente de la Coalición.

Las leyes punitivas

"Aún cuando la Coalición Nacional logre solidificarse y se presente en las boletas, es poco probable que compitan en unas elecciones libres y justas. A mediados de octubre, la Asamblea Nacional aprobó una ley que requiere que los individuos y organizaciones que reciben fondos de un gobierno extranjero se registren como agentes extranjeros, lo que restringirá su capacidad de participar en actividades políticas", señala el análisis.

La Ley a la que se refiere el documento es la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que fue calificada por los opositores del país como un instrumento más que el régimen utiliza para limitar las actividades de los partidos de oposición en el país y que es parte del tridente de leyes que incluye la Ley Especial de Ciberdelitos y la Ley de Cadena Perpetua. 

Pero a pesar que el panorama analizado por EIU es de que Ortega continuaría en el poder, sí advierten que hay mayores posibilidades de que este se debilite como consecuencia de las sanciones que ha impuesto Estados Unidos a 24 funcionarios públicos del régimen, entre ellos, la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo.

"Si se da una significativa escalada política o económica, la permanencia de Ortega en el poder estará determinada por el rol de las fuerzas de seguridad. El presidente ejerce completo control sobre la Policía y una gran influencia sobre el Ejército. Los más altos oficiales militares han sido beneficiados con acceso a recursos comerciales y los beneficios que se derivan de estos. Mientras tanto, el régimen ha usado la activa participación de las fuerzas policiales para reprimir la insurrección política. (...) Pero hay un gran riesgo de fracturas dentro del régimen si las condiciones políticas y económicas empeoran radicalmente", advierte EIU.

Reformas al Seguro Social en 2022

El análisis continúa previendo que, para 2022 , el régimen de Ortega podría ordenar una nueva reforma al Seguro Social con la intención de reducir el déficit de 3.3% en el Sector Público no Financiero que se generará en 2021 hasta un 2.5%.

"Creemos que, ante la ausencia de una solución a la crisis política y mejoras significativas al entorno de negocios, el INSS no será capaz de hacer crecer su base de contribuyentes a un ritmo sostenible. Consecuentemente, el déficit del Sector Público no Financiero se ampliará nuevamente a 3.3% del Producto Interno Bruto para el 2025", dice el informe.

Donde al parecer sí le irá mejor al régimen de Ortega es en la capacidad de cubrir "todas sus necesidades financieras" adquiriendo nuevas deudas. Esto se sumaría a los fondos que ya han recibido de parte de organismos multilaterales como consecuencia de un cambio en la política relacionada al coronavirus.

EIU considera que Ortega se vio obligado a cambiar la forma en que manejó la pandemia para poder acceder a fondos internacionales y, por tanto, aumentó la vigilancia en las zonas de ingreso al país y afirma que destinó mayores recursos a la compra de equipamiento y la modernización de la infraestructura de salud.

Entre los organismos que otorgaron recursos a Ortega está el Banco Interamericano de Desarrollo, que en agosto entregó un préstamo de 43 millones de dólares y el Banco Centroamericano de Integración Económica que aprobó dos préstamos de 50 millones de dólares cada uno.

Producto Interno Bruto se contraerá menos

Las primeras estimaciones de EIU eran que, para 2020, el Producto Interno Bruto (PIB) se contraería un 7%. Sin embargo, el análisis explica que con la publicación de los últimos datos del Banco Central de Nicaragua, pueden asegurar que durante todo el año el PIB se contraerá solo un 3.2%.

"Ahora pronosticamos que el crecimiento real del PIB será de 1% en 2021, comparado con la contracción de 1.5% prevista anteriormente. Este crecimiento modesto vendrá después de tres años de recesión e implica un continuo estancamiento en los estándares de vida. Un número de factores indican de un riesgo de estancamiento del panorama.", detalla el documento.

Estos factores son, según EIU, una estabilización de las infecciones por coronavirus y el riesgo de que una nueva ola de contagios pueda generarse en el país en los próximos meses. El segundo problema que ven es que el crecimiento económico será afectado por una falta de apoyo fiscal y un tercer elemento será la inestabilidad política y social que podría surgir durante las elecciones de noviembre de 2021.

Pero en estas elecciones, según The Economist, Ortega hará algunas leves concesiones para tratar de legitimar el proceso a su favor a nivel internacional. "Es probable que estas (concesiones), sean superficiales, pues el FSLN mantendrá el control del Consejo Supremo Electoral, el sistema de justicia y otras Instituciones".

CONFIDENCIAL reveló a inicios de noviembre que Ortega había ordenado realizar una propuesta de reformas electorales que no contemplan ningún cambio en el Consejo Supremo Electoral controlado por el caudillo, y se enfocan estrictamente en aspectos técnicos de la Ley Electoral, que no atenderán la demanda nacional e internacional de reformas electorales que garanticen elecciones libres, justas y transparentes, con observación independiente.