28 de enero 2022
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Estados Unidos no ha visto hasta ahora “ninguna indicación sustancial de que el régimen de Ortega-Murillo esté interesado en cualquier tipo de negociación que mueva la pelota en una dirección constructiva y positiva”, sostuvo este jueves el portavoz del Departamento de Estado Ned Price, horas después que se conoció que el sector privado respalda un diálogo nacional “sin precondiciones” con la demanda nacional de la libertad de todos los presos políticos.
Price ofreció estas declaraciones en una rueda de prensa en Washington, en la cual aseguró que si viesen el interés de conversar sería algo bueno y sería apoyado por la Administración estadounidense “según corresponda”.
El vocero no explicó a qué se refería con esta afirmación “según corresponda”, pero reiteró las denuncias de EE. UU. de que las votaciones de noviembre pasado fueron una “pantomima”, tal como la llamó el presidente estadounidense Joe Biden el mismo siete de noviembre en un pronunciamiento de la Casa Blanca.
El régimen de Ortega enfrenta una crisis de legitimidad, luego que más de 40 países —25 de ellos agrupados en la Organización de Estados Americanos (OEA)— desconocieron los resultados de las votaciones con las cuales Ortega y Murillo se aseguraron un cuarto mandato consecutivo luego de eliminar la competencia política, encarcelando a siete precandidatos opositores e imponer el terror apresando a líderes políticos, cívicos y empresariales.
“Una verdadera elección es más que el ejercicio técnico de dejar caer una boleta en una urna. Una elección libre y justa, una elección real, implica mucho más que eso, y lo que vimos en noviembre pasado fue apenas el ejercicio técnico. Eso ciertamente no constituyó una elección libre, justa y democrática”, reiteró Price.
Un mes antes del proceso electoral cuestionado, el diputado de la oposición Wálmaro Gutiérrez, jefe de la comisión económica del Parlamento y cercano de Ortega, sostuvo que tras la ratificación en el cargo de Ortega se convocaría a un diálogo nacional. El 19 de enero pasado, Murillo anunció reuniones para conversar sobre “el modelo de economía” del Ejecutivo, ignorando las demandas de libertad de los reos de conciencia y de restauración de las libertades en el país.
El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), encabezado por el empresario del sector energético César Zamora, publicó un comunicado este jueves 27 de enero en el que anunciaron el respaldo a las conversaciones con el Ejecutivo, después de conversar sobre el tema en el Consejo Directivo el miércoles pasado. Sin embargo, un directivo del organismo gremial, consultado por CONFIDENCIAL, afirmó desde el anonimato que hasta ahora no hay ningún acercamiento y aseguró que la democracia es “imprescindible para el sector privado”, pese a la relación cercana que tuvieron los empresarios con el ejecutivo entre 2009 y 2018 en un cogobierno que dio libertad a Ortega para controlar el país y avanzar políticamente en la consolidación de su modelo político, mientras su contraparte hacía dinero sin hacer críticas.
“Borrón y cuenta nueva”
En el discurso de la toma de posesión del 10 de enero, Ortega propuso “borrón y cuenta nueva”, después de la matanza de 2018 y su aspiración de que las cosas volvieran al estado de antes de las protestas masivas contra el Ejecutivo, las cuales fueron respondidas con represión. Terminado el acto de la juramentación presidencial, Murillo respaldó la visión de su esposo y alabó el fenecido modelo de alianza con el sector privado, roto por la represión, para atacar a sus antiguos aliados.
“Los pudientes tenían derecho a trabajar y hacer todavía más plata para ellos mismos con el hecho de que en el modelo de alianzas participábamos todos, y ellos ganaban, daban algún trabajo y aportaban algo al crecimiento que teníamos. Pero ahí es donde vino la debacle. Es el egoísmo, la codicia humana y el intento de regresarnos a un pasado funesto, un pasado nefasto, y el intento de matarnos a todos”, acusó Murillo.
Hasta ahora, el régimen no acepta las violaciones de derechos humanos y afirma sin evidencia que es objeto de una campaña de intervencionismo y que aquellos hechos en realidad fueron un golpe de Estado. Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adscrita a la OEA, denunció que 355 fueron asesinados en el contexto de las protestas.
En las manifestaciones opositoras, se documentó el uso excesivo de la fuerza a mano de la Policía y fuerzas paramilitares, y la comisión de delitos de lesa humanidad. Más de 100 000 personas desde entonces se fueron al exilio, mientras Ortega aceptaba un diálogo sin detener la represión.
Desde septiembre de 2018, el país vive bajo un estado policial que impide el ejercicio de la protesta a los opositores, quienes además han denunciado asedio en sus casas y persecución. La comunidad internacional ha respondido en varias ocasiones sancionando a miembros de la familia presidencial, miembros de la Policía y el Ejército y otras instituciones, los que el régimen considera agresiones al país.
Consultado sobre la posibilidad que, con la asunción al poder de la nueva presidenta de Honduras, Xiomara Castro ocurrido este jueves 27 de enero, se abra la posibilidad de un canal de comunicación con los Ortega Murillo, el portavoz Price reconoció que “no tengo nada que ofrecer (comentar) en términos del papel que Honduras puede o no estar jugando en lo que respecta a Nicaragua”.
