4 de octubre 2016
Managua.- La embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, Laura F. Dogu, negó que las sanciones promovidas en su país contra la Administración del Daniel Ortega sean equivalentes a un embargo. La representante diplomática dejó claro que la Casa Blanca, el Departamento de Estado, y la embajada de Estados Unidos en Managua, "han expresado en repetidas ocasiones su preocupación sobre el estado de la democracia en Nicaragua".
"El acta, como actualmente está redactada, se refiere a obligaciones financieras internacionales, y no se trata de un embargo económico", dijo.
En septiembre pasado la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó por unanimidad un proyecto de ley para que el país norteamericano se oponga a cualquier préstamo de las instituciones financieras internacionales en favor de Nicaragua, hasta que Ortega no garantice elecciones "libres, justas y transparentes", lo que fue rechazado por el Gobierno centroamericano.
La decisión ha sido criticada por la administración de Ortega, que calificó la medida de "injerencista".
"Muchos de los fondos disponibles en las instituciones financieras internacionales provienen de los impuestos que pagan los estadounidenses, los miembros del Congreso expresaron que no quieren que esos fondos deban beneficiar a un gobierno que no escucha a sus ciudadanos", sostuvo la embajadora.
Asimismo, Dogu aclaró que la propuesta de ley, conocida en Nicaragua como "Nica Act", "en su forma actual no incluye disposiciones relacionadas con el Cafta (Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, DR-Cafta)".
Recordó que, en cualquier caso, la ley debe pasar al Senado, ser aprobada y esperar a que no sea vetada por el presidente Barack Obama, antes de entrar en vigor.
Estados Unidos es el principal socio económico de Nicaragua, que exportó 2.531,5 millones de dólares al país norteamericano en 2015, un 36,08 % del total de sus ventas.
Ortega espera ser reelecto en los comicios de noviembre próximo para su cuarto período, tercero consecutivo, esta vez con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta.
El actual proceso electoral se da sin observación independiente y en medio de una gran tensión ya que los poderes Judicial, Electoral y Legislativo anularon al principal grupo opositor y despejaron el camino a Ortega, líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), ya que el resto de partidos que compiten son minoritarios.