8 de noviembre 2016
La embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, Laura Dogu, respaldó el comunicado del Departamento de Estado de su país, que calificó las elecciones del pasado seis de noviembre como un “proceso viciado” y “que impidió toda posibilidad de realizar elecciones libres y justas”.
“Estamos muy preocupados por las elecciones aquí en Nicaragua, durante varios meses hemos hablado de nuestro preocupación del sistema electoral aquí en Nicaragua. No estamos tratando de decir cómo debiera de ser el sistema, pero tiene que ser un sistema justo, libre, abierto y transparente. El sistema no fue abierto a todos, cerraron espacios para que otras personas con diferentes ideas políticas participaran”, dijo Dogu.
El documento del Departamento de Estado anunció que seguirá presionando al gobierno del Comandante Daniel Ortega para que “respete las prácticas democráticas, incluyendo la libertad de prensa y el respeto a los derechos humanos universales en Nicaragua”.
En este sentido, la embajadora en Nicaragua, aseguró que seguirán trabajando en sus programas de cooperación, pero no quiso dar ningún comentario sobre la legitimidad o no del proceso que se celebró el pasado domingo, que según miembros de Frente Amplio por la Democracia (FAD), así como el Consorcio Panorama Electoral, se dio con una baja participación de votantes.
“No es nuestro papel monitorear las elecciones aquí. Lamentablemente el gobierno decidió no invitar a observadores independientes, nacionales o extranjeros. Estamos esperando los informes de los grupos independientes que han monitoreado las elecciones”, manifestó la embajadora.
Según reportes de la FAD, al menos un 70 % de la población no salió a votar en estos comicios, en los que el comandante Ortega, en fórmula con su esposa Rosario Murillo, buscaba su tercera reelección consecutiva. Según las cifras oficiales del Consejo Supremo Electoral (CSE), hubo una participación del 68.2% del padrón.
Así mismo, el CSE anunció que Ortega, representando al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), ganó 72.5% de los votos y asignó al candidato Maximino Rodríguez, del Partido Liberal Constitucionalista, el segundo lugar con el 15% de los votos.
El poder electoral, dirigido por el magistrado Roberto Rivas, ha sido cuestionado por su afinidad con el partido de gobierno, la falta de transparencia en el conteo de los votos y además ha sido señalado en reiteradas ocasiones de fraudulento desde los comicios realizados en 2011.
En junio pasado, se cerró la posibilidad de que la oposición participara en las elecciones. Un fallo un fallo de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entregó la personería del Partido Liberal Independiente fue entregada al abogado Pedro Reyes. La decisión dejó sin partido y casilla a la Coalición Nacional por la Democracia y deslegitimó al nuevo PLI, al que políticos de oposición califican de “zancudo” y colaboracionista. La oposición se fragmentó en el FAD y en los grupos afines al político Eduardo Montealegre, reunidos en Ciudadanos por la Libertad.