5 de noviembre 2021
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Los presidentes de las comisiones de Relaciones Exteriores de los Parlamentos de 16 países, de América Latina y Europa, condenaron el desmantelamiento de la democracia “bajo el Gobierno tóxico de Daniel Ortega y Rosario Murillo”, en una declaración que han publicado dos días antes de las votaciones presidenciales, las que describieron como “falsas elecciones” en Nicaragua.
El senador Bob Menéndez, presidente de la Comisión de Exteriores del Senado de Estados Unidos, firma la declaración, igual que sus homólogos de Reino Unido, Lituania, el Parlamento Europeo, España, Estonia, Letonia, Chequia, Colombia, Costa Rica, Suecia, Irlanda, Polonia, Ucrania, Moldavia y Ecuador.
“El régimen ha precedido las seudoelecciones presidenciales de Nicaragua, programadas para el 7 de noviembre de 2021, con crueles violaciones de las reglas democráticas, incluido el encarcelamiento arbitrario, la tortura y persecución de opositores políticos, la represión sistemática de los medios independientes y el abuso de recursos estatales”, dice el comunicado donde hace referencia expresa a las detenciones de opositores registradas desde mayo pasado.
Según los líderes legislativos, el sistema de justicia de Nicaragua ha capturado a siete aspirantes presidenciales. Estas detenciones han ocurrido en medio de la escalada represiva que ha dejado 39 detenidos entre líderes cívicos, empresariales y políticos, con los cuales Ortega eliminó cualquier posibilidad de competencia política en las votaciones del siete de noviembre.
En la nota de prensa señalan también que en el país hay 150 presos políticos —incluidos los 39—, a los cuales se les ha negado el debido proceso e incluso necesidades básicas como agua, alimentos, artículos de higiene. Para los legisladores, lo que se busca es consolidar la dictadura de Ortega.
En el mismo sentido, advierten a la familia presidencial que cada uno de estos actos tiene consecuencia en el plano internacional.
“Tenemos los ojos claros sobre la crueldad de la dictadura y nos comprometemos a hacer que la familia Ortega-Murillo rinda cuentas por su continua campaña de abusos a los derechos humanos, incluida la tortura, ejecuciones extrajudiciales y detenciones ilegales”, sostuvieron.
Incrementa la presión internacional
El pronunciamiento se suma a la condena realizada por la Unión Europea, cuyo alto representante de Relaciones Exteriores y Seguridad, Josep Borrell, denunció que las elecciones son “un fake (falso)”, que busca mantener a Ortega en el poder.
El jueves pasado, el propio Meléndez celebró la aprobación en el Congreso de su país de la Ley Renacer, que endurece las sanciones contra la dictadura de Ortega, que fue aprobada ampliamente y espera solo la firma del presidente Joe Biden para convertirse en una legislación que da más herramientas al Gobierno estadounidense para responder a las actuaciones antidemocráticas de Ortega.
Según el texto aprobado, se podrán establecer sanciones contra quienes obstruyan los derechos de los nicaragüenses a elecciones libres, se pone bajo el ojo público a la familia presidencial pues se podrá elaborar informes sobre la corrupción de los Ortega, igual que requerir informes sobre las actuaciones de Rusia en el país, considerado un aliado histórico del caudillo sandinista.
Del mismo modo, “Renacer” establece una mayor supervisión sobre los créditos internacionales en el caso nicaragüense y una revisión de la participación del país en el tratado comercial de Estados Unidos con Centroamérica y República Dominicana, lo que representaría un golpe, dado que se trata del mayor socio comercial del país centroamericano.
El Ejecutivo de Ortega, en los últimos días de las votaciones, ha denunciado que es “víctima” de injerencismo, pide el respeto de su soberanía, sin responder a ninguna de las violaciones de derechos humanos que han sido documentadas por organismos internacionales desde 2018 cuando estallaron las protestas opositoras. En total 328 personas fueron asesinadas, 2.000 resultaron heridas y 100.000 nicaragüenses debieron irse al exilio a consecuencia de la represión.
La congresista republicana María Elvira Salazar, al aprobar la Ley Renacer, sostuvo que lo que buscaban era detener “el reinado de terror” de Ortega y Murillo.
