27 de abril 2024
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La aplanadora de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en la Asamblea Nacional reformó la Ley 977, o Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, para dejar por fuera a la Corte Suprema de Justicia, y blindar así la consolidación de su control sobre todas las instancias del Estado, según la opinión de opositores.
En julio de 2018, en plena efervescencia de las protestas ciudadanas, la maquinaria del régimen aprobó esa ley que se interpretó como una forma de dotar al régimen de nuevas herramientas legales para poder aplicarlas en contra de cualquier opositor.
Desde entonces, ese texto legal ha sido reformado cada vez que ha sido necesario endurecer el control sobre los ciudadanos, o justificar cualquier forma de represión que ya se estuviera aplicando, de modo que se ha podido usar, por ejemplo, para atacar a diversas entidades de la Iglesia católica, pero también de la evangélica, como en el caso de la congregación Puerta de Montaña.
Sustituidos y excluidos
La reforma aprobada por los diputados oficialistas modifica el artículo 6 de esa Ley, que es el que manda a crear el Consejo Nacional Antilavado de Activos, eliminando a algunos de sus miembros originales; sustituyendo a otros, y nombrando a algunos más.
El texto original de la 977, incluía a representantes del Poder Judicial, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; de la Procuraduría General de la República; del Ministerio Público; de la Policía Nacional; de la Superintendencia de Bancos y de otras instituciones Financieras; de la Unidad de Análisis Financiero; de la Comisión Nacional de Microfinanzas; del Ministerio de Gobernación, y del Ejército de Nicaragua.
Las reformas aprobadas esta semana y publicadas en La Gaceta número 74 del viernes 26 de abril de 2024, elimina a los representantes del Poder Judicial y al del Ejército de Nicaragua; y mantienen en su lugar a todos los demás, haciendo dos especificaciones: la primera, es que nombra como coordinador general al director de la Unidad de Análisis Financiero.
La segunda, es que nombra en calidad de miembros, al director general de la Policía Nacional, Francisco Díaz; al ministro asesor del presidente de la República para asuntos de Seguridad, Horacio Rocha; al viceministro del Interior (antes Gobernación), Luis Cañas, a la vez que añade al presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes.
Con la reforma pasa a integrar ese Consejo, el comisionado general en retiro Horario Rocha, quien regresó a la esfera pública tras ocho años en las sombras, cuando Ortega lo nombró “asesor presidencial en temas de seguridad”, y quien desde entonces ha sido el ejecutor de todas las "purgas" orteguistas de los últimos dos años.
También estará integrando ese Consejo el viceministro del Ministerio del Interior, Luis Cañas, señalado de recibir órdenes sobre la liberación o no de opositores, la cancelación de oenegés y restricciones de circulación de ciudadanos.
Mayor concentración del poder
El economista Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Concertación Democrática Monteverde, considera que la exclusión del Poder Judicial confirma que continúa “la purga de la que el Poder Judicial está siendo objeto en todas las instancias públicas existentes”, destacando que también se elimina a la Comisión Nacional de Microfinanzas, que equivale a la Superintendencia de Bancos, para regir a las empresas de microfinanzas.
En paralelo, advierte que “se incluyen dos personajes: uno de ellos es Horacio Rocha que, como sabemos, es el encargado de las investigaciones parapoliciales. El segundo es el viceministro de Gobernación -o del Interior, como ellos le llaman ahora- el señor Luis Cañas que, como sabemos es el carcelero de los nicaragüenses”.
Con esta reforma, se elimina todo tipo de supervisión bancaria, microfinanciera o judicial, “y se consolida más como un aparato represivo para acusar a activistas como lo ha venido haciendo en el pasado, así como a miembros de la Iglesia católica que han sido acusados de lavado de dinero… esta reforma no tiene otro objetivo más que consolidar la represión en contra de cualquier persona que se oponga a la dictadura, con el argumento, la excusa, o inventar el delito de lavado de dinero".
Un profesional que ha dado seguimiento a la evolución de los temas de seguridad en Nicaragua, dijo a CONFIDENCIAL, bajo condición de anonimato, que esa decisión “es parte de un proceso de concentración de poder en el Ejecutivo, y responde a una movida política para fortalecer la posición que tendrá el sucesor de Ortega.
En Nicaragua, de acuerdo a varios opositores, hay una transición silenciosa del poder a Rosario Murillo, recordando que la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (Dirac) había sido trasladada a la Procuraduría, lo que resta más facultades al Poder Judicial.
