23 de marzo 2023
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La dictadura orteguista ha mostrado en los últimos meses una “alta susceptibilidad” diplomática, que se ha traducido —según expertos en relaciones internacionales— en “rebajar” el nivel de los representantes nicaragüenses en los países receptores que pasan de embajadores a ministros consejeros o encargados de negocios.
Los cambios se han dado, principalmente, luego de comentarios hechos por los presidentes o altos funcionarios de los países, así como por algunas acciones de los Gobiernos, que según los parámetros del régimen, son “una afrenta”.
La medida más extrema, a raíz de esa “alta susceptibilidad”, ha sido la suspensión unilateral de relaciones diplomáticas con la Santa Sede, luego que el papa Francisco calificó como una “dictadura hitleriana y grosera” al Gobierno sandinista, de cuyo máximo dirigente, Daniel Ortega, comentó —“con mucho respeto”— que padece “un desequilibrio”.
Previo y posterior a esa “suspensión” con el Vaticano —que no tiene precedentes en 162 años en Latinoamérica—, el Gobierno de Ortega y su esposa Rosario Murillo ha hecho cambios en su cuerpo diplomático, al cancelar embajadores y nombrando en su lugar a ministros consejeros con funciones consulares, que en la práctica —según los expertos en relaciones internacionales— se traduce como un “encargado de negocios”.
Carlos Murillo Zamora, analista de asuntos internacionales, dijo que la medida del régimen “no es una práctica común”, aunque aclaró que “no significa que un Gobierno no pueda bajar el nivel de las relaciones diplomáticas, sustituyendo a un embajador por un ministro consejero o encargado de negocios”.
“Tampoco es común —añadió— que se produzca, simultáneamente, en varios casos”.
“En el lenguaje diplomático es un mensaje que se le envía al Gobierno receptor, diciéndole que ‘no se está a gusto con algo, con una crítica, con una acción’”, comentó el también docente de la Universidad de Costa Rica.
Para Murillo, “la susceptibilidad del régimen es tan alta que cualquier cuestionamiento que se haga o un simple comentario de un mandatario —que son muy comunes últimamente—, para Ortega y Murillo eso es una afrenta al régimen de ellos”.
Un experto en relaciones internacionales que solicitó el anonimato indicó que la dictadura muestra “una total intolerancia” a los mensajes y críticas que reciben del exterior.
“En el ámbito diplomático es perceptible los problemas del régimen con una gran cantidad de países, por su encerramiento y deriva autoritaria a lo interno. Eso lo exporta hacia sus relaciones bilaterales con otras naciones”, explicó.
Los casos de Chile, Brasil y Panamá
A principios de enero pasado, la dictadura dejó sin efecto el nombramiento de Lilliam del Carmen Méndez Torres, en el cargo de embajadora plenipotenciaria ante Chile; en su lugar, nombró a Gadiel Francisco Arce Mairena como ministro consejero, quien ejercía el mismo cargo pero en la embajada nicaragüense en Perú.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha sido el presidente latinoamericano que más ha criticado la deriva autoritaria de Ortega y Murillo, y en diversos foros internacionales abogó por la liberación de los presos políticos en Nicaragua.
La misma fórmula utilizó el régimen, la semana pasada, en las delegaciones diplomáticas en Brasil y Panamá, cuyos Gobiernos han criticado el despojo de la nacionalidad a 317 ciudadanos nicaragüenses, entre opositores, defensores de derechos humanos, escritores y periodistas.
En el caso brasileño, la dictadura orteguista destituyó a la embajadora Lorena del Carmen Martínez, en el cargo desde julio de 2013, y nombró a Gadiel Osmani Arce Zepeda como ministro consejero.
Los cambios en la delegación diplomática nicaragüense en Brasil ocurrieron nueve días después de que el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva ofreciera acoger, en una reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a los nicaragüenses declarados “apátridas” por Ortega y Murillo.
Además de Brasil, los Gobiernos de España, Colombia, Argentina, Chile, México y Ecuador han ofrecido a los nicaragüenses “apátridas”.
En el caso de Panamá, la Administración nicaragüense retiró al embajador Marvin Ortega Rodríguez, en el cargo desde septiembre de 2016. La periodista Consuelo Sandoval Meza fue designada como ministra consejera.
La medida fue tomada 15 días después que el Gobierno de Laurentino Cortizo expresó su “preocupación” por las “recientes acciones” en materia de derechos humanos en Nicaragua. Además, señaló que confiaba en que el despojo de nacionalidad sería anulado.
Nicaragua pierde en ámbito diplomático
Los expertos advirtieron que Nicaragua pierde “capacidad de gestión” al rebajar el rango de sus representantes en los países; además que, ante futuros “desencuentros” con estos países, las opciones de respuestas del régimen se limitan a una suspensión o ruptura de relaciones.
“Se pierden varias cosas, si tienen que asistir a una reunión el encargado de negocios no puede ubicarse al mismo nivel que un jefe de misión o embajador; a la hora de establecer las precedencias, en actos oficiales, primero van todos los embajadores y después van los encargados de negocios”, detalló Murillo.
Agregó que “la proyección de un encargado de negocios no es la misma que un embajador, por lo que se pierden algunos espacios en la capacidad de gestión, por parte de quien ocupa la cabeza de la embajada”.
El experto que pidió omitir su nombre señaló que los cambios implican un “mayor aislamiento de la comunidad internacional, de sus mecanismos de solución de controversias y del derecho internacional. El Estado de Nicaragua lo único que hace es atacar a las organizaciones multilaterales y a las naciones que reconocen el mal estado del país”.
“Con cada decisión del régimen —prosiguió— Nicaragua se hunde en un autoaislamiento del mundo civilizado, que resuelve sus problemas por la vía diplomática, del diálogo, la negociación, mediación o los buenos oficios”.
La canciller panameña, Janaina Tewaney, interviene en la Tribuna EFE celebrada en la Casa de América de Madrid. Foto: EFE/Kiko Huesca
Reacción de los países
Ante los cambios diplomáticos del régimen, los países involucrados han reaccionado de maneras diferentes: Chile retiró a su embajador en Managua, Francisco Sepúlveda, y nombró al consejero Marcelo Flores como encargado de negocios.
En el caso de Brasil, el Gobierno de Lula da Silva no se ha pronunciado y mantiene a su embajador en Managua. Mientras en Panamá, la ministra panameña de Relaciones Exteriores, Janaina Tewaney, restó importancia a la decisión del Gobierno de Nicaragua, y no lo relacionó con la oferta de su Ejecutivo de dar la nacionalidad a los “apátridas” nicaragüenses.
En una Tribuna EFE en la Casa de América de Madrid, el pasado 16 de marzo, la canciller panameña se hizo eco de la decisión de Ortega, y aseguró que “la relación con Nicaragua así como con todos los países de la región es muy fluida, buena y abierta”.
“Si bien es cierto que hace unas semanas Panamá dio un comunicado en el que mostraba alguna preocupación con los apátridas y ofrecía sus buenos oficios para colaborar en un diálogo pacifico y abierto, la comunicación no mantiene relación con nuestra preocupación”, dijo.
“La relación se va a mantener igual, nuestro país es constructivo, nuestro rol siempre ha sido el de unificar, ayudar a resolver conflictos y preservar la paz en el continente, nuestra arma es el derecho internacional público, nos acogemos a él”, subrayó la canciller.
