Dictadura otorga “asilo político” al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli

La dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua otorgó este miércoles asilo al expresidente de Panamá (2009-2014) y aspirante a la reelección Ricardo Martinelli, quien fue condenado a más de diez años de prisión y al pago de una multa de más de 19 millones de dólares por blanqueo de capitales, la primera sentencia de su tipo en la historia democrática del país centroamericano.

“De conformidad con la Convención sobre Asilo de 1928 y la Convención sobre Asilo Político de 1933, ratificada por nuestro país, y reconociendo que el asilo es una institución de carácter humanitario y que todas las personas pueden estar bajo su protección, sin distingo de nacionalidad”, Nicaragua decidió “otorgar asilo al señor Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, expresidente de la República de Panamá”, indicó la Cancillería nicaragüense en una declaración.

Según el régimen de Ortega, Ricardo Martinelli, de 71 años, pidió asilo en la Embajada de Nicaragua en Panamá, a cargo de la periodista Consuelo Sandoval, por “considerarse perseguido por razones políticas y encontrarse en riesgo inminente su vida, integridad física y seguridad”.

“Está en la embajada”, declaró Luis Eduardo Camacho, portavoz de Martinelli, a los periodistas frente a la sede diplomática de Nicaragua,

“Si alguien tenía alguna duda de que Ricardo Martinelli era un perseguido político, ya no tiene porqué tenerla, y lo que hay que ver ahora es si el Gobierno de (Laurentino) Cortizo otorga el salvoconducto de salida (...) o si su sed, su deseo de matar a Ricardo Martinelli son más importantes”, dijo Camacho.

De acuerdo con el comunicado de la Cancillería nicaragüense, el régimen de Ortega solicitó al Gobierno panameño “brindar las seguridades para la pronta salida y traslado humanitario del asilado” hacia Nicaragua.

Nicaragua escondite de prófugos de la justicia

Ricardo Martinelli se suma a una lista de más de 130 aliados políticos y prófugos de la justicia que han encontrado un escondite en Nicaragua y, en la mayoría de los casos, obtenido la nacionalidad nicaragüense para evitar la extradición. 

Varios de los procesos de naturalización se hicieron incumpliendo las leyes migratorias nicaragüenses, según un análisis de CONFIDENCIAL con base a las resoluciones de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME). Entre esos nuevos nicaragüenses hay expresidentes salvadoreños, exfuncionarios hondureños y guatemaltecos, científicos rusos o diplomáticos afines.

Uno de los casos más conocidos es el del expresidente de El Salvador, Mauricio Funes (2009-2014), a quien Ortega le brindó asilo político en 2016, mientras era requerido por la justicia salvadoreña por la supuesta malversación de más de 351 millones de dólares y pago de sobornos.

Ante la amenaza de extradición por parte del actual mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, Ortega nacionalizó a Funes, su esposa y dos de sus hijos, según una resolución del Ministerio de Gobernación del 30 de julio de 2019. Además, le otorgó un puesto en la Cancillería de la República, devengando un salario de unos 2739 dólares.

Otro expresidente prófugo y escondido en Nicaragua es Salvador Sánchez Cerén, de El Salvador (2014-2019). La justicia busca al exmandatario por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El otrora guerrillero fue nacionalizado nicaragüense el 30 de julio de 2021.

También han sido nacionalizados su esposa, Rosa Margarita Villalta; su hija, Claudia Lissette Sánchez Villalta, y su nieto Juan Carlos Guardado Sánchez, también relacionado a un caso de corrupción.

Ratifican condena contra Ricardo Martinelli

Martinelli se autodeclaró como un “perseguido político” —el sábado 3 de febrero, un día después de la ratificación de su condena— y aseguró sin pruebas que “fuerzas del mal buscan” inhabilitarlo para los comicios generales del próximo 5 de mayo, en los que aspira a la presidencia por su nuevo partido Realizando Metas (RM) contando con el favoritismo del electorado, según las escasas encuestas disponibles.

Con la ratificación de la condena luego de que un recurso de casación, la última vía legal para anularla, fuera rechazado por la Corte Suprema en una decisión inapelable publicada en un edicto el viernes, Martinelli queda inhabilitado para ser candidato, dijeron a la agencia EFE juristas que citaron la Constitución y el Código Electoral y que aclararon que hay que seguir una serie de trámites para ello.

La sentencia inhabilita a Martinelli porque es a más de cinco años de prisión y dada la naturaleza del delito, de acuerdo con los abogados, que toman como base el artículo 180 de la Constitución vigente.

“El Tribunal Electoral hará cumplir el debido proceso y sobre todo lo que dice la Constitución y la ley que rige el proceso electoral”, dijo el ente rector de los comicios en un comunicado "ante la creciente desinformación relacionada con la candidatura" de Martinelli.

El expresidente fue condenado en julio de 2023 a 128 meses de prisión y al pago de una multa de 19.2 millones de dólares por la compra irregular de la editorial de medios Epasa, un caso que se remota a 2017.

Quieren “matarme en la cárcel”

Con el rechazo del recurso de casación, el expediente de Martinelli deberá devolverse a la primera instancia que emitió la sentencia, que es el Juzgado Liquidador de Causas Penales, para que, ya ejecutoriada tras una serie de trámites, establezca la forma en que se hará efectiva su conducción o arresto, explicaron a EFE fuentes jurídicas. No está claro el tiempo que esto tomará.

La exfiscal general y exdiputada independiente Ana Matilde Gómez dijo a EFE que, ratificada la sentencia, “la efectividad de la parte operativa tiene que ser demostrada por los auxiliares de la justicia apenas reciban la orden de captura, y el sistema penitenciario estar a la altura del reto”.

“Me quieren encarcelar, para intentar otra vez matarme en la cárcel; tal como ya me anunciaron lo van a hacer, como ya lo intentaron tres veces mientras estuve ilegalmente detenido en el proceso político anterior”, dijo este sábado Ricardo Martinelli.

El expresidente estuvo detenido preventivamente entre junio de 2018 y junio de 2019 en un chalet celda de El Renacer, una cárcel de mínima seguridad situada en las afueras de la capital, mientras afrontaba un juicio por interceptación ilegal de las telecomunicaciones de 150 personas durante su Gobierno, un caso en el que resultó absuelto.

Su paso por El Renacer fue polémico: sufrió males físicos que le llevaron al hospital, le suspendieron durante un mes las visitas por amenazar a los guardias, según se informó en octubre de 2018, e incluso, ante una queja de Martinelli, el Sistema Penitenciario tuvo que aclarar que se le trataba como a cualquier otro reo del lugar, ya que acudía a sus citas médicas, hacía sus diligencias, salía al patio de manera “regular” e iba a misa.