13 de diciembre 2023
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La Asamblea Nacional creó una “Comisión de Verificación de Proveedores del Estado”, que según diputados orteguistas servirá para “verificar” a los oferentes del Estado. Sin embargo, a criterio de especialistas en contrataciones públicas, la dictadura se inventó una “supraentidad” que funcionará como “un gran colador” para determinar quiénes pueden o no ser proveedores del Estado.
Esta Comisión fue establecida a través de una reforma a la Ley 606 —Orgánica del Poder Legislativo— y a la Ley 737 —de Contrataciones Administrativas del Sector Público. Esta fue aprobada “con carácter de urgencia” por los 90 diputados, durante una sesión especial celebrada el lunes 11 de diciembre en el municipio de Tola, departamento de Rivas.
La nueva instancia será presidida por un representante de la Asamblea Nacional y delegados de la Contraloría General de la República (CGR) y la Procuraduría General de la República (PGR), de acuerdo con la reforma legislativa.
La oficina verificará también que “todos los documentos, información y datos presentados por los proveedores”, cumplan con los requisitos de ley. Además, puede requerir a las instituciones públicas pertinentes información referente al proveedor del Estado que sea de su interés.
Especialistas en contrataciones públicas, consultados por CONFIDENCIAL bajo condición de anonimato, explicaron que esta Comisión funcionará como una “supraentidad” porque está conformada por dos poderes del Estado —Legislativo y Ejecutivo—.
Además que tendrá acceso a registros de los proveedores en cualquier entidad pública, y puede decidir “discrecionalmente” quienes pueden o no contratar con el Estado.
“No creo que únicamente verifiquen información de la capacidad técnica, operativa, económica y legal de los potenciales proveedores”, advirtió uno de los especialistas, quien añadió: Esa Comisión “va a ser como el gran colador para determinar este (oferente) es afín o este no es afín (al régimen)”.
Comisión verificará in situ y realizará inspecciones
La Comisión “será la instancia encargada de garantizar el cumplimiento de los requisitos de idoneidad para contratar, así como el régimen de prohibiciones para ser oferentes, detalladas en la Ley 737 o Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público, para los potenciales oferentes que participen en procedimientos de contrataciones superiores a medio millón de córdobas”, indicaron los diputados en la exposición de motivos.
Entre sus facultades destaca la emisión del “Certificado de Verificación de Proveedor del Estado”, que tendrá una vigencia, como máximo, de un año a partir de su emisión, y podrá ser cancelado a consideración de la Comisión.
La nueva instancia, que tendrá su sede en la Asamblea Nacional, realizará “verificaciones in situ” e “inspecciones necesarias” por cada empresa que solicite el certificado. “De ser el caso, para el cumplimiento de esta facultad, la Comisión podrá auxiliarse de las autoridades de la Policía Nacional”, subrayan.
Uno de los expertos destacó que la verificación in situ, con el apoyo de la Policía, es “completamente fuera de lo normal”, y que se convertirá en “un elemento disuasivo e inquisidor”.
Dijo que la mayoría de las funciones de esta Comisión ya se hacían a través de la Dirección General de Contrataciones del Estado, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por lo que “esta supraentidad funcionará con criterios más políticos que técnicos”.
Nuevo requisito para ser proveedor del Estado
Para contratar con cualquier entidad del sector público, los oferentes deben cumplir una serie de requisitos de idoneidad establecidos en el artículo 17 de la Ley de Contrataciones. Entre ellos, registrarse en el registro de proveedores del Ministerio de Hacienda; tener capacidad para obligarse; no encontrarse en interdicción judicial, ni estar inhibido por la ley. Sin embargo, cada entidad podrá establecer requisitos adicionales y de carácter especial.
A esos requisitos de idoneidad se suma ahora el Certificado de Verificación de Proveedores del Estado, que deberá ser solicitado por quien ostente la representación legal de la empresa y, además, implica otra serie de requisitos.
“Las personas jurídicas mercantiles deberán presentar copia de la escritura de constitución debidamente inscrita, copia del certificado de inscripción como comerciante, y copia del poder general de administración y certificado del beneficiario final”, establece el artículo nuevo de la Ley 737.
Agrega que “en el caso de las personas naturales deberán presentar la copia del certificado de inscripción como comerciante; todos emitidos por el Registro Público Mercantil”.
Otros requisitos necesarios para obtener el certificado de verificación son: copia del Registro Único del Contribuyente, copia de la matrícula de la alcaldía que corresponda, copia de permisos o licencias emitidas por las autoridades competentes y copia del certificado de proveedor del Estado.
Las razones de los orteguistas
Esta nueva ley fue propuesta por los diputados: Gustavo Porras, Edwin Castro, Gladis Báez, María Haydeé Osuna, Loria Raquel Dixon, Alejandro Mejía Ferreti, Lester Flores y Mario Asensio Flórez. Las reformas a la ley entrarán en vigencia 90 días después de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.
El presidente de la Asamblea Nacional, el sandinista Gustavo Porras, aseguró que la legislación busca “proteger” los fondos públicos y la acción del Estado, “de aquellos que quieren aprovecharse, utilizando empresas de mentira o de maletín”.
Subrayó que ahora el Parlamento tendrá la potestad de “verificar todas aquellas empresas que quieran participar como oferentes en contrataciones del Estado”.
En esa misma línea, el jefe de la bancada del FSLN, el diputado Edwin Castro, manifestó que esta ley garantizará la utilización “al máximo” de los recursos y permitirá “revisar” a los oferentes del Estado.
