25 de noviembre 2024
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La Asamblea Nacional, controlada por el Frente Sandinista y sus aliados, aprobó el lunes 25 de noviembre de 2024, la llamada “Ley de protección de los nicaragüenses ante sanciones y agresiones externas”, que deja sin efecto en territorio nicaragüense las sanciones internacionales impuestas por países y organismos extranjeros a instituciones, personas y entidades públicas. El documento también amenaza con multas y suspensión de operaciones a quienes apliquen sanciones extranjeras.
Los bancos nicaragüenses que reabran cuentas bancarias a los funcionarios e instituciones sancionados por la OFAC y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos corren el riesgo de perder las corresponsalías con los bancos internacionales, por lo que no podrían realizar transferencias, transacciones internacionales, ni tener cuentas corrientes, “si Estados Unidos decide aplicar la ley”, explicó a CONFIDENCIAL un abogado especializado en derecho bancario.
La ley contra las sanciones
“En Nicaragua se declaran nulas y sin efecto jurídico alguna las sanciones impuestas por Estados, grupos de Estados, Gobierno u organismos extranjeros que violen el derecho internacional”, especifica el artículo 4 de la iniciativa titulada Ley de Protección de Los Nicaragüenses ante Sanciones y Agresiones Externas.
El mismo artículo establece que “estas sanciones carecen de validez y aplicabilidad en todo el territorio nacional, independientemente de su naturaleza o alcance” y que “ninguna entidad o persona, bajo argumento de sanciones, podrá negar o suspender la provisión de bienes y servicios privados y públicos, sean estos comerciales y financieros”.
Asimismo, las sanciones tampoco se podrán aplicar a las “adquisiciones necesarias para salvaguardar la integridad, seguridad y defensa nacional”.
La iniciativa firmada por Ortega fue enviada para su aprobación a la Asamblea Nacional el martes 18 de noviembre de 2024. En la exposición de motivos, el dictador afirma que la ley es necesaria por la serie de sanciones que se han aplicado en los últimos años en intento de estos países por “imponer sus posiciones e interés políticos, militares, económicos y comerciales”.
Sin embargo, las sanciones internacionales han sido una medida aplicada a funcionarios e instituciones de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo que han cometido violaciones de derechos humanos como la Policía Nacional o al jefe del ejército de Nicaragua, general Julio César Avilés.
Multas y sanciones para quien no obedezca la ley
El artículo 5 de la nueva ley establece que las entidades reguladoras del Estado podrán imponer “sanciones y multas” a las entidades que “violen los derechos de los usuarios y consumidores al aplicar sanciones” extranjeras.
“Las instituciones públicas reguladoras podrán aplicar medidas adicionales a los infractores que lleguen a la suspensión temporal o definitiva de sus operaciones. Todo lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades penales que correspondan por el delito de traición a la patria”, sentencia la ley.
Asimismo, en el artículo 6 de la ley se establece que las instituciones, autoridades, funcionarios y empleados públicos sancionados “podrán solicitar la restitución del servicio prestado y el resarcimiento de los daños si procede”.
La iniciativa entrará en vigencia inmediatamente a su publicación en el diario oficial La Gaceta.
Nicaragua acumula sanciones internacionales y negación de préstamos
En los últimos seis años, funcionarios públicos e instituciones estatales han sido sancionados por Estados Unidos, Suiza, la Unión Europea, Canadá, entre otras naciones, por participar en la represión estatal de la dictadura de Daniel Ortega.
En octubre de 2024, el Consejo de la Unión Europea (UE) prorrogó por un año más, hasta el 15 de octubre de 2025, sus sanciones contra funcionarios e instituciones de la dictadura. Entre ellos, Rosario Murillo, vicepresidenta y esposa de Ortega y a tres de sus hijos: Juan Carlos, Laureano y Camila Ortega Murillo.
Asimismo, se extendieron las sanciones a la Policía Nacional, el Consejo Supremo Electoral (CSE) y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor).
A esta renovación de sanciones se sumó el Gobierno de Suiza, quien extendió sus sanciones por otro año más contra Murillo y tres de sus hijos, 17 funcionarios del régimen y tres instituciones estatales, a quienes considera responsables del deterioro de la situación de derechos humanos, del Estado de derecho y de la democracia en Nicaragua.
Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó negar préstamos que Nicaragua solicite ante organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), como una medida ante el poco esfuerzo que el régimen de Daniel Ortega está haciendo para combatir el tráfico de personas.
*Nota del editor: Este texto se publicó el 20 de noviembre de 2024 y fue actualizada el día 25.
