5 de junio 2024
AA
Share
La Asamblea Nacional, controlada por el régimen de Daniel Ortega, aprobó este miércoles 5 de junio de 2024 la creación de un Consejo Presidencial que “combatirá” el crimen organizado y otros delitos conexos. Este Consejo está integrado por diez ministros y directores de instituciones públicas, de los cuales siete han sido sancionados por la comunidad internacional por violar los derechos humanos de la población nicaragüense.
La nueva “Ley de Creación del Consejo Presidencial de Coordinación, Cooperación e Intercambio para la prevención, enfrentamiento y judicialización de los delitos de crimen organizado, narcotráfico, lavado de activos, financiamiento al terrorismo, financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva y otros delitos conexos”, fue aprobada con 91 votos a favor y ninguno en contra.
Entre las funciones de este Consejo se destaca identificar y evaluar los riesgos nacionales relacionados con delitos provenientes del crimen organizado, así como proponer políticas públicas y estrategias nacionales para que sean aprobadas por el presidente.
"Con esta nueva estructura, el Gobierno de Nicaragua reafirma su compromiso con la seguridad nacional y la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado, enviando un mensaje claro de que el país no cederá terreno ante amenazas externas", justificó el diputado Edwin Castro, previo a la aprobación de la nueva ley.
El Consejo Presidencial estaría integrado por los titulares de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Poder Judicial, Procuraduría General de la República (PGR), Banco Central de Nicaragua (BCN), Ministerio Público (MP), Ministerio del Interior (Mint), Policía Nacional, Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (Siboif), Dirección General de Ingresos (DGI) y Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA). Siete de estos ministros y directores han sido sancionados por la comunidad internacional.
Los miembros sancionados
El primer sancionado dentro del Consejo es Denis Membreño Rivas, director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Fue incluido por Estados Unidos en la “Lista Engel” de “actores corruptos y antidemocráticos”, el 19 de julio de 2023.
Membreño es mayor general en retiro y antiguo número tres del Ejército de Nicaragua, se le señala por utilizar su cargo en la UAF “para facilitar la incautación de activos de 94 disidentes políticos en el exilio y 222 expresos políticos, sin ninguna base legal”.
La presidenta de la Procuraduría General de la República (PGR), Wendy Morales Urbina, es la segunda sancionada dentro del Consejo. Al igual que Membreño, fue añadida a la Lista Engel en 2023 por ser “una figura clave en la persecución injusta del régimen nicaragüense contra presos políticos y la sociedad civil en el país”.
La procuradora Morales es señalada de “facilitar una campaña coordinada para suprimir la disidencia, al confiscar propiedades de los opositores políticos del Gobierno sin una base legal”.
Otro miembro sancionado del Consejo es el presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Ovidio Reyes, quien ha sido sancionado por los Gobiernos de Canadá y Estados Unidos.
A Reyes se le señala por ejecutar la Ley de Protección a Consumidores y Usuarios, “que podría obligar a las instituciones financieras nicaragüenses a hacer negocios con personas designadas en Nicaragua a riesgo de facilitar transacciones sancionables”.
La titular del Ministerio Público (MP), Ana Julia Guido, es la cuarta integrante sancionada dentro del Consejo y una de las principales artífices de los numerosos juicios contra los presos políticos desde 2018.
En 2021, el Gobierno de Francia la acusó de “crear una unidad especializada que fabrica acusaciones contra personas manifestantes y que realiza procedimientos jurídicos contra ellas”.
La ministra del Interior, María Amelia Coronel, ha sido la encargada de aprobar la cancelación de las personerías jurídicas de más de 3000 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) e instituciones de educación superior. También ha sido sancionada por la comunidad internacional.
Desde diciembre de 2023, Coronel es subordinada del director de la Policía Nacional y consuegro de la pareja dictatorial, Francisco Díaz.
Díaz fue sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos el 5 de julio de 2018, bajo la Ley Global Magnitsky. Estas medidas incluyen el congelamiento de sus activos en EE. UU. y la prohibición a ciudadanos estadounidenses de realizar transacciones con el jefe policial.
El séptimo miembro del Consejo es Eddy Medrano, presidente de la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), quien fue sancionado por los Estados Unidos debido a su participación en acciones que obstaculizaron la libertad de prensa.
Medrano ha sido señalado de convertir la DGA en “un agujero negro” donde desaparecen mercaderías y se favorece a empresarios ligados al régimen orteguista.
