26 de enero 2022
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El régimen de Daniel Ortega anunció una serie de encuentros para conversar con "diversos sectores" no identificados sobre temas económicos, ignorando la demanda nacional de la liberación de los presos políticos y el fin al estado policial que impide el ejercicio de las libertades públicas de los nicaragüenses desde septiembre de 2018, según una circular difundida por Rosario Murillo, esposa de Ortega, vicepresidenta y vocera del régimen, a la que tuvo acceso CONFIDENCIAL.
Murillo también aseguró el miércoles 19 de enero que están organizando encuentros en los cuales los “ministerios y entidades del Gobierno nos preparamos para recorrer el país”, y dijo que la próxima semana (es decir la presente) anunciarán el cronograma de encuentros, aunque hasta ahora no ha revelado más detalles.
“Estamos por iniciar ciclos, etapas de reuniones con sectores representativos y protagónicos de la economía nicaragüense, esa economía nuestra que es familiar, que es creativa, asociativa, comunitaria en todos los aspectos. Estamos ya organizando encuentros en distintos momentos de este año de avance en la lucha contra la pobreza, para intercambiar más entre nosotros”, dijo Murillo en su intervención de mediodía.
El anuncio de la vocera del régimen y sus planteamientos en la circular titulada “Unidad para la prosperidad, patria, trabajo y paz”, compartida en redes sociales por fuentes vinculadas al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), exponen que el tema de las reuniones serán aportes al modelo “potente, de economía familiar, protagonista, creativa, fraternal, complementaria y solidaria” que existe en Nicaragua según el régimen.
Según ese documento, algunos temas son el Plan de Desarrollo Humano entre 2022 y 2027; las metas, desafíos y retos de los sectores productivos, la educación técnica, el modelo de salud familiar y el manejo de la pandemia de covid-19; un plan nacional de consumo del que tienen un borrador desde el ocho de mayo del año pasado; infraestructura y la “seguridad soberana y ciudadana como garantía de estabilidad para la prosperidad”.
Murillo alternó el anuncio con ataques a representantes de la Iglesia católica, para defender su proyecto político familiar, que consideran inspirado en Dios.
“A veces oímos, vemos, algunos retrasados y atrasados, todavía con pronósticos a la medida de sus sueños... ¡Feroces, destructivos, terroristas! Pero son cada vez menos. Porque aquí vive Cristo Jesús”, atacó la vicepresidenta el pasado 24 de enero.
El Daniel Ortega del “borrón y cuenta nueva”
La iniciativa sobre estas conversaciones de índole económica ocurre dos semanas después de la escandalosa toma de posesión de Ortega y Murillo, marcada por la denuncia internacional de ilegitimidad, luego de las votaciones de noviembre realizadas sin garantías después de la eliminación de la competencia política por el encarcelamiento de siete precandidatos de la oposición.
“Creer que Ortega va a llamar a un diálogo es un error. Básicamente está en contra de lo que él está planteando, que es que haya una normalidad absoluta en el país”, asegura Eliseo Núñez, exdiputado opositor.
En octubre pasado, días antes de las votaciones de noviembre, el jefe de la comisión económica de la Asamblea, el diputado Wálmaro Gutiérrez, uno de los más cercanos a Daniel Ortega y también sancionado por Estados Unidos, aseguró que habría un “gran diálogo nacional”.
Para Eliseo Núñez, en realidad con estas reuniones anunciadas por el Ejecutivo con los sectores productivos, hay un intento de reactivar las mesas sectoriales que era parte del fenecido modelo de diálogo y consenso, a través del cual el Ejecutivo se entendió con el gran empresariado entre 2009 y 2018.
No obstante, Núñez apunta que la diferencia es que ahora las conversaciones son con un grupo de empresarios que el FSLN ha venido formando y que le son afines en distintas áreas de la economía.
Para el exlegislador, esta es la lectura que Ortega da al “borrón y cuenta”, después de la matanza de 2018, del que habló el 10 de enero en su discurso de toma de posesión. “No hay un diálogo”, insistió el analista.
Participarán “sectores que se prestan”
Jesús Téfel, integrante de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), opina que el “monólogo” de Daniel Ortega anunciará los planes económicos para su nuevo mandato ilegítimo, en el cual el régimen se encuentra aislado.
“En este nuevo mandato, ellos (Ortega y Murillo) están queriendo demostrar que pueden instalar un modelo económico que funcione. No tienen interlocución, ni tienen la voluntad de instalar una negociación que resuelva los problemas de Nicaragua, y entonces van a plantear lo que van a hacer con sectores que se presten a jugar el juego de validarlos como un gobierno legítimo a cambio de obtener algún tipo de beneficio”, sostiene Téfel.
Un tercer analista, que conoce el sector productivo, explicó a CONFIDENCIAL, bajo condición de anonimato, que la propuesta de Murillo no calza con el concepto de diálogo, que implicaría que varios interlocutores expongan sus ideas con absoluta libertad, y lo que en realidad están imponiendo es su verticalismo, agregó.
Tampoco la fuente considera que el Ejecutivo se sentará con sectores independientes y recordó que, en la represión iniciada en mayo pasado, el Estado encarceló a un expresidente del COSEP (José Adán Aguerri), a otro en ejercicio y a su vicepresidente (Michael Healy y Álvaro Vargas), y a un representante del sector bancario (Luis Rivas).
Fuentes vinculadas a las cámaras del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) señalaron que no tienen ninguna información sobre dichas reuniones.
“No veo que esté (en estas conversaciones) un COSEP representativo del sector privado o gremios independientes sentándose con ellos, irán sectores comparsa afines al régimen o cooptados por ellos. Este esfuerzo del régimen de reunirse entre ellos mismos caerá en saco roto y no les dará la legitimidad pues pretenden ignorar que habrá grandes ausentes y son quienes conforman el tejido económico, productivo, estudiantil y social de la nación nicaragüense”, pronosticó el experto.
Para que se dé un diálogo real, agrega, no debería haber presos políticos ni falta de acceso a la justicia, ni impunidad y esas son características del sistema político actual.
Desde 2018, cuando estalló la crisis, Daniel Ortega aceptó un diálogo nacional, pero nunca se discutió una agenda de reformas políticas y desembocó en la “operación limpieza”, que dejó centenares de muertos, luego hubo otro intento de diálogo con la Alianza Cívica en 2019, auspiciado por los grandes empresarios, pero Ortega no cumplió los acuerdos y mantuvo la represión culminó con la anulación del proceso electoral.
