16 de marzo 2019
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Las negociaciones entre la dictadura Ortega-Murillo y la Alianza Cívica sigue sin llegar a buen puerto. Dos semanas y media después de haber iniciado, el dialogo entró este viernes en un segundo impase, debido a la negativa del Gobierno sandinista de liberar a los presos políticos, según fuentes de la delegación opositora en la negociación.
El Gobierno excarceló este viernes a 50 reos de conciencia como parte del compromiso para superar el primer impase, ocurrido tras la negativa de los obispos de la Conferencia Episcopal de participar en la negociación como “testigos y acompañantes”. Entre los excarcelados solo estaban dos voceros universitarios, mientras que el régimen continúa reservándose como rehenes a la mayoría de los líderes de la protesta cívica y a los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, como fichas de canje.
“La excarcelación no es un tema propio de la mesa de negociación. Es un gesto unilateral del Gobierno. Un gesto para dotar de legitimidad al diálogo, para ganar la confianza a la población”, dijo el excanciller José Pallais este viernes al anunciar el “nuevo impase”. “Liberar 50 presos políticos no es suficiente. No llena las expectativas para que fuera una cantidad apreciable”, reclamó.
El economista y presidente de AmCham, que también pertenece a la delegación de la Alianza Cívica, Mario Arana, reconoció que la negociación “se ha estancado nuevamente” y estimó que “el avance fue lento”. “No estamos conformes con el gesto de buena voluntad y eso afectó el ritmo de los acuerdos. Se quedaron cortos en sacar a presos políticos. Estamos pendientes de trabajar todo lo que teníamos por hacer y si bien algo de avance hay, ha sido lento”, valoró.
Críticas a la Alianza Cívica
Las negociaciones sostenidas en el INCAE han recibido amplias críticas y cuestionamientos. El primer impase sucedió el pasado ocho de marzo, y se pudo resolver luego de que se celebraron dos reuniones secretas de acercamiento con la delegación gubernamental y el delegado de la OEA, Luis Ángel Rosadilla, en la Nunciatura Apostólica.
De esas reuniones surgió el “comunicado número seis”. La Alianza Cívica suscribió este acuerdo después que el once de marzo informó que solo retomaría “su asistencia a la Mesa de Negociación una vez que el Gobierno brinde al país muestras contundentes para encontrar soluciones integrales a la crisis”. Una de esas muestras es la liberación total de los presos políticos, algo que no ha sucedido puesto a que el régimen ha excarcelado y cambiado el régimen penitenciario a “casa por cárcel y convivencia familiar”. Técnicamente, los beneficiados continúan privados de libertad.
Sin embargo, los negociadores titulares de la Alianza Cívica suscribieron el “comunicado número síes” anunciando su reintegración a la mesa de negociación este jueves 14 de marzo, mientras que la dictadura prometía excarcelar al “núcleo apreciable” de personas este viernes, que se limitó a cincuenta reos de conciencia.
La decisión de la Alianza provocó una lluvia de críticas y severos cuestionamientos en la Unidad Nacional Azul y Blanco, liderados por la Coalición Universitaria que se retiró de las negociaciones bajo protesta.
Miembros de la Coalición Universitaria, en conferencia de prensa, la noche de este 13 de marzo, en Managua. // Foto: EFE
Los estudiantes universitarios reclamaron que Ortega “no ha dado muestras contundentes para encontrar soluciones integrales a la crisis”, ni ha liberado a todos los presos políticos, como la misma Alianza Cívica demandó el pasado once de marzo al retirarse temporalmente de las negociaciones.
“Eso no es libertad completa. Las libertades de nuestros presos no se negocian”, criticó Max Jerez, el universitario delegado en la comitiva de la Alianza Cívica.
Un cronograma de liberación
Una fuente vinculada a la negociación reveló a CONFIDENCIAL que el objetivo primordial del reinicio del diálogo es negociar un cronograma para la liberación escalonada de todos los presos políticos. La fuente explicó que la OEA condicionó su participación como garante del diálogo a que se libere a todos los presos políticos, y que se suscriba un calendario verificable para su excarcelación.
“Esa es la posición del secretario general Luis Almagro que transmitió al Gobierno el enviado especial de la OEA Luis Ángel Rosadilla”, quien estableció un plazo que culmina el 22 de marzo para acordar el calendario de la liberación.
Si este acuerdo y la agenda del diálogo se suscribe, la OEA sería el garante integral de las negociaciones, pero si no hay voluntad política para liberar a los reos, la OEA no participaría en el diálogo y más bien denunciaría a nivel internacional la posición de Ortega.
Rosadilla “molesto”
Uno de los participantes en las negociaciones de este viernes en el INCAE relató a CONFIDENCIAL que Luis Ángel Rosadilla “se molestó” con las nuevas trabas surgidas en el diálogo. Aunque la OEA pretendía que se discutiera y aprobara el calendario para la liberación de todos los presos políticos, toda la sesión de este viernes estuvo dedicada a la excarcelación de los 50 presos políticos.
Todo empezó cuando los delegados de la Alianza Cívica le hicieron ver a sus pares oficialistas que el hecho de haber excarcelado solo a 50 personas “era una burla”, y que ese número no se acercaba a “ningún núcleo apreciable”.
Luis Ángel Rosadilla, consejero de asuntos específicos de Almagro. Cortesía/Confidencial
“Rosadilla se fue molesto porque no ve avances del Gobierno”, aseguró la fuente conocedora de las negociaciones. De acuerdo a la misma fuente, la delegación de la dictadura dijo que haber excarcelado a 50 personas “era suficiente”. Los delegados gubernamentales intentaron comenzar a discutir la agenda de negociación sin atender la demanda opositora sobre la liberación de los reos de conciencia.
El reclamo de la Alianza
Pero la negativa de la Alianza Cívica fue inamovible. El Gobierno declaró “que solo ellos estaban cediendo en la negociación”. Preguntaron qué daban y cedían los opositores, a lo que la contraparte respondió que liberar a más presos políticos era un acto de buena fe para blindar de credibilidad a la negociación del INCAE, un elemento del que carece ante la crítica social.
“Mira las redes sociales y las críticas por todos lados por excarcelar solo 50 personas. Nosotros le insistimos al Gobierno en la importancia de dotar al diálogo de la confianza de la población para que sea creíble”, dijo por su parte Pallais, sin reconocer que este incumplimiento de la palabra del régimen era previsible. “Si la gente no compra las resoluciones del diálogo, ¿qué estabilidad va a tener el país?”, increpó.
El Gobierno no ha emitido ningún comunicado hasta el cierre de esta nota. De acuerdo a la fuente en las negociaciones, la comitiva oficial dijo que “iba a reconsiderar este fin de semana” la posibilidad de liberar a más presos políticos. Las reuniones informales continuarían sábado y domingo.
Liberar a presos sin condena,
discutir al resto en la mesa
La propuesta de la Alianza Cívica para que la negociación no entrara en un segundo impase fue liberar a todos los presos políticos que no han sido condenados. La discusión sobre la liberación del resto de reos de conciencia se retomaría una vez aprobado el calendario de liberación escalonado bajo la supervisión de la OEA, mientras en simultáneo se consensuaría la agenda de los temas a discutir. No obstante, el Gobierno se opuso en un primer momento, y después informó que “lo reconsiderará”.
Otro de los desacuerdos en torno a los presos políticos ha sido el número que reivindica cada parte. Mientras la Alianza Cívica sostiene que son al menos 760 reos de conciencia, la dictadura contabiliza solo 340.
El régimen ha negado la existencia de 700 presos políticos y se ufana ante sus partidarios de que los detenidos pagarán largas condenas en las cárceles del Sistema Penitenciario por haber cumplido delitos comunes. Sin embargo, después de una conversación con el embajador norteamericano Kevin Sullivan, y bajo la presión de la OEA esta semana, el comandante Ortega aceptó excarcelar “al núcleo apreciable” de presos, y a negociar el calendario escalonado de liberación. Pero no cumplió su promesa.
El Gobierno no solo mantiene diferencias sobre la categoría de los presos con la Alianza Cívica, sino con la misma OEA. De acuerdo a otra fuente allegada al diálogo, para la OEA “todos son presos políticos”, aún aquellos a los que el régimen les atribuye presuntos crímenes, o que incluso ya han sido condenados judicialmente.
“Precisamente, la negociación es para establecer un calendario que cubra a todos, y en los casos ya juzgados cada expediente deberá incluir una resolución de la Corte Suprema de Justicia”, especificó la fuente.
El régimen tiene la opción de anular todos los juicios políticos por la vía judicial, como ha sugerido el exmagistrado Rafael Solís, pero no se descarta a cambio de la liberación de todos los presos, Ortega pretenda imponer una amnistía general para dejar en la impunidad los crímenes de sus partidarios.
