8 de julio 2024
AA
Share
Después de la barrida de más de 1100 funcionarios y empleados administrativos que se ejecutó en el Poder Judicial desde octubre de 2023, por órdenes de la vicepresidenta Rosario Murillo, se ha iniciado un proceso de “reestructuración”, al margen de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que en su gran mayoría no serán reelectos en sus cargos.
Esta “reestructuración” es dirigida por Fidel Moreno, secretario de organización del FSLN y “hombre de confianza” de Rosario Murillo, a través de los funcionarios administrativos Arlen Idalia Reyes y Róger Martínez Domínguez, informó el exfuncionario del Poder Judicial, Yader Morazán.
En una entrevista con el programa Esta Semana, Morazán reveló que, el pasado 4 de julio, más de 60 nuevos jueces fueron nombrados en un acto político-partidario en el parque japonés, en Managua, presidido por los operadores del FSLN Gustavo Porras y Fidel Moreno.
“Los nuevos jueces han sido paramilitares del FSLN, son personas que también provienen de la Policía o del Ejército, y en plena prohibición en contra de lo que establece la Ley de Carrera Judicial han sido nombrados jueces, a pesar de que tampoco han realizado una carrera judicial y no cumplen con todos los requisitos que establece la ley”, explicó Morazán.
Sigue la barrida en el poder judicial
La barrida en el Poder Judicial, ordenada por la vicepresidenta Rosario Murillo, empezó en octubre de 2023 con la defenestración de la presidenta de la Corte Suprema, Alba Luz Ramos, ejecutada por el comisionado general policial, Horacio Rocha. Se han contabilizado 1100 despidos entre finales de 2023 e inicios de 2024. Pero en las últimas semanas sigue la barrida. ¿Por qué?
Esto ha tenido dos fases. La primera, la fase represiva, en la que se intervino totalmente las oficinas por parte de la Policía, dirigida por el comisionado que acabas de mencionar (Horacio Rocha). Y una vez que han instaurado una limpieza general de los que estaban más visibles en la lista que ellos llevan, inicia el proceso de reestructuración que dejaron a cargo de una comisión integrada por parte de Fidel Moreno, Arlen Idalia Reyes —que son los ojos de Fidel Moreno en el Poder Judicial—. Y, por otro lado, quien funge dentro del Poder Judicial es Róger Martínez Domínguez, que es el secretario general administrativo que sustituyó a Berman Martínez, que actualmente se encuentra preso. Estas áreas administrativas están ejerciendo mayor poder, incluso por encima de las áreas jurisdiccionales o las áreas sustantivas en el Poder Judicial. Estas dos personas tienen más poder que toda la Corte plena, integrada por nueve magistrados que están suspendidos de facto, pero que los obligan a firmar.
Además de las personas que mencionaste, está también el director administrativo de la Corte, William Salas Calderón, y el jefe de seguridad, Enrique Lago Soto. A ellos se les atribuye haber allanado recientemente oficinas que estaban abandonadas por exasesores de la magistrada Ramos, como por ejemplo Moisés Astorga, que fue encarcelado en el El Chipote y es uno de los 222 ex presos políticos desterrados y desnacionalizados en febrero de 2023; Errol Morales, quien está encarcelado e incomunicado desde octubre de 2023; Norma Corea, que era asesora de la magistrada Yadira Centeno, quien huyó al extranjero junto con sus hijos; Cristian Luna, oficial de protocolo, y su esposo Germán Aguilar Baltodano, notificador de la Sala de lo Contencioso Administrativo, quienes también huyeron de Nicaragua por esta persecución. ¿Para qué se toman esas oficinas?
Lo que pasa es que en el proceso de reestructuración del Poder Judicial, en la medida que van avanzando van encontrando cosas que quizás les estorban y que están de frente a los lineamientos de Rosario Murillo o las orientaciones que le han bajado desde El Carmen. Hay muchas oficinas, que tienen especialidades y lo primero que tocaron fueron las áreas administrativas; ahora están entrando a las puertas de las áreas jurisdiccionales, lo que corresponde a la impartición de justicia. Sabemos que recientemente hubo un allanamiento que inició el 2 de julio en el segundo edificio, que es el edificio de los magistrados y han sacado una gran cantidad de expedientes, no sabemos cuál es el fin, si desempolvar los expedientes para darles trámite o, a lo mejor, hay algún acto de corrupción que está ahí de alguna manera engavetado.
Porras, Moreno y los nuevos “jueces”
Además de la barrida, en los últimos días, vos has publicado en redes sociales alguna información sobre el nombramiento de nuevos jueces. ¿Quiénes son los nuevos jueces?, ¿cuántos son? y ¿de dónde vienen?
Con los nombres que nos han llegado hemos venido contabilizando aproximadamente más de 60 personas. Hay un patrón común en las personas que están nombrando y es que de alguna manera estuvieron vinculados con las acciones de represión en 2018. Personas que son conocidos paramilitares en diferentes ciudades, personas que también provienen de la Policía o del Ejército, y en plena prohibición en contra de lo que establece la Ley de Carrera Judicial han sido nombrados jueces, a pesar de que tampoco han realizado carrera judicial y no cumplen con todos los requisitos que establece la ley.
Estos jueces son nombrados por los magistrados de la Corte Suprema que han estado prácticamente sin funciones en la Corte. ¿Los llamaron solo para que nombraran a los jueces?
Ellos no se han constituido, como corte plena, según como lo establece la ley, que se constituyen en sala, discuten los nombramientos y levantan un acta. A ellos solamente les han pasado los acuerdos, han firmado y únicamente se han dedicado a convalidar las voluntades que vienen directamente de El Carmen. Los magistrados no están trabajando, no tienen ninguna función jurisdiccional en la actualidad. Únicamente se han dedicado a firmar no solamente estos nombramientos nuevos, sino también la ola de despidos que inició en octubre de 2023.
¿Y los nuevos jueces ya asumieron sus responsabilidades?, ¿ya fueron notificados?
Ellos fueron reunidos el día 4 de julio en el parque Japonés, en un acto más político que institucional, presidido por Gustavo Porras, Fidel Moreno, Arlen Idalia Reyes y Róger Martínez Domínguez, que son la comisión de reestructuración del Poder Judicial. Y les notificaron que tenían que asumir y que en cada una de las judicaturas de cada Tribunal de Apelaciones iban a ser juramentados por los presidentes de los tribunales de Apelaciones de cada circunscripción. El procedimiento no ha sido de concurso y méritos que establece la Ley de Carrera Judicial, sino que ha sido un procedimiento de carácter político.
El impacto en la impartición de justicia
¿Qué impacto tiene en los procesos de impartición de justicia y en el funcionamiento del Poder Judicial, la barrida, estos nombramientos anómalos y la situación de estos magistrados que, prácticamente, están sin funciones?,¿Cómo afecta esto la vida cotidiana del Poder Judicial?
El impacto ha sido, en primer lugar, con los despidos en los procesos. Porque todo proceso que nace siempre tiene un cronómetro activado que debe culminar, cuando supera ese cronómetro, muchos procesos pueden hasta caerse, y detrás de esos procesos hay una gran inversión de la población, no solamente en abogados, sino de recursos materiales para llevar a cabo estos procedimientos. Es decir, alguna persona que estaba siendo procesada en estos Juzgados pudo haber salido en libertad, producto de que hay un vencimiento del término de duración del proceso y que es una razón jurídica para que esta persona pueda salir libre.
También, la repercusión que tiene, en cuanto al servicio que prestan las personas que no tienen las calidades que se requiere para desempeñar de manera efectiva, y dar justicia como se merece la población.
Otro efecto es que, al cerrar todas estas oficinas, hay miles de abogados que al día de hoy no han recibido su autorización para realizar escrituras públicas. Hay más de 400 libros pendientes para matrimonios y para divorcios. Y también cientos de extrabajadores del Poder Judicial que no han recibido sus liquidaciones al día de hoy.
¿Cómo afecta a los ciudadanos que recurren a la Corte a buscar servicios de justicia?
Los que se ven directamente más afectados son aquellos que han sido tachados como opositores, es decir, abogados litigantes. Hay jueces que se han bajado de los estrados para decirle a la parte que cambie de abogado porque el abogado “golpista” no va a ganar el juicio, mientras esté dentro de ese proceso. Pero también hay un impacto indirecto, que también va a afectar a los mismos adeptos del régimen, porqué al ser un cargo que se debe directamente a una voluntad política, al final de cuentas, quien va a ganar un proceso judicial va a ser la persona que tenga más influencia dentro del partido. Esto no es un tema ya de justicia, sino de poder y de tráfico de influencias.
Mientras tanto, la Corte Suprema de Justicia sigue descabezada, está intervenida políticamente. ¿Rosario Murillo va a mandar su lista de magistrados a la Asamblea Nacional para la Corte Suprema de Justicia?
Todo apunta a que el Poder Judicial, como un poder autónomo e imparcial, entre comillas, va a desaparecer como tal, se va a convertir en un Ministerio de Justicia, que es lo que estamos observando que se viene desarrollando. Y, por otro lado, estos magistrados que han sido tratados con rechazo desde que inició la intervención del Poder Ejecutivo a través de la Policía, no van a repetir el cargo como magistrados, sino que van a poner personas que obedezcan lineamientos de manera más descarada a las decisiones que se tomen en El Carmen, por parte de Rosario Murillo, que es la que está tomando la batuta ahora del Poder Judicial.
La supuesta administración compartida entre Daniel Ortega y Rosario Murillo en la Corte Suprema de Justicia terminó, posiblemente, mucho antes de esta intervención. ¿Hoy las decisiones las está tomando una sola persona?
El Poder Judicial siempre estuvo integrado por estructuras que, incluso, tenían hasta comunicación directa con Daniel Ortega, a través de Bayardo Arce, antes de 2018. Posteriormente, eso se ha venido cambiando, al punto de que ahora la batuta total la tiene Rosario Murillo, y no significa que se le esté quitando, responsabilidades a Daniel Ortega, con respecto a esta reestructuración, sino que está haciéndose a un lado para que Rosario Murillo maneje las cosas desde una óptica más represiva, que es lo que han venido implementando en todas las instituciones, a partir abril de 2018.
¿Quién es el enlace o el canal ejecutor de esas decisiones?
A partir de la intervención de octubre de 2023, quienes encabezan desde el brazo represivo son Horacio Rocha, que ya había tenido un papel parecido en otras instituciones, y Fidel Moreno, que es la persona de confianza de Rosario Murillo. Pero una vez que ya han hecho la etapa más represiva, ya queda instaurada una comisión de reestructuración, que es la que, en la actualidad, está haciendo todos estos cambios y ha venido haciendo los estudios de las diferentes dependencias judiciales en las que ellos ven la necesidad de continuarlas o desaparecerlas.
