30 de marzo 2021
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En un amplio capítulo sobre Nicaragua, en su informe sobre las prácticas de derechos humanos en más de 200 países en el 2020, el Departamento de Estado de los Estados Unidos señaló al régimen de Daniel Ortega de mantener al país bajo un sistema político “altamente centralizado y autoritario” y aprobar leyes represivas en contra de los ciudadanos.
El informe destaca que el régimen Ortega-Murillo, durante 2020, aprobó “leyes cada vez más represivas que limitan severamente la capacidad de operación de los grupos políticos de oposición, la sociedad civil y los medios independientes”.
Algunas de las legislaciones criticadas por el Gobierno estadounidense fueron la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, Ley Especial de Ciberdelitos o "Ley Mordaza" y la "Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz", con la que el régimen pretende inhibir la participación política en las elecciones generales del próximo noviembre, que siguen sin ser convocadas.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, durante el lanzamiento de los informes, indicó que “continuarán buscando” formas innovadoras para hacer que los “perpetradores” y “violadores de derechos humanos" “rindan cuentas”.
Entre las medidas, mencionadas por Blinken, se indicó el uso de legislaciones conocidas como la Global Magnitsky, sanciones económicas y restricciones de visa.
Senadores estadounidenses presentaron este jueves 25 de marzo una iniciativa de ley bipartidista en el Congreso de Estados Unidos, que busca presionar al régimen de Daniel Ortega para que permita unas elecciones “libres y democráticas” en noviembre próximo.
La iniciativa conocida como Ley Renacer amplía los motivos por los que funcionarios del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, pueden ser sancionados por el Gobierno norteamericano.
Desde mediados de 2018, Estados Unidos ha sancionado a al menos a 27 ciudadanos vinculados al régimen, entre ellos altos funcionarios, diputados y miembros de la familia presidencial. A la lista se suman nueve instituciones públicas o entidades mixtas, entre ellas la Policía Nacional.
Persecución, ejecuciones, torturas y detenciones
El Gobierno estadounidense recordó las graves violaciones a los derechos humanos que se han registrado desde el estallido de las protestas sociales de abril de 2018, incluyendo el asesinato de más de 300 nicaragüenses, la detención y criminalización de centenares de manifestantes y opositores, el cierre de organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación, y el estado policial de facto que mantiene el régimen de Ortega.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ejecutó el pasado 23 de febrero el último acto de la confiscación a CONFIDENCIAL, Esta Semana, Esta Noche, Revista Niú y las oficinas de la empresa consultora Cabal, en complicidad con el Ministerio de Salud (Minsa). Las confiscaciones a las instalaciones de 100% Noticias y varias oenegés, entre ellas el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) también fueron consumadas en días posteriores.
El documento señala —al igual que en 2019— que el Gobierno de Nicaragua no ha tomado medidas para “identificar, investigar, enjuiciar o sancionar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos, incluidos los responsables de al menos 325 asesinatos y cientos de desapariciones durante el levantamiento prodemocracia de abril de 2018”.
Además, responsabiliza al presidente Ortega de fortalecer “activamente la impunidad” en actos de violación a los derechos humanos.
En el capítulo sobre Nicaragua, el Departamento de Estado señala al presidente “Ortega o sus agentes” de cometer “ejecuciones ilegales o arbitrarias, incluidas ejecuciones extrajudiciales”.
Además resalta que las fuerzas “parapoliciales” y “guardias penitenciarios” han sido los autores de “desapariciones forzadas” y actos de “tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.
Actualmente, el régimen de Ortega mantiene a 123 reos políticos encarcelados injustamente, según información de organizaciones nicaragüenses de la sociedad civil. En el informe del Departamento de Estado se recuerda que los presos políticos sufren “condiciones carcelarias duras y potencialmente mortales” y como estos han sido procesados bajo un sistema judicial que tiene “una grave falta de independencia”.
Violaciones contra las libertades
En el documento también se mencionan “serias restricciones” y violaciones contra la libertad de expresión, de prensa, religiosa, de asociación y reunión, recordando como se ha desatado en el país una “represión significativa” contra quienes han decidido seguir protestando.
El informe señala que la Policía incluso ha entrado a “interrumpir” reuniones en locales privados. Además, indica que las personas que critican al Gobierno, el FSLN o sus políticas, han sido “sometidas a vigilancia, hostigamiento, encarcelamiento y abusos policiales y parapoliciales”.
En cuanto a la libertad de prensa, el Gobierno de Estados Unidos denuncia que medios independientes han experimentado “actos de vandalismo, incautación de equipos de transmisión, ciberataques y cargos penales por difamación”.
Además, responsabiliza al Gobierno de Ortega de usar su maquinaria de medios oficiales e instituciones para publicar “datos falsos de covid-19”, con el objeto de “minimizar la propagación de la enfermedad en el país”.
El Departamento de Estado señala que el Gobierno de Ortega mantiene en el país una “corrupción generalizada, incluso en la fuerza policial, el CSE, la Corte Suprema, las autoridades aduaneras y tributarias y otros órganos gubernamentales. Los gobiernos municipales y los gobiernos regionales de la Costa Caribe también se vieron afectados por la corrupción”.
