26 de junio 2024
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Asunción, Paraguay.- Los nicaragüenses en el exilio siguen sufriendo actos represivos de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que despliega diversas tácticas para intentar silenciarlos. Encarcelamiento a sus familiares, espionaje en los países donde residen, amenazas, negativa de expedirles pasaportes, desaparición de sus registros y denuncias ante la Policía Internacional (Interpol), son algunas de las estrategias represivas, denunciaron cuatro panelistas que participaron en el diálogo: "Represión transnacional en la región: El caso de Nicaragua", evento paralelo a la 54 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se realiza en Paraguay.
Enrique Roig, subsecretario adjunto de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos; Ángela Buitrago, integrante del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN); Juan Carlos Arce, defensor del Colectivo Nicaragua Nunca Más, y Enrique Sáenz, investigador de la Fundación Puentes para el Desarrollo, conversaron junto a la periodista Jennifer Ortiz sobre como afectan los "tentáculos" de la represión transnacional la vida diaria de los nicaragüenses exiliados y las de sus familias.
Roig afirmó que se ha demostrado "los esfuerzos del régimen de Ortega-Murillo por perseguir a personas, reprimir la disidencia y violar derechos humanos fundamentales más allá de las fronteras de Nicaragua".
Mencionó que el Informe sobre violaciones de derechos humanos en Nicaragua 2023, elaborado por el Departamento de Estado y publicado en abril de este año, documentó la represión transnacional que ejerce la dictadura Ortega-Murillo al amenazar "a sus propios ciudadanos" y que cuando lo hacen "a menudo desprecian descaradamente la soberanía de los países donde cometen estos actos".
Una de las tácticas represivas—destacó Roig—es la "persecución sistemática" a familiares de exiliados que se quedaron en Nicaragua, pues a muchos los "vigilaron, castigaron, detuvieron y condenaron injustamente (...) en un esfuerzo por obligar a los opositores exiliados a regresar a Nicaragua y enfrentarse a su arresto".
El funcionario de Estados Unidos remarcó que otra de las formas represivas de la dictadura ha sido la "negación sistemática" de documentos públicos, incluidos certificados de nacimiento o pasaportes, a familiares de personas que considera opositoras.
Otro de los intentos de "controlar la movilidad" de los nicaragüenses es negarles servicios consulares y no permitir el reingreso "a decenas de nicaragüenses" que habían viajado al extranjero, señaló Roig.
GHREN sigue recopilando denuncias
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), creado por la ONU, sigue ampliando las graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo las nuevas modalidades represivas, aseguró la jurista colombiana, Ángela Buitrago.
Explicó que en sus informes han insistido en la necesidad de "medir" todos los crímenes cometidos "dentro del territorio nacional", pero también entender que las "transgresiones no solo quedan en lo local", sino que han alcanzado a población nicaragüense que vive en Costa Rica, Estados Unidos, España, Colombia, Alemania y otros países.
Buitrago sostuvo que uno de las denuncias ha sido la condición de apatridia de muchos nicaragüenses a los que no solo les impiden volver al territorio nacional sino que les arrebatan "el derecho a mantener una identidad".
"Borrar el rastro significa borrar sus nombres, borrar su identidad (...) borrar la pensión, las cuentas bancarias, los bienes que tenían y esto dificulta, sin lugar a dudas, la posibilidad de mantenerse en un nuevo territorio", mencionó.
La abogada colombiana dijo que dentro de la investigación del GHREN han encontrado denuncias del "borrado de información" de años de estudios y de ejercicios profesionales que imposibilitan a las personas ubicarse laboralmente o estudiar en sus nuevos lugares de residencia.
Aumentan vigilancia y amenazas
Para Juan Carlos Arce, defensor del Colectivo Nicaragua Nunca Más, el silencio de muchas víctimas que se encuentran fuera del país se explica en que "tienen temor por las consecuencias para sus familias en Nicaragua".
"Desde 2022 hemos documentado un incremento de detenciones arbitrarias de familiares de los blancos de la persecución (...) lo que deja en evidencia que estamos ante el régimen más cruel en la historia de América Latina", insistió.
También explicó que desde el año pasado y en lo que va de 2024 "han aumentado las acciones de monitoreo, vigilancia y llamadas de amenazas" a las personas exiliadas.
Por su parte, Enrique Sáenz, investigador de la Fundación Puentes para el Desarrollo y quien fue declarado "apátrida" por la dictadura Ortega-Murillo señaló que no solo han sido confiscados sus casas y congelado sus cuentas, sino que en algunos casos han afectado a sus familiares.
"Quienes teníamos una pensión por todos los años trabajados se nos arrebató ese derecho, y quienes no tenían edad de jubilación, se les robaron todas sus cotizaciones", lamentó.
Sáenz valoró que es necesario la aprobación de mecanismos que normen las respuestas ante la represión transnacional porque "ningún país es inmune".
