10 de julio 2024
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Un Informe de la organización internacional de derechos humanos Raza e Igualdad sobre “El apoyo financiero internacional a Nicaragua y la crisis democrática y de derechos humanos”, contabilizó 5082 millones de dólares otorgados al régimen Ortega-Murillo, entre 2018 y febrero 2024, por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El Informe también documenta las graves violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen en este mismo período, y recomienda a las organizaciones internacionales de crédito (IFIs, por sus siglas en inglés) “condicionar o suspender el otorgamiento de préstamos al Gobierno de Nicaragua”, responsable de estas violaciones al derecho internacional.
En una entrevista el programa Esta Semana, los autores del Informe, Carlos Quesada, director ejecutivo de Raza e Igualdad, y Marcelo Azambuja, investigador del Programa Legal, explicaron que “al no reconocer como legal la situación creada por crímenes de lesa humanidad, (estas organizaciones) no (deberían) ofrecer apoyo o ayuda que pueda mantenerla. Al contrario, deben actuar para poner fin a una situación como esta”.
“Mucho del dinero que se presta es para pagar salarios de personas que son afines a la dictadura. Por otro lado, no hay realmente una posibilidad independiente de monitoreo para saber de los préstamos para obras públicas, por ejemplo, o para otras inversiones”, cuestionó Carlos Quesada.
Los investigadores de Raza e Igualdad apelaron a los Gobiernos que forman parte de las Juntas Directivas de las cuatro organizaciones financieras internacionales: La suspensión de los préstamos a una dictadura “es un tema netamente político, tiene que ver con la voluntad política de quienes dirigen estas organizaciones financieras internacionales”, advirtió el director ejecutivo de Raza e Igualdad.
En sus recomendaciones, el Informe de Raza e Igualdad “El apoyo financiero internacional a Nicaragua y la crisis democrática y de derechos humanos”, le demanda a las organizaciones financieras internacionales condicionar o suspender el financiamiento al régimen de Nicaragua por las violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo se llega a esa conclusión?
Carlos Quesada. Hicimos un informe por un año con base en información pública, lo que tratamos era conocer, cómo en medio de una crisis política como la que está en Nicaragua, con más de 355 personas asesinadas y con 141 presos políticos a la fecha, todavía esas instituciones financieras internacionales, estuvieran dando préstamos al Gobierno nicaragüense para continuar, ya sea pagándole a empleados públicos, construyendo obras públicas o invirtiendo en otras actividades, cuando ya ha sido reconocido por Naciones Unidas de que se han cometido crímenes de lesa humanidad.
Queríamos exponer a las instituciones financieras internacionales y hacerles un llamado para decir: ustedes tienen que estar atentos que la sociedad civil también los está monitoreando sobre cómo están dándole dinero a Nicaragua.
Algunos funcionarios de estos organismos, como el ahora expresidente del BCIE, Dante Mossi, alegaba que ellos otorgan préstamos con base en criterios técnicos y en algún momento Marcelo Dante Mossi dijo: “Nosotros no somos un organismo de derechos humanos”. ¿Qué piensa de esa reacción?, ¿Y por qué estarían obligados a suspender los préstamos?
Marcelo Azambuja. Sí, es verdad que, de acuerdo con los convenios constitutivos, las IFIs no pueden practicar actividades políticas de acuerdo con sus reglas internas, ellas deben orientar sus decisiones y actividades imparcialmente por aspectos económicos, sin dejarse influenciar por asuntos políticos o intervenir en los asuntos internos de sus miembros. Sin embargo, el respeto a la democracia y los derechos humanos, son económicamente relevantes y deben ser considerados por las IFIs al momento de sus decisiones y actividades en países como Nicaragua.
Pero ¿hay una norma vinculante?,¿están obligados a cumplir con sus propios estatutos que les obliguen a suspender los préstamos?,¿Se les puede señalar a ellos de ser cómplices de las acciones de un Gobierno en la violación a los derechos humanos?
Marcelo Azambuja. El derecho internacional establece que las IFIs tienen obligaciones específicas en relación con crímenes de lesa humanidad y el respeto a los derechos humanos. Ellas deben actuar dentro del marco de sus mandatos y de acuerdo con sus reglas internas, de manera que, al no reconocer como legal la situación creada por crímenes de lesa humanidad, no ofrecer apoyo o ayuda que pueda mantenerla. Al contrario, deben actuar para poner fin a una situación como esta.
BCIE otorga 64% del financiamiento
El Informe brinda una información exhaustiva sobre los préstamos que han sido otorgados a Nicaragua en la última década por el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el BID y el Banco Centroamericano de Integración Económica. El BCIE le ha otorgado más de 20 préstamos a Nicaragua, son más de 3200 millones de dólares, equivale al 64% del financiamiento total; mientras que el BID y otro organismo del BID relacionado con inversiones suman más de 1000 millones de dólares que representan el 20%. ¿Hubo alguna respuesta de parte de estos organismos a este Informe y a otros reclamos que han sido presentados anteriormente?
Carlos Quesada. Lamentablemente, todavía no, y esperamos en algún momento presentar este informe en Washington. El informe fue presentado inicialmente durante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en Asunción, Paraguay, y la idea es presentar el informe en Washington y tener un diálogo con ellos para conocer no solamente las reacciones, sino qué van a hacer con respecto a las recomendaciones que tiene el informe, en el caso concreto es buscar fortalecer el acceso público a la información, pero además también respetar las cláusulas.
¿De qué depende que un organismo internacional como el BCIE, el BID o el Banco Mundial, acoja estas recomendaciones?,¿Es una decisión de tipo técnico-legal que tiene que asumir su director ejecutivo o es una decisión política que le corresponde a los Gobiernos que forman parte de las Juntas Directivas de estas organizaciones?
Carlos Quesada. Esto es un tema netamente político, tiene que ver con la voluntad política de quienes dirigen estas organizaciones financieras internacionales. En el caso de África, por ejemplo, en Uganda, con una legislación en contra de la población LGBTI o que va contra los derechos de la población LGBTI. Ahí se pusieron condiciones para continuar con el financiamiento de parte de organismos financieros internacionales. Entonces, en el caso de Nicaragua, es una decisión netamente política, de quienes forman parte de los Consejos Directivos de estos bancos.
El estudio que realizaron ustedes ¿analiza también cuál es el impacto social que estos proyectos tienen, si ha habido desviación para otros usos o incluso para actos de corrupción?
Carlos Quesada. Es interesante, por ejemplo, ver que mucho de este dinero se gasta en empleados gubernamentales, mucho del dinero que se presta es para pagar salarios, se están pagando salarios de personas que son afines a la dictadura.
Por otro lado, no hay realmente una posibilidad independiente de monitoreo para saber los préstamos para obra pública, o para otras inversiones. ¿Quiénes ganan las licitaciones?,¿cuáles son los procedimientos para estas licitaciones? Y, por ejemplo, vincular a compañías que han ganado licitaciones con el régimen, no hay una política de fiscalización y monitoreo independiente. Eso es lo más preocupante.
“No deben tratar a Nicaragua como a un Gobierno democrático”
Marcelo Azambuja. Nos llama la atención la concentración de poder en Nicaragua, en el Ejecutivo y en la Presidencia, en especial. No hay independencia de los demás poderes que pueda ofrecer contrapesos, y hay una confusión entre el Gobierno y el partido de turno, ya no es posible identificar qué son acciones estatales y qué son acciones políticas de parte del partido.
Otro tema que nos llama la atención es que el espacio cívico nicaragüense está completamente cerrado por la persecución de las organizaciones de la sociedad civil, de personas defensoras de derechos humanos, de periodistas, y es imposible para los ciudadanos solicitar información pública y auditar las políticas públicas gubernamentales sin ser perseguidos por el régimen. En ese sentido, pensamos que las IFIs no pueden seguir tratando el régimen nicaragüense como se trata a los Gobiernos democráticos.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su último informe hizo mucho énfasis en recomendaciones parecidas o similares a esta que ustedes están haciendo ahora. ¿Qué relación tiene este estudio con las investigaciones en derechos humanos hechas por el grupo de expertos?
Carlos Quesada. Lo importante es que hemos ido in crescendo. Las diferentes organizaciones que trabajamos derechos humanos en Nicaragua estamos tratando, no solamente de sistematizar las violaciones a los derechos humanos y de ver casos particulares, por ejemplo, las personas presas por motivos políticos. Nos llamó mucho la atención que a un Gobierno que ha cometido crímenes de lesa humanidad se le siguiera tratando como cualquier otro Gobierno. Entonces, dijimos “como todas las dictaduras tiene que financiarse económicamente, tenemos que ver cuáles son las fuentes de financiamiento del Estado nicaragüense”, que van desde la inversión extranjera, los préstamos de parte de las instituciones financieras internacionales y las remesas y nos concentramos en las instituciones financieras internacionales.
Pero para darle también un ejemplo, la inversión extranjera en Nicaragua, el año pasado, fue casi un 10% del producto interno bruto, el otorgamiento de las licitaciones a empresas, a muchas de ellas empresas mineras se han dado de forma ilegal y, sin embargo, nadie dice nada.
No sabíamos que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua también estaba preocupado por esto. Nosotros iniciamos esta investigación desde el año pasado, buscábamos que esas instituciones puedan fortalecer las políticas de debida diligencia en materia de derechos humanos para identificar, prevenir, abordar y remediar los potenciales impactos negativos de estos préstamos, que en el caso de Nicaragua es más que obvio porque es una dictadura, los Ortega-Murillo, quienes están decidiendo, cómo se utilizan los préstamos, y esto no puede seguir así.
¿Quién le pone el cascabel al gato? Y para no ir muy largo, en el Sistema de Integración Política Centroamericana, en el Banco Centroamericano de Integración Económica, los principales socios son los países centroamericanos y también está República Dominicana, Panamá, ahora Nicaragua ocupa la presidencia pro tempore del SICA, que está violando el estatuto de Centroamérica. ¿Los países centroamericanos tienen alguna capacidad para pronunciarse sobre esta crisis?
Carlos Quesada. Deberían tenerla, y también son corresponsables. De hecho, las recomendaciones, que estamos haciendo, son efectivamente un instrumento para hacer un trabajo de incidencia política. Entonces, no te puedo contestar la pregunta, en este momento, porque precisamente la fase dos de esta investigación, ahora que tenemos los datos, lo que queremos es iniciar un trabajo de incidencia política para exponer de manera independiente a quiénes se están involucrando de alguna u otra forma para mantener al régimen Ortega Murillo, y hacer las denuncias respectivas.
Esperamos que no solamente sea Raza e Igualdad, sino que la sociedad civil nicaragüense, organizaciones nicaragüenses del exilio, puedan acompañarnos en esta lucha contra la impunidad, porque el otorgamiento de los préstamos, así como la inversión extranjera y otros mecanismos, lo que hacen simple y sencillamente es perpetuar al régimen Ortega-Murillo, y con eso estamos perpetuando la impunidad, mientras se continúan cometiendo crímenes de lesa humanidad. Vamos a iniciar un trabajo de incidencia política para cobrarles a los Estados centroamericanos y a los Estados americanos y a los Estados del mundo que están apoyando al régimen Ortega-Murillo.
