5 de junio 2021
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Desde que la precandidata presidencial Cristiana Chamorro Barrios fue puesta en arresto domiciliar y la Policía allanó su vivienda, el pasado dos de junio, vecinos del lugar han percibido que varias personas ajenas a la Policía han estado llegando al inmueble y presumen que una de ellas era la jueza Karen Chavarría, cuya fotografía circula en las redes sociales.
La jueza Chavarría, del juzgado noveno de Distrito Penal de Audiencias de Managua, es quien giró la orden de arresto domiciliario en contra de Chamorro, quien se encuentra acusada por los delitos de “gestión abusiva y falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos” a través de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), que dirigió hasta febrero pasado.
Ante la alerta de los vecinos, la defensora de Chamorro, Orieta Benavides, dijo que es “algo que nosotros no podemos asegurar que haya ocurrido”; sin embargo, expresó que siente “temor de que se pudiese estar realizando algún procedimiento, alguna audiencia de manera secreta”, lo que violentaría el principio de publicidad de los procesos judiciales.
Benavides fue nombrada como defensora de Chamorro desde el 21 de mayo, la primera vez que acudió a declarar al Ministerio Público, pero las autoridades no le han permitido reunirse con su defendida y solo maneja retazos de información publicada en el sistema electrónico del Poder Judicial. Fue de esa manera que se enteró que la juez Chavarría autorizó que un perito informático revise toda la información contenida en los teléfonos y computadoras de la precandidata.
Policía allana sin orden judicial
Revisando el sistema electrónico del Poder Judicial “encontré un acta de convalidación”, indicó la abogada. Esta acta de convalidación “es una respuesta a una solicitud que hizo el jefe de la Policía Nacional, el comisionado (Luis) Pérez Olivas, donde solicita a la judicial que se convalide el acto de allanamiento que la Policía realizó el día dos de junio” en la casa de Chamorro.
La convalidación solicitada por el comisionado Pérez Olivas, “quiere decir entonces que la orden de allanamiento no fue emitida por la jueza sino que fue ejecutada directamente por la Policía Nacional”, valoró la abogada. Sin embargo, al momento que la jueza emite el acta de convalidación “automáticamente está validando lo actuado por la Policía”, continuó.
A juicio de la defensora, son tantas las violaciones a los derechos de Chamorro que en este momento se encuentra “en total indefensión”.
La precandidata “está recluida en su casa, no puede salir, nadie puede entrar, no tiene acceso a comunicarse con familiares o con amistades, no tiene derecho alguno de comunicarse con su abogada defensora que soy yo. Es una situación que la tiene completamente privada de sus derechos”, relató Benavides.
Una situación similar están viviendo el exfinanciero de la FVBCh, Walter Gómez y al excontador Marcos Fletes, quienes están siendo investigados por el mismo caso y fueron detenidos el pasado 28 de mayo y desde entonces sus familiares y abogados no han logrado comunicarse con ellos.
Según Benavides, las arbitrariedades en el caso “desnaturalizan” la medida de arresto domiciliario contra Chamorro, porque esta debió ser una medida impuesta durante una audiencia judicial, que debe ser pública y con la presencia del abogado defensor. Además, “una detención domiciliaria jamás significa la total privación de la comunicación de la persona acusada ni con su defensor ni con sus familiares”, subrayó.
Documentando los abusos
Aunque la abogada reconoce que es muy poco lo que puede hacer por la precandidata Chamorro mientras las autoridades no le permitan comunicarse con ella, argumentó que “independientemente de la situación nosotros estamos documentando estos abusos” contra su defendida.
Benavides señaló también que si se llegara a realizar alguna audiencia secreta en contra de Chamorro, esta carecería de legalidad porque se estaría violentando el principio de publicidad, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia.
Simultáneo al proceso judicial contra Chamorro, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo inhabilitó por las vías de hecho su participación como precandidata presidencial de la oposición.
A través del Juzgado Quinto del Distrito Penal de Audiencias, el pasado primero de junio, el régimen ordenó la inhabilitación de Chamorro “para ejercer cargos institucionales y públicos, por no estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, por encontrarse en un proceso penal investigativo”.
Juristas nacionales han advertido que la inhabilitación solo debe imponerse mediante sentencia firme condenatoria, por lo que el Poder Judicial está violentando el derecho a la presunción de inocencia.
