12 de junio 2018
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Fuentes vinculadas al Senado de Estados Unidos revelaron a CONFIDENCIAL que entre los miembros del Comité de Relaciones Exteriores está circulando un proyecto de ley para imponer sanciones a funcionarios del Gobierno de Nicaragua, señalados de haber estado involucrados en actividades represivas, durante las masacres de abril y mayo, así como en violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción.
A diferencia del proyecto de ley conocido como Nica Act, que condicionaría los préstamos de organismos multilaterales al gobierno de Nicaragua, este se centra estrictamente en sanciones a individuos del círculo cercano al presidente Daniel Ortega.
El proyecto para sancionar a los funcionarios orteguistas es similar a otro que fue promulgado en 2014 para el régimen de Maduro en Venezuela, promovido por el senador Bob Menéndez, el demócrata de más alto rango en la comisión de exteriores del Senado
Las sanciones que ejecutaría la Administración Trump, a través del Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro, incluyen la denegación de visas, la prohibición de todas las transacciones relacionadas a la importación de bienes, y el bloqueo de activos y transacciones internacionales.
La fuente aseguró que el proyecto de ley será presentado en las próximas horas este martes.
El proyecto de ley –en poder de CONFIDENCIAL– establece que el presidente Trump impondrá las sanciones contra los señalados, “incluyendo cualquier funcionario actual o antiguo del Gobierno de Nicaragua o cualquier persona actuando en nombre de ese Gobierno, que el presidente determine” que haya “perpetrado, o es responsable ordenar, o de dirigir, actos significativos de violencia o abusos serios a los derechos humanos en Nicaragua contra personas asociadas a las protestas antigobierno que iniciaron el 18 de abril 2018”.
Además, podrán ser sancionadas a quienes considere “responsable o cómplice en ordenar, controlar, o de otra manera dirigir acciones significativas o políticas que socaven el proceso democrático o las instituciones en Nicaragua”. También podrían sufrir las sanciones los funcionarios que estén señalados de ser responsables de actos de corrupción, “incluyendo la expropiación de bienes públicos o privados para lucro personal, corrupción relacionada contratos gubernamentales, soborno, o la facilitación o transferencia de lo generado por corrupción a jurisdicciones foráneas”.
En diciembre pasado el presidente Donald Trump incluyó a Roberto Rivas, expresidente del Consejo Supremo Electoral, en una lista de “personas envueltas en serios abusos a los derechos humanos o corrupción”, basado en la Ley Global Magnitsky, en el marco de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).
El alegato original para considerar que Rivas era merecedor de esas sanciones, señala que el titular del CSE ha trabajado al servicio del comandante Daniel Ortega, durante más de una década, para negar a los nicaragüenses el derecho a elecciones libres y transparentes.
Los senadores y congresistas “también basaron sus argumentos contra Rivas en el reciente informe del Estado sobre prácticas de derechos humanos, informes de la oposición en Nicaragua, e investigaciones periodísticas de La Prensa y Confidencial, que documentan acusaciones de corrupción contra Rivas que lo señalan de hacer una fortuna y ser dueño de casas, mansiones, yates y aviones a reacción, mientras recibe solo USD 5,000 por mes en concepto de salario del Gobierno”.
La semana pasada el Departamento de Estado de los Estados Unidos estableció una serie de restricciones de visas “contra personas involucradas en abusos contra los derechos humanos o que socavan la democracia en Nicaragua”. La decisión fue tomada por Mike Pompeo, secretario de Estado del presidente Donald Trump.
Entre los afectados por estas medidas se encuentran “oficiales de la Policía Nacional, funcionarios del Gobierno municipal y un funcionario del Ministerio de Salud, específicamente aquellos que dirigen o supervisan la violencia contra otros que ejercen sus derechos de reunión pacífica y libertad de expresión”.
Debido a las leyes de confidencialidad de visas de Estados Unidos, en el comunicado no se identifican con nombre y apellido a los sancionados, pero sí se señala que “estos funcionarios han operado con impunidad en todo el país, incluso en Managua, León, Estelí y Matagalpa. En ciertas circunstancias, los miembros de la familia de esas personas también estarán sujetos a restricciones de visa”.
