13 de marzo 2019
AA
Share
Seis grupos del Parlamento Europeo presentaron sus propuestas de resolución sobre la crisis nicaragüense, y cuatro de esos grupos exigen sanciones específicas e individuales para funcionarios orteguistas. Todos coinciden en demandar la liberación de los presos políticos y el fin de la represión en Nicaragua, mismos reclamos que hace la Alianza Cívica para continuar en un diálogo con el régimen.
Las propuestas serán discutidas este miércoles en el seno del Parlamento Europeo, de donde saldrá un proyecto de resolución, que será votado en el plenario el próximo jueves.
Con más o menos palabras, la mayoría de los grupos solicitan que el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y los países miembros de la Unión Europea (UE) implementen un proceso escalonado de sanciones específicas e individuales —como las prohibiciones de visas y la congelación de activos— contra funcionarios del Gobierno de Nicaragua y los ciudadanos responsables de violaciones de derechos humanos en el marco de las protestas.
Los europarlamentarios exigen que las sanciones sean individuales para evitar perjudicar a la población nacional. En una entrevista con el programa Esta Noche, la eurodiputada portuguesa Ana María Gómes dijo que las sanciones deben castigar directamente a “los principales responsables del Gobierno, y los principales torturadores en las cárceles, o responsables de la Policía”.
Grupos de parlamentarios
Los grupos que exigen las sanciones son: Partido Popular Europeo (PPE); Europa de la Libertad y Democracia Directa (EFDD); Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa (ALDE) y Conservadores y Reformistas Europeos (ECR).
En cambio, la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D) y el grupo de los Verdes y la Alianza Libre Europea (Verts / ALE) no piden sanciones para los orteguistas. Sin embargo, condenan “todas las acciones represivas” del régimen orteguista. El eurodiputado Ramón Jaúregui, quien encabezó la visita de los eurodiputados a Nicaragua y ha advertido con sanciones al régimen, pertenece al S&D.
Los grupos PPE, ECR, ALDE y EFDD están entre las cuatro principales fuerzas políticas del Parlamento Europeo. Entre todos suman 401 eurodiputados, de los 751 que tiene la Eurocámara. Los grupos S&D y Verts/ALE reúnen a 240.
En febrero pasado, el presidente del Parlamento, Antonio Tajani, advirtió en una carta al dictador Daniel Ortega, que la Eurocámara pediría a la Unión Europea que “actúe en consonancia con la gravedad de la situación que se vive en Nicaragua”.
Libertad de presos políticos
Los seis grupos coinciden en solicitar al Gobierno de Ortega y Rosario Murillo que libere a todos los presos políticos, cese inmediato de todas las formas de represión contra los nicaragüenses, y la restitución de la personalidad jurídica y los bienes de las organizaciones de derechos humanos y el regreso de las organizaciones internacionales al país.
Los eurodiputados consideran que ejecutar estas tres medidas “urgentes” sería una señal de que el Gobierno tiene “disposición” para un diálogo nacional, que se encuentra en un impase luego que la Alianza Cívica se retirara de la mesa de negociación hasta que el régimen libere a los más de 600 presos políticos, frene la represión y cese del hostigamiento a los familiares de los encarcelados.
La Alianza Cívica exige también el respeto a los estándares internacionales para el tratamiento de los presos políticos, incluyendo la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes, y brindando pronta asistencia médica a reclusos.
Paramilitares del Gobierno
En sus propuestas de resolución, los europarlamentarios consideran que “las acciones del Gobierno, sus instituciones y sus organizaciones parapolíticas corresponden a una estrategia planificada para destruir a la oposición política que había liderado las protestas el año pasado; cree que esta estrategia se aplica de manera metódica, sistemática y selectiva contra todos los líderes, ONG, medios de comunicación y movimientos sociales que buscan expresar sus legítimas demandas de libertad y democracia”.
Coinciden en lamentar la “suspensión” del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y la expulsión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), ambos adscrito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
