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Cualquier salida al impasse del SICA pasa por El Carmen

Régimen de Ortega y Murillo insiste en dirigir el Sistema de Integración Centroamericana, pero los demás países se oponen desde 2021

Sede del Sistema de la Integración Centroamericana.

Fachada de la sede del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Foto: Tomada del SICA

Redacción Confidencial

18 de mayo 2022

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El Sistema de Integración Centroamericana (SICA) vive tiempos inéditos: más de diez meses con la Secretaría General acéfala, y dos bandos de países que no se ponen de acuerdo para elegir al nuevo secretario general. Cualquier opción de salida al impasse —según expertos en relaciones internacionales y fuentes diplomáticas— pasa por el visto bueno de la pareja presidencial nicaragüense, Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes despachan desde la residencia de El Carmen, en Managua.

A Nicaragua le corresponde la Secretaría General, para el período 2021-2025, basados en un acuerdo de los presidentes centroamericanos de 2017, en el que se estableció que cada país se turnará el cargo, guiados por el principio de rotación geográfica.

“El problema es que la rotación es un acuerdo que se tomó de manera unánime en el SICA. La única forma de saltarse la rotación es que haya un consenso para llegar a eso, y no estamos en una situación que lo permita”, explicó Carlos Cascante Segura, catedrático de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional (UNA), de Costa Rica.

Un experto nicaragüense, que solicitó omitir su nombre, comentó que el organismo debería volver a lo establecido en el artículo 25 del Protocolo de Tegucigalpa —carta fundacional del SICA—, que establece que el secretario general será nombrado por una reunión de presidentes, pero no menciona la rotación. Sin embargo, esta opción requiere también del voto nicaragüense, cuyo régimen insiste en imponer su propuesta.


En abril de 2021, el régimen propuso —sin éxito— que el secretario general saliente, el guatemalteco Vinicio Cerezo, siguiera en el cargo por un período más. Luego, a finales de junio pasado, el canciller nicaragüense Denis Moncada Colindres presentó una terna de candidatos, que ha sido rechazada por los demás países del SICA, quienes han argumentado que los postulantes eran “personas sin muchos conocimientos” en el servicio exterior, y “muy allegadas al régimen”.

El régimen propuso al exguerrillero sandinista Orlando Tardencilla; a la actual titular del Ministerio de Gobernación (Migob), María Amelia Coronel Kinloch; y a la arquitecta Luz Marina López Escobar, coordinadora técnica de la Secretaría de Infraestructura del Gobierno Regional Autónomo de la Costa Caribe Norte de Nicaragua. A inicios de mayo de 2022, se conoció que Ortega  presentó a Orlando Solórzano Delgadillo, exministro de Fomento, Industria y Comercio (Mific), como su nueva apuesta para secretario general del SICA.

Sin límite de tiempo

Cerezo finalizó su periodo en junio de 2021. Desde esa fecha el SICA no tiene secretario general, quien posee la representación legal del organismo y es el más alto cargo administrativo. No existe en el ente regional, otro funcionario que pueda gestionar o firmar acuerdos o contratos de cooperación o donaciones, para desarrollar los proyectos técnicos en los países de la región.

Para Cascante, otra opción sería nombrar un secretario interino, pero esta también pasa por “la negociación y el consenso” entre los ocho países del organismo: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Belice y República Dominicana.

Ni el Protocolo de Tegucigalpa ni otros estatutos del SICA establecen las fechas o el tiempo que tienen los países para nombrar al nuevo secretario general.

El artículo 26 del Protocolo de Tegucigalpa solo ordena que el secretario general “deberá ser nacional de cualquiera de los Estados Miembros, persona de reconocida vocación integracionista, con alto grado de imparcialidad, independencia de criterio e integridad”.

Carlos Murillo Zamora, experto en temas de relaciones internacionales y docente de la Universidad de Costa (UCR), explicó que no existen mecanismos en el sistema del SICA para crisis como la que vive el organismo regional, y advirtió que “no ve disposición o interés de parte de los mandatarios centroamericanos por destrabar esta crisis con celeridad”.

Obligados al consenso

“¿Qué opciones quedan si no se obtiene consenso? Pues puede seguir por mucho tiempo vacante la secretaría general, hasta que se pongan de acuerdo los mandatarios. Esa es una decisión política que tendrán que tomar”, comentó Murillo.

Cascante destacó que los demás Estados “están obligados” a negociar con el régimen de Nicaragua, ya que la costumbre en el organismo es que las decisiones se tomen respetando el consenso.

Además existe una razón de “orden práctico-político”, ya que por su posición geográfica, “Nicaragua tiene mecanismos de presión en contra de los demás países del SICA”.

Murillo alertó que, “en todo caso, es en una reunión de presidentes donde debe de tomarse una decisión y tiene que ser por consenso. No veo al nuevo Gobierno de Costa Rica dispuesto a tomar una iniciativa en el ámbito centroamericano. Tiene otras prioridades. No veo tampoco ni a Xiomara Castro (Honduras), Alejandro Giammattei (Guatemala) ni a Nayib Bukele (El Salvador) tomando esa iniciativa de parte del Triángulo Norte. El impasse va a continuar por mucho tiempo”.

“Nicaragua puede poner fin a esta crisis, pero no creo que tenga la voluntad de hacerlo. Podría renunciar a la rotación o podría decir que va escoger al nuevo secretario de una lista de personas que no estén vinculadas al régimen, pero eso no va ocurrir. Quien tiene el balón en su cancha es Daniel Ortega y todos sabemos que no va a ceder”, subrayó Murillo.

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Redacción Confidencial

Redacción Confidencial

Confidencial es un diario digital nicaragüense, de formato multimedia, fundado por Carlos F. Chamorro en junio de 1996. Inició como un semanario impreso y hoy es un medio de referencia regional con información, análisis, entrevistas, perfiles, reportajes e investigaciones sobre Nicaragua, informando desde el exilio por la persecución política de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

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