9 de agosto 2016
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El Consejo Supremo Electoral (CSE) se retractó este martes con el reglamento de Ética Electoral publicado el pasado 21 de julio en el Diario Oficial La Gaceta, al afirmar ahora en una certificación que "el tema de la Ética en Asuntos Electorales únicamente se regirá por lo señalado en la Constitución Política de la República de Nicaragua y la Ley Electoral".
El Reglamento de Ética emitido por el CSE establecía controlar los comentarios sobre las elecciones del seis de noviembre a nivel de medios de comunicación, periodistas y usuarios de las redes sociales, contraviniendo la Constitución Política de la República que consigna la libertad de expresión, coincidieron expertos electorales y analistas políticos.
El CSE ideó este reglamento desde el 18 de julio, treinta días antes que inicie la campaña electoral, en una contienda sin competitividad ante la inhabilitación de la oposición real representada por la Coalición Nacional por la Democracia. Las disposiciones afectan a “comunicadores sociales, propietarios, directores y presentadores de programas de comunicación social, sitios web y redes sociales, dirigentes y miembros de las organizaciones cívicas… y ciudadanía en general”, reza el artículo 1.
El fin del Reglamento, según su artículo dos, es “que la campaña electoral eminentemente educativa y formativa de los valores cívicos”. Por tanto, dice el CSE, los sujetos señalados que hacen uso de estos medios de expresión están conminados a “contribuir” con el proceso y la campaña electoral.
Según la certificación del CSE, "el documento de Ética circulado a las organizaciones políticas no tuvo ni tiene ningún efecto legal, puesto que no fue ratificado después de la consulta", omitiendo porqué se publicó en La Gaceta si era un documento de consulta.
El CSE tampoco establece fecha para la publicación del reglamento que sí estará vigente, a pesar de que el plazo para la publicación del mismo era el pasado 20 de julio y que restan menos de once días para la campaña electoral, que según el calendario inicia el próximo 20 de agosto.
Reglamento divulgado: "ilegal" y "exagerado"
Dionisio Palacios, ex director de cedulación en el CSE, consideró el reglamento como “una exageración”. Para él, lo que pretenden es “seguir paseándose en la mediana libertad de expresión que existe, ni siquiera en los periódicos y radios, sino en Facebook”. “Es una exageración, un abuso sin límites”, apostilló.
La expresidenta del Poder Electoral, Rosa Marina Zelaya, dijo que durante su administración nunca pensaron en regular a los medios de comunicación y la libertad de expresión. Zelaya recordó que lo único que hacían era administrar la distribución de los tiempos en la televisión para que todos los partidos políticos en contienda tuvieran el mismo derecho para acceder a la publicidad y propaganda en los medios de comunicación, de manera tal que no hubiera un partido con más dinero pudiera tener más pautas.
“Se están extralimitando, porque un reglamento no puede ir a más allá de lo que dice la Ley Electoral. Y en ella, por ningún lado, se establece estas regulaciones a los medios de comunicación ni a los ciudadanos que utiliza cualquier blog o red social”, sostuvo Zelaya.
El CSE invoca los artículos 86, 89, 107, 108 y 179 de la Ley Electoral para justificar el Reglamento de Ética. Sin embargo, Palacios dijo que esos artículos son limitativos para los partidos políticos.
“Para, por ejemplo, no ofender ni denigrar a otro candidato electoral”, afirmó el exdirector de Cedulación, quien agregó que lo que plantea este Reglamento es una reforma de hecho a la misma Constitución que establece la libertad de expresión.
Amenaza real
El ex viceministro de Gobernación, exdiputado y expresidente de la Comisión de Justicia y Gobernación, José Pallais, insistió en el mismo sentido: El Reglamento se extralimita y contraviene la Constitución.
“Es una amenaza real y efectiva al derecho de la libertad de expresión, porque está comprobado que las garantías constitucionales para la dictadura de Ortega son letra muerta”, dijo Pallais.
A este exdiputado no le extraña que bajo la administración del comandante Daniel Ortega sean aplicadas disposiciones de inferior jerarquía, como este Reglamento, para restringir derechos consignados en instrumentos de mayor rango como la Constitución.
Pallais ve esta Reglamento como “una amenaza Real”, ya que, según él, el régimen de Ortega “no hace mecanismos de forma gratuita para no usarlos”.
“Aprobaron la ley de Seguridad Soberana y ahora este Reglamento, que es un complemento perfecto para esa ley”, advirtió Pallais, en referencia a esta normativa que amenaza el ejercicio de los derechos civiles y políticos.
A través de este mecanismo —consideró Pallais— el CSE puede incurrir en varios abusos como: Ordenar al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) que intervengan frecuencias; que cierre espacios; ordenar a los operadores de internet que cancelen, alteren o autoricen a la oficina de Seguridad Soberana, para que de seguimiento a las publicaciones en los diferentes espacios de libertad de expresión.
“Este Reglamento persigue acallar las voces disidentes, infundir temor para que no se discutan las carencias de este proceso electoral, no se evidencie la farsa que han venido construyendo, y que pretenden desarrollar el seis de noviembre, y específicamente para acallar las voces de aquellos que estamos llamando a la abstención en señal de repudio a esta farsa, exigiendo verdaderas elecciones”, valoró Pallais.
El analista de medios de comunicación, Alfonso Malespín, dijo que el CSE cuenta con la Policía Electoral y los Jueces para hacer cumplir su reglamento.
“En caso de que no cuenten con la infraestructura, fondos y personal para monitorear a todos los sujetos de interés, sería bueno saber si partirán de denuncias y si se apoyarán en instancias expertas en el monitoreo de sujetos de interés. Hasta donde yo sé, ni la Fiscalía Electoral tiene un aparataje de ese calibre”, expresó Malespín.
Este analista consideró que el CSE no debería de ponerse a moderar ni calificar las opiniones ciudadanas. De acuerdo a él, para eso ya existen instrumentos a los que los partidos y candidatos pueden recurrir, si se sintieran agraviados.
“En este reglamento se percibe la hipersensibilidad del CSE, que es una de las instituciones menos creídas en Nicaragua. Lo que debería hacer este poder es arbitrar para que haya un proceso justo, inclusivo, transparente y probo”, recomendó Malespín.
No cumplen Ley Electoral
A todos estos expertos y analistas consultados les parece irónico que el Poder Electoral dirigido por Roberto Rivas hable de “ética” cuando “los magistrados no respetan la Ley Electoral”.
El exdirector de cedulación es uno de los más insidiosos con ese argumento: “Inaudito que estén tratando de controlar la libre expresión de este país, terminando de rebalsar el vaso de agua, cuando miramos que todas las instituciones del Estado están con propagandas del FSLN. Y ese celo del CSE, ¿adónde quedó con eso? No son ellos los únicos que ocupan los bienes del Estado para hacer su campaña. ¿Será que no se fijan en eso?”.
A Malespín le resulta curioso que este Reglamento no recuerde que la Ley Electoral prohibe el uso de recursos, personal y edificios públicos para realizar cualquier forma de proselitismo partidario, como ha ocurrido todos estos años. “Debería el CSE explicar tamaña omisión, así como le preocupa que dañen en forma alguna el hornato municipal”, propuso.
