12 de agosto 2021
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El Consejo Supremo Electoral (CSE), controlado por el régimen, amplió hasta el 26 de agosto el periodo de subsanaciones, renuncias y sustituciones de candidaturas para las elecciones generales de 2021, y redujo la campaña electoral a un mes y medio, porque supuestamente los partidos políticos que siguen en la contienda están “preocupados” por la pandemia del coronavirus.
La mañana de este jueves, cuando estaba previsto la publicación de la lista provisional de candidatos a presidente, vicepresidente y diputados, el Poder Electoral emitió una resolución en la que informa que a “solicitud de las organizaciones políticas participantes en el proceso” la nueva fecha para la publicación provisional de los candidatos será el primero de septiembre.
De esta forma el periodo de impugnaciones, que estaba previsto del 13 al 15 de agosto, pasó para el 4 de septiembre. La nueva fecha para la resolución de impugnaciones de candidatos es el 7 de septiembre y la publicación definitiva de los candidatos en La Gaceta está prevista para el 10 de septiembre.
Además, el inicio de la campaña electoral —que estaba previsto para este 21 de agosto— fue pospuesto para el 25 de septiembre, 42 días antes de las votaciones del 07 de noviembre. Es la primera vez que Nicaragua vivirá una campaña tan corta, generalmente duran tres meses.
“Preocupación” por la covid-19
El recorte, según el CSE, se debe a que “ha sido manifiesta la preocupación” de los partidos políticos sobre el “daño a la salud producidas por la pandemia del covid-19”.
La “preocupación” por la covid-19 de los partidos y el Poder Electoral contrasta con la política del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que, desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, ha promovido las aglomeraciones masivas y desobedecido las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), sobre el confinamiento.
Ortega se declaró en contra de la campaña “Quédate en casa” porque, a su juicio, destruiría la economía local, que se ha contraído desde 2018 y que es mayoritariamente informal.
Además, recientemente el Ministerio de Salud (Minsa) ha amenazado con cárcel y con suspender la licencia médica a los doctores que cuestionan el manejo y las estadísticas oficiales sobre la pandemia, según han denunciado los médicos independientes.
Al menos ocho médicos independientes fueron citados desde mediados de julio por la Dirección de Regulación Sanitaria y la Dirección de Asesoría Legal del Minsa. A todos les han advertido con aplicar la polémica Ley Especial de Ciberdelitos, llamada “Ley Mordaza”, si no se ciñen a la información oficial.
La “Ley Mordaza”, promovida por los sandinistas y en vigor desde el 30 de diciembre de 2020, establece penas de uno a diez años de cárcel a los ciudadanos que se les imputen los ciberdelitos que vayan contra la “seguridad del Estado”.
Partidos desconocidos
Cinco de los siete partidos políticos que siguen en la contienda son prácticamente desconocidos, debido a que en elecciones anteriores han participado bajo la bandera del Frente Sandinista.
Desde que el CSE convocó para las elecciones generales 2021, ese poder del Estado ha despojado de su personería jurídica al Partido Conservador (PC), el Partido de Restauración Democrática (PRD) y la Alianza Ciudadanos por la Libertad (ACxL); este último estaba formalmente inscrito en la contienda y era considerado como la única fuerza opositora al régimen gobernante.
El CSE canceló también la cédula de identidad de la presidenta de CxL, Kitty Monterrey, aduciendo que la misma fue obtenida de forma “fraudulenta”, ya que ella es ciudadana estadounidense. La política se exilió en Costa Rica, ante el temor de una detención.
La cancelación de la personería jurídica a CxL, según analistas políticos, prácticamente sepultó la legitimidad del proceso electoral, al dejar al Frente Sandinista sin la mínima competencia política, aunque en las votaciones continúan inscritos seis partidos colaboracionistas, liderados por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) que promovió la eliminación de CxL.
