10 de agosto 2022
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A menos de tres meses para las votaciones municipales del próximo 6 de noviembre, el Consejo Supremo Electoral (CSE) no convoca todavía oficialmente a estos comicios; sin embargo, el Frente Sandinista y los partidos políticos colaboracionistas —llamados popularmente “zancudos”— han realizado actividades que deberían ser publicadas en el calendario electoral, advirtió el observatorio ciudadano Urnas Abiertas, en su último boletín.
Los diferentes actores del proceso electoral “tienen varios meses trabajando en función de las elecciones municipales, a pesar del silencio y hermetismo guardado por las autoridades” del CSE, señaló Urnas Abiertas.
A pesar que tampoco se conoce el calendario electoral, los partidos “zancudos” han iniciado actividades electorales de cara a la conformación del tendido electoral y la elección de candidaturas. “Durante el mes de julio se registró un incremento en los actos político electorales”, indicó el observatorio ciudadano.
El organismo registró actividades del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Alianza por la República (APRE) y el Partido Liberal Independiente (PLI). “Ninguno de estos eventos fueron asediados por la Policía o prohibidos por el Gobierno, a pesar de la violencia generalizada y estado policial de facto que mantiene el régimen en el país”, cuestionó.
Según Urnas Abiertas, la presidenta del PLC, María Haydée Osuna, y otros operadores del partido han contactado a líderes del otrora partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) y dirigentes “azul y blanco” en diferentes municipios “para ofrecerles candidaturas” a alcaldes, o bien como primer concejal. Además, han prometido que “si aceptan pueden proponer toda la plancha de concejales o para el Consejo Electoral Municipal (CEM)”.
APRE informó el pasado 8 de julio que “después de un proceso de elecciones primarias se eligió como candidato a alcalde a Winston Betanco y a vicealcaldesa a Cristian Osorio por el municipio de Managua”.
Además, el partido ALN ha convocado a simpatizantes para incorporarse en los Consejos Electorales Municipales (CEM) e informaron en sus redes sociales que han sostenido reuniones con precandidatos y estructuras departamentales de Managua, Rivas, Granada, Masaya, Carazo y León, en ningún caso se ha reportado asedio policial.
FSLN va dos pasos adelante
Previo a la convocatoria electoral del CSE, el Frente Sandinista —que gobierna 137 de los 153 municipios del país— convocó a sus estructuras a una jornada de verificación ciudadana los días 13 y 14 de agosto, detalló Urnas Abiertas.
La convocatoria realizada por el FSLN comenzó la mañana del miércoles 27 de julio por medio de las redes sociales y grupos de WhatsApp, donde especifican que la jornada se realizará de las ocho de la mañana a las cinco de la tarde.
La Verificación Ciudadana es una actividad contemplada en el Calendario Electoral con el propósito de depurar de forma permanente el Padrón Electoral antes de su cierre, que debe realizarse “setenta días antes de las elecciones”, según lo establecido en el artículo 37 de la Ley Electoral.
De acuerdo con Urnas Abiertas, la Verificación Ciudadana se ha venido implementando en Nicaragua desde la década de los años noventa; sin embargo, “desde el regreso del FSLN al poder, esta actividad ha sido desvirtuada y en los últimos años politizada a tal punto de servir únicamente como un acto de control partidario del oficialismo, sin que genere el efecto necesario para actualizar el catálogo de electores”.
Impresión de material electoral
Urnas Abiertas señaló que el CSE ha ordenado, sin dar detalles, la producción de material electoral, una convocatoria para el proceso de verificación y la conformación de estructuras partidarias en los territorios del interior del país.
Según el observatorio, en la empresa Inversiones Papeleras S.A. (Inpasa) se están produciendo los padrones electorales, manuales, material de señalización y otro tipo de papelería requerida para el proceso electoral.
“El proceso administrativo para la producción del material electoral también fue puesto en marcha en una completa falta de transparencia. El CSE no convoca a las elecciones y tampoco vela ni exige que se cumpla con las condiciones que garanticen la legitimidad e integridad del proceso electoral, pues se mantiene el estado policial de facto, la supresión absoluta de las libertades fundamentales y la violencia política generalizada”, advirtió el organismo.
Sin embargo, hasta el pasado 15 de julio, el CSE no había publicado en el portal de contrataciones del Estado su Plan Anual de Contrataciones (PAC). Situación que deja en evidencia la falta de transparencia del proceso electoral.
Según la Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público, el PAC de las entidades del Estado debe ser publicado anualmente a más tardar en el mes de enero.
Este año al CSE le fueron asignados 1465.74 millones de córdobas del Presupuesto General de la República para la celebración de las elecciones municipales, de los cuales 806.71 millones son para reembolso de los partidos políticos que participaron en la farsa electoral de 2021. El reembolso de los partidos políticos por las elecciones de este año será asignado en el presupuesto de 2023.
El establecimiento de un proceso exprés
Aunque el plazo mínimo para la convocatoria electoral está dentro de los términos legales, de acuerdo con la última reforma a la Ley Electoral, aprobada en mayo pasado, persiste la falta de garantías de transparencia del proceso. El Poder Electoral es controlado por el partido de gobierno, la Policía —el principal órgano represor del régimen— es quien autoriza los mítines políticos, la observación electoral es nula y quienes podrían aspirar a cargos de elección popular permanecen privados de libertad.
Con la reforma, la Asamblea Nacional —de mayoría sandinista— estableció un proceso electoral exprés. De tal forma que los partidos políticos que participen en la elección solo tendrán cinco días para presentar sus ternas para los Consejos Electorales Departamentales o Municipales y la cantidad de Juntas Receptoras de Votos (JRV) será menor a las 13 459 que funcionaron en las votaciones generales de 2021.
La reforma además redujo el periodo de campaña electoral de 42 a 20 días, en caso de votaciones municipales, y 30 días para elecciones presidenciales. Según la Comisión Especial de Carácter Constitucional —creada para consultar la iniciativa— “la simplificación de los plazos” es una medida “coherente con la preservación del medioambiente ”. Sin embargo, esta situación limita las oportunidades de la ciudadanía para “fiscalizar y participar plenamente”, apuntó el observatorio ciudadano de Urnas Abiertas.
Además, se amplió el número de electores por cada Junta Receptora de Votos (JRV), al pasar de 400 a 600 electores. Tal situación fue justificada por los diputados porque supuestamente “permitirá al Estado de Nicaragua y a los partidos políticos reducir los costos de operación y organización durante los procesos electorales en general”.
Para las próximas votaciones municipales se espera una reedición de la “farsa electoral de 2021”, ya que tendrán lugar un año después que el binomio Ortega-Murillo se reeligió sin competencia política, luego de encarcelar y condenar por delitos de “conspiración” y “lavado de activos” a siete aspirantes a candidatos presidenciales y una cuarentena de líderes opositores, que se perfilaban como sus principales rivales en las urnas.
La oposición se encuentra desarticulada debido al recrudecimiento de la represión. Más de 190 personas permanecen en las cárceles por razones políticas y en el último año se produjo otra ola migratoria por motivos políticos o económicos.
Elecciones en un contexto de represión
La nueva cita electoral, prevista para el próximo 6 de noviembre, ocurrirá en un contexto de represión extendida a los territorios del interior del país, el cierre masivo de organizaciones sin fines de lucro y la toma manu militari de cinco alcaldías que eran administradas por el opositor partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), un año después de haber sido despojado de su personería jurídica.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo asaltó, el pasado 4 de julio, las alcaldías de San Sebastián de Yalí y El Cuá, en Jinotega; Murra, en Nueva Segovia; y El Almendro, en Río San Juan. Dos días antes, había tomado la alcaldía de Santa María de Pantasma, en Jinotega.
Los alcaldes Oscar Gadea, de Santa María de Pantasma; Isidro Irías, de El Cuá; Noel Moreno, de San Sebastián de Yalí; Francisco Herrera, de Murra, y Reynaldo Galeano, de El Almendro, que fueron electos en las votaciones municipales de 2017 terminaron siendo destituidos por el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (Inifom).
En este periodo municipal que está por concluir también fueron tomadas por la fuerza las alcaldías de Mulukukú, en la Región Autónoma de Costa Caribe Norte (RACCN) y Wiwilí, de Jinotega; que eran administradas por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC). En ambos casos, los alcaldes Apolonio Fargas y Reyna Hernández, fueron obligados al exilio debido a la persecución política del régimen.
