9 de octubre 2021
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La organización internacional Crisis Group instó este viernes a la Unión Europea (UE) y a sus Estados miembros a presionar a Nicaragua para poner fin a las detenciones de líderes opositores nicaragüenses, y coordinar con Estados Unidos y Canadá la elaboración de una hoja de ruta que incluya levantar las sanciones a los allegados al presidente Daniel Ortega.
La organización, con sede en Bruselas, que titula su declaración “Nicaragua: afrontar los peligros de una elección amañada”, señaló que cada vez es más probable que Ortega obtenga la victoria en una “elección amañada” en los comicios del 7 de noviembre próximo, lo que, a su juicio, generaría las condiciones propicias para que se incremente la inestabilidad, la crisis humanitaria y la emigración.
También sentaría “un peligroso precedente en una región que está experimentando un giro hacia un mayor autoritarismo”, advirtió.
Crisis Group, una organización independiente que trabaja para prevenir guerras y diseñar políticas que construirán un mundo más pacífico, anotó que “la implacable represión a la oposición política por parte del Gobierno nicaragüense ha convertido las elecciones de noviembre en un potencial foco de tensión y ha deteriorado considerablemente las relaciones” entre Ortega y otras naciones latinoamericanas, EE. UU. y la UE.
Coordinar acciones con EE. UU. y Canadá
Con el objetivo de mitigar los riesgos de represión, mayor inestabilidad, aislamiento diplomático y un éxodo de migrantes nicaragüenses, la UE y sus Estados miembros deben diseñar un enfoque secuenciado, propuso ese organismo.
Entre ellos, mencionó continuar presionando al Gobierno para que deje de arrestar a sus opositores, libere a los presos políticos y cumpla con ciertos estándares electorales básicos, como permitir que la oposición haga campaña, la observación electoral por parte de la sociedad civil y la cobertura libre del proceso por parte de la prensa, con miras a reconstruir las relaciones con los países europeos.
La UE también debe ponerse en contacto con los Gobiernos que aún tienen canales de comunicación con Ortega en un esfuerzo por hacerle llegar este mensaje, planteó Crisis Group.
Además, trabajar con EE. UU., Canadá y otros Gobiernos regionales, en una respuesta coordinada a nivel bilateral y multilateral “en caso de que se lleven a cabo unas elecciones cuestionables, lo cual podría incluir ampliar las sanciones específicas y medidas disciplinarias por parte de la Organización de los Estados Americanos, siempre que éstas sean calibradas para mitigar su impacto humanitario”.
La hoja de ruta
Asimismo, esa organización recomendó a la UE, que en coordinación con EE. UU., Canadá y otros Gobiernos regionales, se elabore “una hoja de ruta que incluya condiciones claras para levantar las sanciones y restablecer relaciones de trabajo con el Gobierno de Ortega”.
“La hoja de ruta debe incluir la reanudación de diálogos con las fuerzas de oposición sobre cuestiones humanitarias y electorales, así como un marco general para una futura convivencia política”, sugirió.
Por otro lado, Crisis Group pidió intensificar la ayuda humanitaria y el apoyo técnico a los países vecinos de Nicaragua que enfrentan un aumento en la llegada de migrantes y refugiados nicaragüenses, al igual que el apoyo a las agencias humanitarias que actúan de enlace con autoridades migratorias, albergues y los sistemas de procesamiento en esos países.
Esa organización alertó que la reciente ola de detenciones “ha alimentado el descontento entre los adversarios de Ortega y puede aumentar la probabilidad de que se produzcan episodios de violencia política”, aunque, aclaró, “es poco probable que las protestas masivas resurjan en el corto plazo dado el clima altamente represivo y la violencia estatal” contra los opositores.
Lo más probable, según el estudio, es que la combinación de estrés económico y persecución política provoque la salida de más nicaragüenses y provoque una segunda ola de migración.
Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), desde el estallido social de abril 2018 hasta 2020 más de 108 000 personas abandonaron Nicaragua, un país de 6.5 millones de habitantes, como producto de la crisis sociopolítica y económica.
