16 de febrero 2022
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La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) denunció graves irregularidades al debido proceso y al derecho a la defensa en los procesos judiciales contra los presos políticos, que incluyen la obstaculización para acceder a los expedientes antes del juicio, el impedimento a comunicarse con los acusados y la actitud de los jueces que tienen un sesgo claro contra los reos de conciencia.
Particularmente denunciaron la "ilegal condena" para la abogada y defensora de derechos humanos, María Oviedo, coordinadora del equipo jurídico de la CPDH, los campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena, todos ellos defendidos por abogados del organismo. Un patrón que, afirman, se repite en los casos del resto de reos de conciencia.
"Están enfrentando al Estado con todo su poderío, que está atacándolos sin el derecho a la defensa y el irrespeto a sus derechos humanos fundamentales", alertó el defensor Denis Darce, secretario adjunto de la CPDH, en conferencia de prensa.
- Lee el reportaje: Condenas a presos políticos basadas en “pruebas ridículas”
Darce relató que basado en los informes de los abogados de la organización "en todos los casos desde el inicio de su captura se les ha violentado el derecho a que se les presente una orden judicial que explique el motivo de la detención (...) por ello creemos que los juicios deberían ser declarados nulos porque todo el proceso ha estado plagado de ilegalidades".
Explicó que "en ninguno de los casos se ha permitido que la persona detenida se comunique con los familiares en el momento de su detención y menos aún con sus abogados lo que viola la misma Constitución Política de Nicaragua".
Preocupación por salud de la doctora Oviedo
El organismo calificó de "alarmante" la situación de la doctora Oviedo, quien fue declarada culpable por supuestamente infringir la Ley 1055 o “Ley de Soberanía” y la propagación de noticias falsas, en el inicio de esta tercera semana de juicios políticos, realizados a puerta cerrada en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote.
La defensora enfrentó el pasado 14 de febrero su juicio político y fue declarada culpable. La Fiscalía pide ocho años de prisión.
"Estamos preocupados por el estado de salud de los presos políticos, en especial el caso de la doctora María Oviedo y decimos esto porque en el último contacto que se tuvo con ella se mostró que ha perdido peso significativamente y se observó que tiene daños en la piel", mencionó el secretario ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona.
Oviedo fue detenida el 29 de julio de 2021, cuando visitaba a su madre Socorro Delgado, en León, y desde entonces ha sido sometida a constantes interrogatorios, malos tratos y torturas físicas y psicológicas en las celdas de El Chipote.
La CPDH ha denunciado que, en estos más de siete meses de encarcelamiento, Oviedo ha sido sometida a interrogatorios donde se le tortura diciéndole que “nunca va a ver a sus hijos”, se le niega cualquier tipo de comunicación con los menores, tiene solo diez minutos de patio sol a la semana y en su celda la mantienen con la luz encendida las 24 horas del día.
Los abogados mencionaron que la doctora Oviedo dijo "que le cambiaron la acusación de la audiencia preliminar, cuando ella tuvo que hacer uso de su propia defensa, hasta el juicio, pero no logramos hablar con ella para saber los detalles".
"Pruebas no comprueban nada"
Darce apuntó que todas las pruebas presentadas en los juicios "no están directamente relacionadas a los hechos" de los que acusan a los presos políticos.
"En el análisis de las pruebas, hay un sesgo claro de parte de la autoridad judicial, que incluso protege a los testigos ante la contrainterrogación del defensor", señaló.
Publicaciones de Twitter, retuits a mensajes de otras personas u organizaciones internacionales, entrevistas a medios de comunicación en las que piden sanciones individuales, entrevistas a policías que se contradicen, mensajes en sus celulares, son algunas de las espurias pruebas presentadas por la Fiscalía orteguista en los juicios contra los presos políticos.
“Han condenado a los presos políticos con unas pruebas ridículas que no comprueban nada, más que la sed de venganza del régimen hacía ellos. Son pruebas que en cualquier juicio real se caerían en dos segundos, lo que están haciendo roza la parodia”, afirmó recientemente a CONFIDENCIAL una defensora, que por seguridad solicitó hacer este análisis desde el anonimato.
“Ninguna de las pruebas confirma las acusaciones. Es así de simple. Por eso afirmamos que esto se trata de un juicio político que tiene como fin acallar a las voces críticas”, agrega la defensora.
