13 de enero 2024
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Los congresistas estadounidenses, Chris Smith, representante de Nueva Jersey, y María Elvira Salazar, de La Florida, presentaron una nueva propuesta de ley para imponer sanciones económicas al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, por las graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua.
La propuesta denominada Ley de Restauración de la Soberanía y los Derechos Humanos en Nicaragua de 2024 (HR 6954) fue divulgada en la página web oficial de Smith y, de ser aprobada, tendría efectos similares a la ley de sanciones a Nicaragua, conocida como “Ley Nica Act”, que venció el 31 de diciembre de 2023.
Además de la imposición de sanciones económicas al régimen, el nuevo proyecto de ley estadounidense pretende intensificar las sanciones a sectores de la economía nicaragüense que generan ingresos para la familia Ortega y revisar la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos, conocido como CAFTA-DR.
En ese mismo orden, apuntan a la prohibición de inversiones de Estados Unidos en Nicaragua, y exigen a la Administración del presidente, Joe Biden, que implemente “una estrategia diplomática coordinada para restringir las inversiones y préstamos que beneficien al Gobierno de Nicaragua”.
Piden apoyo a los programas de democracia derechos humanos
La iniciativa de los congresistas también señala la necesidad de renovar y fortalecer la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018 y la Ley de Reforzamiento de la Adhesión de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral (RENACER) de 2021.
“Nuestro proyecto de ley de sanciones impondrá sanciones económicas sólidas y específicas para combatir la continua y creciente persecución del régimen Ortega-Murillo a la Iglesia católica y la libertad religiosa, así como su opresión de los prisioneros políticos”, dijo Smith, quien preside el Subcomité Global de Derechos Humanos, que ha presidido cuatro audiencias en el Congreso sobre violaciones de derechos humanos en Nicaragua—incluido el encarcelamiento del obispo Rolando Álvarez—desde julio de 2021.
Mientras tanto, María Elvira Salazar, presidenta del Subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes, expresó que “el régimen satánico de Ortega y Murillo se ha robado toda la humanidad en Nicaragua. Han cometido violaciones diarias de derechos humanos, han obligado a miles de nicaragüenses a exiliarse y han reprimido a cualquiera que se les oponga”. Agregó que está “orgullosa de codirigir un proyecto de ley que protegería los derechos humanos en el país y volvería a imponer sanciones al régimen satánico de Ortega y Murillo”.
La legislación Smith-Salazar se produce después de las audiencias del subcomité copresididas por los dos legisladores en marzo y noviembre de 2023, en las que incluyeron testimonios de expresos políticos y exiliados nicaragüenses.
La iniciativa de ambos representantes también pide apoyo del Gobierno de los EE. UU. para la extender el mandato del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), lo cual es de especial relevancia debido a que en noviembre del 2023 Nicaragua dejó de pertenecer a la Organización de Estados Americanos (OEA) y únicamente se encuentra bajo el paraguas del Sistema Universal de los Derechos Humanos.
No hay un tiempo establecido para su aprobación
Un especialista consultado por CONFIDENCIAL explicó que esta iniciativa, que ya fue introducida en la Cámara Baja, debe seguir un largo y riguroso proceso para ser aprobada. Técnicamente no existe un tiempo establecido para su aprobación.
Previo al vencimiento de la “Nica Act”, en julio de 2023 el senador republicano Marco Rubio y el demócrata Tim Kaine propusieron extender los efectos de la misma hasta 2028. El texto insta además al Departamento de Estado a que promueva el fin de las inversiones a Nicaragua por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Sin embargo, dicha iniciativa no ha logrado avanzar.
Mientras tanto, el régimen Ortega-Murillo continuó violentando los derechos humanos de los nicaragüenses. Desde el 20 de diciembre a la fecha, la Policía del régimen detuvo a 13 sacerdotes, tres seminaristas y al obispo Isidoro del Carmen Mora, cuyo paradero y bienestar aún se desconocen. Además, el obispo Rolando Álvarez, quien fue detenido el 19 de agosto de 2022, lleva más de 500 días encarcelado.
“Estados Unidos necesita dar un paso adelante y actuar rápidamente para implementar todas las herramientas a nuestra disposición para poner fin a los horribles abusos de Ortega contra personas inocentes de fe y prisioneros políticos en Nicaragua”, agregó Smith.
