31 de mayo 2022
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Las cancelaciones y confiscaciones de oenegés y universidades en Nicaragua, aprobadas por la Asamblea Nacional que controla el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, constituyen un proceso de confiscación ilegal que entierra la seguridad jurídica en el país, advierte el jurista y experto en Derecho Penal, Boanerges Fornos, quien también sostiene que así se intentan reeditar las confiscaciones de empresas, tierras, y propiedades de los años ochenta.
En lo que va de 2022, el régimen Ortega Murillo ha cancelado 193 oenegés y asociaciones, acusándolas de incumplir con la presentación de informes financieros o la actualización de sus juntas directivas.
Además, la dictadura ha confiscado ilegalmente seis universidades y, entre diciembre de 2018 y agosto de 2021 asaltó, ocupó y confiscó tres medios de comunicación: CONFIDENCIAL, el canal 100% Noticias y el diario La Prensa, y ha promovido la ocupación de facto de miles de manzanas de tierra en propiedades rurales y fincas productivas.
Fornos recuerda el proceso de apropiación de propiedades conocido como “La Piñata”, a finales del primer período presidencial de Ortega en 1990, que costó más de 1300 millones de dólares en deuda interna, y marcó la última etapa de la debacle moral de la antigua dirigencia sandinista que derrocó a la dictadura somocista en 1979.
A juicio de Fornos, la historia se repite. “Hay inseguridad jurídica porque el régimen está aprobando leyes dirigidas a apoderarse de las propiedades de personas naturales y de empresas privadas o de organizaciones sin fines de lucro. El objetivo es reeditar un período de confiscación, como se dio en los ochenta, y asignarlas probablemente a instituciones del Estado o simpatizantes del régimen. En la práctica es una Piñata 2.0 que, al final del día, los nicaragüenses vamos a tener que pagar nuevamente a través de nuestros impuestos”, lamentó.
Según el artículo 44 de la Constitución, en el país se “prohíbe la confiscación de bienes” y se garantiza el “derecho de propiedad de bienes muebles e inmuebles”. Sin embargo, a partir de tres casos concretos, Fornos explica los trucos realizados por los representantes del Estado para quedarse con las propiedades siguiendo procesos que califica de “arbitrarios”.
El diputado sandinista Filiberto Rodríguez es el promotor de la cancelación de las personerías jurídicas en representación del régimen. Foto/Tomada de las redes sociales de la Asamblea Nacional.
Golpe a los organismos y sociedad civil
De acuerdo con los registros de CONFIDENCIAL, los legisladores sandinistas han anulado 273 organismos desde 2018, cuando el régimen ordenó reprimir a los jóvenes y ciudadanos que salieron a las calles a protestar y demandar pacíficamente la renuncia de Ortega. El saldo de fallecidos fue de al menos 355, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
De los 273 organismos ilegalizados desde entonces, el 199 han sido cancelados a partir de enero pasado en una intensificación de la guerra de Ortega contra la sociedad civil. Ese ataque dirigido a este sector coincide con el endurecimiento de la represión a lo interno del país, mientras Ortega se encuentra cada vez más aislado a nivel internacional, cuestionado por los abusos de derechos humanos contra sus ciudadanos y por una reelección que la mayoría de países de la Organización de Estados Americanos (OEA) considera “ilegítima”.
Según los diputados sandinistas, el propósito del Estado es “ordenar” el sector de las oenegés, regulado por el Ministerio de Gobernación. Meses atrás, directivos de las oenegés dijeron que son sometidos a la presión estatal, primero obligándolos a inscribirse como Agentes Extranjeros y, segundo, con trabas que los obligan a mantenerse en la ilegalidad.
El cierre masivo de organismos, ordenado desde El Carmen, hace que los legisladores cumplan un guion. El 18 de mayo, por ejemplo, el diputado del FSLN, Filiberto Rodríguez, acusó a 25 organismos, a quienes iban a cancelar sus personerías jurídicas minutos después, de prestarse “al juego del imperio como lo hicieron con el intento de derrocar a nuestro Gobierno”.
La versión del oficialismo consideró sin evidencia que en 2018 fueron objeto de un golpe de Estado, del que la comunidad internacional no encontró ninguna evidencia. Más bien, el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) documentó la represión y sostuvo que se cometieron “delitos de lesa humanidad”.
Entre los organismos cerrados se encuentran desde fundaciones que han aportado durante años a la sociedad nicaragüense como Operación Sonrisa, la Fundación Coen, la Fundación Luisa Mercado —presidida por el Premio Cervantes, Sergio Ramírez—, la Comisión Permanente de los Derechos Humanos (CPDH), la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Sostenible (Fundenic), la Academia de Ciencias de Nicaragua, entre otras.
Tras la cancelación en abril pasado, Ramírez rechazó la medida de la dictadura y dijo que se “pretendía terminar con las expresiones de libertad y democracia”.
La resolución legislativa de cancelación plantea que los bienes de las oenegés tendrán —previa liquidación— el destino que fue previsto en su acta constitutiva. De lo contrario, pasarán a ser propiedad del Estado “de conformidad con la ley de la materia”.
El 6 de abril, se publicó en La Gaceta la Ley 1115 o Ley de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro. La norma establece las causas por las cuales se cancela una personería jurídica, entre ellas —indica el artículo 47—, cuando se utiliza “el esquema organizacional para promover campañas de desestabilización en el país, apoyando, facilitando e incitando a la afectación de la seguridad ciudadana y el ejercicio legítimo de los derechos humanos de las familias nicaragüenses”.
Según este mismo artículo, si la cancelación se deriva de esto el patrimonio pasará a ser “propiedad del Estado”.
Sin embargo, Fornos explica que la ley “no tiene efecto retroactivo”. Es decir, que “no sería aplicable en ese particular a aquellas organizaciones de lucro que fueron creadas en virtud de la Ley 147 (ahora norma derogada)” y sostiene que el hecho de que estén utilizando la nueva ley “implica que lo único que quieren es apoderarse de esos bienes y confiscarlos”.
Esta es la antigua sede de la embajada de Taiwán que el Gobierno taiwanés pretendía donar a la Arquidiócesis de Managua. Foto: EFE
Taiwán: Quedar bien con China Popular
El segundo caso que evidencia para Fornos la falta de seguridad jurídica es el de Taiwán. El 10 de diciembre de 2021, la dictadura reconoció a China Continental y abandonó a Taiwán con la que tenía tres décadas de relaciones diplomáticas.
La Procuraduría General de la República dijo que el reconocimiento de “una sola China” implicó el registro de todos los bienes inmuebles, equipos y medios a favor de su nuevo aliado en el tablero internacional.
Un abogado consultado, que prefiere mantener su nombre en el anonimato, explicó a CONFIDENCIAL que Nicaragua asumió con esta decisión una posición injerencista en un conflicto ajeno, “es decir se involucró facilitando la confiscación de estos bienes (a Taiwán), a sabiendas que había un conflicto mundialmente conocido”.
El abogado advirtió que nadie está seguro y que quiten propiedades a embajadas es solo una faceta. Pueden hacerlo con personas que están en el exilio o “cualquier persona que pueda ser criminalizada”. “No tienen ningún fundamento legal para actuar”, insistió.
En mayo pasado, la Asamblea aprobó un informe que propuso tomar “acciones” como confiscar a futuros presos políticos. La idea aún debe pasar a una comisión interinstitucional, pero los expertos ya dan por hecho que será presentado en cualquier momento como una iniciativa de ley, luego del consenso oficialista en dos comisiones legislativas para castigar lo que llaman “crímenes de odio” como califican los actos de protestas realizados por la población en 2018.
La expropiación de la OEA
Para Fornos el asalto de las oficinas de la OEA y su posterior justificación legal es otro ejemplo de la falta de garantía que viven los ciudadanos. El Estado anunció también a finales de abril que construiría en las antiguas oficinas del organismo regional un “Museo de la Infamia”.
La vicepresidenta y vocera del régimen, Rosario Murillo, dijo que “la Procuraduría General de la República informó que el bien inmueble que ocupaba la oficina de la deplorable OEA, despreciable OEA, ha sido objeto de declaratoria de utilidad pública y pasará al Estado de Nicaragua, quien, a través de la unidad ejecutora, en este caso el Instituto de Cultura, que va a desarrollar el museo de la infamia, infame ese ministerio de colonias”.
Para Fornos, se trató de una medida ilegal, porque la expropiación realizada por la dictadura no reúne los requisitos legales: no es de utilidad pública y tampoco de interés social.
“Cuando cabe la expropiación, el Estado debe hacer efectiva una justa indemnización, te podés poner de acuerdo o vas a los tribunales. Es una confiscación disfrazada bajo la figura de expropiación”, puntualizó Fornos sobre lo ocurrido con el organismo regional.
El abogado recordó que tropas especiales de la Policía se apropiaron del inmueble, que la OEA arrendaba a una familia. Lo hicieron antes que la PGR anunciara la intención de construir en el sitio el museo.
El otro experto dijo que el régimen de Ortega recurrió a una ley de 1976, de los años de la dictadura de Somoza. “Es una arbitrariedad propia de las dictaduras”, dijo.
El experto en administración de Justicia, Yader Morazán, recordó —en un hilo de Twitter— que un caso como este no tenía precedentes en el mundo. Afirmó que Nicaragua violentó la Convención de Viena, pero coincidió que el procedimiento fue totalmente ilegal.
“Se debió declarar la `utilidad pública` con detalles de la obra, servicio o programa, y después la expropiación, dando tiempo al arrendatario para sacar sus cosas (…) En conclusión, el régimen criminal ya ni se preocupa por aparentar legalidad, ni tratándose de los asuntos que se refieren a la comunidad internacional, pese a tener el control absoluto de todo el aparato estatal”, explicó Morazán.
La toma de la oficina de la OEA fue condenada por 29 países en el seno del organismo, mientras tres naciones se abstuvieron durante la votación. El secretario general Luis Almagro dijo en su intervención que esta violación del derecho es la que sufren los nicaragüenses “día a día”.
