Octavio Enríquez / Iván Olivares
24 de junio 2023
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Los exprecandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga condenaron la confiscación ordenada por el régimen de Daniel Ortega contra Piero Coen Ubilla, uno de los miembros del gran capital en Nicaragua, y advirtieron sobre las consecuencias inmediatas en el sector privado y la economía.
Chamorro dijo que la apropiación de las propiedades de Coen, confirmadas por él mismo en un comunicado, es una clara señal del interés que está mostrando la dictadura por los bienes de los empresarios, un escenario en que “ni siquiera las viviendas están aseguradas”, agregó.
“Confiscaciones a las empresas también. Es probable que haya intereses económicos detrás de quedarse con empresas, además de los bienes inmuebles”, advirtió.
Coen informó la tarde del 23 de junio de 2023 en un comunicado que funcionarios de la Policía y la Procuraduría General de la República se presentaron en diferentes propiedades, inscritas a su nombre y de su esposa Jaffa Coen, para tomar posesión de las mismas bajo el argumento de que ahora pertenecen al Estado.
En ese mismo pronunciamiento, el empresario aseguró que no ha sido parte, ni lo han notificado de ningún proceso en su contra y tampoco existe ningún delito del cual se le puede acusar, “mucho menos alguno que atente contra mi país o la sociedad nicaragüense”.
Maradiaga recordó también, al momento de condenar la confiscación, que la propiedad privada es el pilar del desarrollo económico y social del país, y el respeto es la misma resulta esencial para el desarrollo de la nación.
“Cuando se ataca la propiedad privada de los empresarios que generan empleo, se disminuye la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros para invertir. Los más afectados son los más pobres, que necesitan empleo digno y de calidad. El desaliento a la inversión es una de las principales razones del aumento de la pobreza”, agregó Maradiaga.
El proceso secreto contra Coen
Cuando Coen negó la existencia de la notificación de cualquier proceso en su contra, el empresario aludió a la acusación presentada el 27 de marzo de 2023 por el Estado en el juzgado Noveno Distrito Penal de Audiencia, a cargo de Karen Chavarría, quien tiene antecedentes de perseguir a presos políticos.
Se trata de un proceso secreto abierto en contra del empresario similar al que ha ocurrido en otros casos de críticos de Ortega. La causa está inscrita bajo el número de asunto 005295-ORM4-2023-PN, un expediente en que no se especifica ni el delito que le imputan y que fue ingresado al sistema electrónico de los tribunales el 22 de junio de 2023, es decir dos días antes de la confiscación.
Fuentes empresariales consultadas por CONFIDENCIAL explicaron que el empresario fue acusado efectivamente por “traición a la patria”, un delito que dio pie a la pérdida de su nacionalidad y a la apropiación de sus bienes, aunque a ninguno de esos puntos hizo referencia Coen en su comunicado.
Coen Ubilla fue el único de los representantes del gran capital que participó en las manifestaciones de protesta contra Ortega en abril de 2018, cuando el Estado reprimió a la población causando centenares de muertos. Desde entonces, como represalia al respaldo a la ciudadanía, algunas de sus propiedades han sido invadidas por tomatierras y le impusieron un embargo millonario, promovido por el boxeador Román Chocolatito González, un reconocido fanático del régimen.
La declaración de “traición a la patria”, para la posterior apropiación de los bienes a manos del Estado, es el mismo procedimiento que el sistema de justicia controlado por Ortega siguió para confiscar a los 222 presos políticos desterrados a Estados Unidos, y a los 94 ciudadanos declarados “apátridas”.
Para Pablo Cuevas, director de la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos, la acción de Ortega con Coen es violatoria de la misma Constitución de Nicaragua, porque en el país existe el derecho a la propiedad privada e incluso están prohibidas las confiscaciones.
“Es evidente que en este caso no se agotaron los procedimientos legales. Si acaso se hizo algo en ese sentido, estamos claros de que el Gobierno simula hacer acciones legales para muchas veces quedarse con bienes privados”, denunció Cuevas.
Empresarios: “Triste y lamentable”
La decisión estatal contra Coen causó diferentes reacciones entre miembros del sector privado que aceptaron hablar con CONFIDENCIAL, pero bajo condición de anonimato.
Un empresario del sector agrícola dijo que le extrañaba que esto (la confiscación), no hubiera ocurrido antes, considerando “cómo son las cosas” ahora en Nicaragua, donde Ortega controla todos los poderes del Estado y los utiliza de acuerdo con sus intereses.
Otro gerente de una empresa industrial dijo que se trata de la crónica de una muerte anunciada, primero de los empresarios que rompieron con Ortega el acuerdo llamado de diálogo y consenso, lo que repercutirá en la economía nacional. “Triste y lamentablemente”.
Una lideresa empresarial retirada de la gremialidad comparó la situación que vive el país con lo sucedido en el primer Gobierno sandinista en los años ochenta. “El régimen ha empezado a apuntar sus cañones en contra de los empresarios, quienes lógicamente, al igual que el resto de nicaragüenses, repudiaron la represión y violencia en contra de la población pacífica y cívica. Nada nuevo es que ORMU (Ortega-Murillo) violente el derecho a la propiedad privada y nada de extrañarse tampoco, pues no respetan ni el derecho a la vida”, afirmó.
