28 de agosto 2019
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La Organización de Estados Americanos (OEA) elije este miércoles una comisión de trabajo para evaluar la crisis en Nicaragua que será integrada por países que contundente han exigido en ese foro político, democracia para Nicaragua y han condenado, además, a la dictadura de Daniel Ortega.
Se espera que la comisión quede integrada por representantes de Estados Unidos, Canadá, Argentina, Paraguay y Jamaica, según una propuesta presentada en la OEA la semana pasada.
Todos estos países han votado en contra de la dictadura de Ortega en las diferentes resoluciones que ha aprobado la OEA, solo Jamaica se abstuvo de votar en la resolución que aprobó el Consejo Permanente de la OEA el 21 de mayo pasado instando a Gobierno y oposición a avanzar en un diálogo de buena fe y efectivo y a permitir el regreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al país.
Semanas después, el Gobierno de Ortega se retiró del diálogo sin cumplir sus promesas: libertad para todos los presos políticos y restitución de las libertades cívicas como opinión, movilización y libertad de expresión. Desde que inició la crisis política en abril de 2018, más de 326 personas han sido asesinadas, la mayoría a manos de la Policía o civiles armados al servicio del Gobierno, según organismos de derechos humanos.
“Hay que recordar que la creación de esta comisión es parte de la Resolución de la Asamblea General de la OEA de junio pasado… Una vez presenten su informe (sobre la situación de Nicaragua) adoptará las medidas que sean necesarias, incluida, si es el caso, la convocatoria a una Asamblea General de la OEA”, dijo el experto en Relaciones Internacionales, Ricardo De León, exfuncionario de la Cancillería de Nicaragua.
De León considera que la comisión va a pedir reanudar el diálogo, “libertad de todos los presos políticos, respeto a los derechos humanos y a las libertades individuales, además de solicitar el regreso del MESENI y el GIEI, preparar y poner en prácticas las medidas necesarias que garanticen elecciones libres, justas, transparentes y legítimas”.
Además, la comisión pedirá, según De León, “regresar el derecho a la manifestación y reunión pacífica (a los nicaragüenses), terminar con las detenciones arbitrarias, garantizar el regreso ordenado y sin tomar represalias a los miles que han sido forzados al exilio. Todo esto está incluido en las cinco resoluciones aprobadas hasta hoy por el Consejo Permanente de la OEA”.
El académico considera que “el nivel de presión sobre el Gobierno es de alto nivel, por lo que deberá pensar bien su siguiente paso para no afectar aún más la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018, y que también muestra una mala imagen a la comunidad internacional”.
Según De León, el Gobierno no pude seguir ignorando los hechos presentados en los informes de la CIDH y la ONU, “más bien debería ser la hora de sentarse y procurar que la diplomacia y los buenos oficios sean la tónica para mejorar la situación actual”.
