4 de septiembre 2023
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Tiene un nombre rimbombante: Comisión Especial de Carácter Constitucional para el Informe de Consulta y Dictamen de la Elección de Cargos Públicos. Sin embargo, su función real es simplemente maquillar de “legitimidad” la escogencia de operadores políticos hechas por el dictador Daniel Ortega para mantener funcionando su aparato represivo y de administración pública.
Fue conformada apenas el 25 de julio de 2023 con el objetivo oficial de coordinar las convocatorias para la escogencia de funcionarios públicos y dictaminar las cualidades de los candidatos.
Fuentes políticas vinculadas a la Asamblea Nacional confiaron a CONFIDENCIAL que el régimen llevará a cabo una proceso de escogencias de funcionarios públicos que serán coordinados por esta comisión especial.
El abogado opositor y miembro de la UNAB, Juan Diego Barberena, opinó que esta estrategia política de la dictadura lo que busca es dar ribetes de legalidad al nombramiento de funcionarios públicos por medio de votaciones en la Asamblea Nacional.
“El fin de estos procesos de votación de funcionarios busca dar un reflejo de cumplimiento de la legalidad, a efectos de denotar ‘legitimidad’ de parte de la dictadura”, añadió.
Esta comisión está conformada por cinco diputados del Frente Sandinista (FSLN) y dos de los partidos “zancudos” colaboracionistas de la dictadura. Estos son sus miembros:
- María Auxiliadora Martínez. FSLN. (Presidenta).
- Edwin Castro Rivera. FSLN.
- Irma Dávila Lazo. FSLN.
- Wálmaro Gutierréz. FSLN
- Jenny Martínez. FSLN.
- Mario José Asensio Flórez. Partido Liberal Independiente.
- Lester Flores Mayorga. Partido Liberal Constitucionalista.
El teatro de la reelección de la fiscal general
Su primera asignación fue abrir una convocatoria para la escogencia del nuevo fiscal general y su fiscal adjunto. Este proceso abrió muchas especulaciones políticas sobre posibles cambios a lo interno del Ministerio Público, una de las instituciones claves en el modelo represivo de la dictadura orteguista.
Sin embargo, todas las especulaciones quedaron zanjadas cuando se conoció que entre los postulantes a la dirección del Ministerio Público estaban la misma fiscal general, Ana Julia Guido, su fiscal adjunto, Julio González Sandoval, y un grupo de personajes desconocidos propuestos por los partidos “zancudos”.
El proceso de selección de nuevos funcionarios públicos pasó entonces a convertirse en un mero trámite que culminó en la reelección de Guido y Sandoval en sus cargos en el Ministerio Público.
Asamblea Nacional controlada por la dictadura
El Parlamento está controlado por la dictadura, a través de 75 diputados del Frente Sandinista y 15 distribuidos entre cinco de los partidos “zancudos” colaboracionistas políticos.
“Esto no es más que una cuestión formal que entraña la continuidad de la concentración absoluta del poder de parte de la dictadura, pues es importante también acotar que el artículo 132 de la Constitución dispone que ante el no nombramiento de funcionarios públicos luego del vencimiento de su período, los que ejercen los cargos continuarán hasta que no se nombre a nuevos funcionarios”, explicó Barberena.
El rol de los partidos zancudos
El próximo proceso de escogencia que desarrolla esta comisión es del nuevo vicesuperintendente de bancos, el cual se encuentra en la fase de presentación de candidatos.
Además del maquillaje de legitimidad, Barberena opinó que el régimen también busca dar una imagen de pluralismo político en la Asamblea Nacional, para lo cual utilizan a los partidos zancudos.
“El objetivo de esta comisión es únicamente cumplir un trámite de la ley orgánica de la Asamblea Nacional, buscar legitimidad con los supuestos partidos de oposición y reflejar un supuesto pluralismo político en el Parlamento. En consecuencia, su rol es lavarle la cara a la dictadura y ser instrumentos de la misma en la consolidación del régimen totalitario”, puntualizó.
