7 de mayo 2020
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Dos años después de las protestas cívicas que estallaron en abril 2018, y que fueron reprimidas de forma brutal por el Estado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, emitió un pronunciamiento de solidaridad con los familiares de las víctimas y considera que Nicaragua está viviendo “la quinta etapa de la represión”, por la supresión del derecho de reunión y asociación y la prohibición de la protesta social.
Expulsados del país, los integrantes del Mecanismo Especial de Seguimiento en Nicaragua (MESENI), y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), los informes de la CIDH y el GIEI sobre la crisis de derechos humanos en Nicaragua, siguen siendo la referencia principal sobre la crisis nacional en el debate de la comunidad internacional.
El jurista y diplomático mexicano, Joel Hernández, presidente de la CIDH, agrega una preocupación adicional: la observancia de los derechos humanos, y en particular el derecho a la salud y a la vida, durante la pandemia de la covid-19. “Hay una responsabilidad política y social del presidente Daniel Ortega frente a su población”, dice Hernández en esta entrevista con Esta Semana y CONFIDENCIAL.
Hace dos años estalló la crisis de derechos humanos en Nicaragua, ¿cómo valora la Comisión Interamericana la situación del país en este momento? ¿Hay algún resultado de las recomendaciones que presentó la Comisión en 2018?
No. Dos años después del estallido social, la Comisión sigue observando que el espacio cívico democrático para los nicaragüenses está totalmente clausurado. A lo largo de estos dos años hemos observado cinco fases de represión: represión de derechos y libertades fundamentales, como la libertad de expresión, como el derecho a reunión, como la libertad de asociación; y hoy estamos en una etapa en donde es absolutamente imposible poder ejercer al menos uno de esos derechos.
Avanzamos un poco estos dos últimos años después de nuestra visita, que realizamos el 18 de mayo, en donde establecimos 15 recomendaciones, dos de ellas se aceptaron en su momento, una que fue el establecimiento de Mecanismo Especial de Seguimiento en Nicaragua (MESENI), estuvo funcionando seis meses hasta finales del año 2018, y también se avanzó en el establecimiento del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que logró terminar su informe aunque no lo presentó. Pero no se ha avanzado en el restablecimiento de los derechos civiles y políticos para los nicaragüenses, en ese sentido la Comisión está sumamente preocupada.
Usted hablaba de una quinta etapa de la represión, mientras tanto, en el país, el Gobierno pretende que se normalice una situación permanente de violencia política y suspensión de derechos y libertades. ¿Cuáles son los alcances de esta quinta etapa?
La quinta etapa está caracterizada por la imposibilidad que tienen nicaragüenses de ejercer su derecho a la libertad de reunión y de asociación; no hay posibilidad de poder ejercer la protesta social; cualquier iniciativa de la población para reunirse es inmediatamente reprimida; siguen habiendo detenciones exprés, la gente después liberada sin ninguna explicación de la detención, y esto con el único propósito de impedir que las personas puedan manifestarse. Hay que reconocer, sin embargo, que en los últimos meses no ha habido otra muerte violenta, la Comisión llegó a documentar 328 muertes, pero por lo menos en lo que respecta a procesos sociales no ha escalado la violencia como sucedió hace dos años.
Los organismos nacionales de derechos humanos han documentado decenas de ejecuciones extrajudiciales en las zonas rurales, en los últimos meses, contra personas que participaron en la protesta, y otros que son exmiembros de la Contra o la Resistencia Nicaragüense. ¿La Comisión tiene alguna valoración sobre esta situación?
La valoración que ha hecho la Comisión son 328 muertes que sucedieron en torno a la protesta. Esto no quiere decir que no haya otro tipo de asesinatos o ejecuciones, es difícil para nosotros poder documentar estando fuera de Nicaragua, haciendo un seguimiento a distancia, pero, obviamente cualquier muerte es motivo de preocupación y debe de ser una obligación del Estado investigar.
Los familiares de las víctimas identifican a más de 70 presos políticos que siguen en las cárceles; el Gobierno niega su existencia y les atribuye delitos comunes. ¿Qué valoración tiene la Comisión sobre la situación de los reos?
Efectivamente, la Comisión contabiliza alrededor de 70 personas que se encuentran privadas de libertad por haber ejercido su derecho a la protesta o la libertad de expresión, y son motivo de gran preocupación que esas personas hayan sido detenidas de forma ilegal o arbitraria y que no estén enfrentando un proceso justo y que estén, sobre todo, detenidos en una crisis de pandemia.
En su momento observamos con satisfacción que alrededor de 700 personas detenidas en el marco de las protestas fueron liberadas, pero siempre nos quedamos con la preocupación de la incertidumbre jurídica en la que se encuentran. Afortunadamente, pudieron salir de la prisión, pero 70 continúan ahí, y sigue siendo parte del llamado reiterado de la Comisión a su liberación. Insisto, más ahora en el marco de la pandemia.
Usted mencionó el informe que presentó el GIEI en el que plantean una serie de recomendaciones para establecer la verdad, investigar los crímenes, y establecer justicia. Sin embargo, en este momento ningún policía, paramilitar, o simpatizante del Gobierno ha sido detenido o investigado por los hechos que se les señalan. ¿Cómo se puede enfrentar la impunidad en esta situación?
Es un tema lacerante que permanece presente, las exigencias de la sociedad civil y de los organismos internacionales de derechos humanos. Debe haber verdad y debe haber justicia y reparación para quienes fueron víctimas de estos crímenes, principalmente las personas que perdieron la vida en el marco de las protestas. Mientras no se logre llevar a cabo procesos justos en contra de los responsables, no hay de posibilidad de que las familias de las personas de estas víctimas puedan encontrar un descanso, un consuelo, y el país no puede avanzar hacia la reconciliación nacional.
En marzo del año pasado, el Gobierno se comprometió con la Alianza Cívica, en un diálogo nacional, a restablecer las libertades democráticas y los derechos constitucionales. Sin embargo, hoy continúa el país bajo esta situación de estado de excepción de facto. ¿Dónde se encuentra la crisis de Nicaragua en este momento en la agenda de la comunidad internacional?
Sigue siendo motivo de especial preocupación, lo es para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el informe anual de 2019 que la Comisión acaba de publicar, a Nicaragua se le ubicó en el capítulo cuatro, eso significa en el grupo de países donde existe un quebrantamiento del orden constitucional que está impidiendo el pleno disfrute de los derechos humanos. Sí, Nicaragua está dentro de las prioridades más altas que tiene la Comisión.
El Gobierno de Nicaragua no ha suspendido las clases durante la pandemia de la covid-19; tampoco ha tomado medidas de prevención, y más bien ha promovido aglomeraciones masivas. Esta negligencia de parte del Estado para prevenir la pandemia, ¿cómo se valora desde el punto de vista de los derechos humanos? ¿Es una violación de derechos humanos?
Al derecho a la salud, y en ocasiones al derecho a la vida. En la actual pandemia, lo que la Comisión ha insistido es en llamar a los Estados a dar seguimiento a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. ¿Para qué? Para preservar el derecho a la vida de los habitantes de un país. Y la principal recomendación que hace la Organización Mundial de la Salud es el distanciamiento social, y para poder hacerlo efectivo se requieren medidas sociales de confinamiento de las personas, pero estas también deben de ir aparejadas de medidas de apoyo económico. Son pocas las personas que en una sociedad pueden tener la facilidad de poder mantenerse en sus domicilios. En nuestro continente la mitad de la población vive de la economía informal y tiene que salir a la calle a ganarse el pan de todos los días.
Entonces es importante que, además de las medidas de distanciamiento social, exista el apoyo económico, la asistencia social del Estado para que todo mundo pueda resguardarse en su casa, mientras los números de la pandemia se vuelven manejables. Esta es la recomendación general que hace la Comisión, en aras de un bien jurídico especifico como es la tutela del derecho a la salud.
¿El incumplimiento de estos derechos se puede tipificar como delito? ¿Se puede recurrir eventualmente ante algún tribunal internacional?
Es muy difícil poder recurrir a tribunales internacionales en esta materia, lo digo con toda franqueza, hay quien considera que negligencia frente a pandemia que pudiera llegar a ocasionar un número de fallecimientos, puede llegar a tipificarse como crímenes de lesa humanidad. La verdad es que no hay elementos jurídicos suficientes para afirmarlo. Pero en el supuesto de que efectivamente se configurase ese tipo de delitos, el tribunal internacional competente es la Corte Penal Internacional. Y la activación de la jurisdicción de la Corte es muy complicada, en primer lugar, se requeriría que Nicaragua fuese Estado parte del Estatuto de Roma, y no lo es; la activación de la Corte Penal entonces se vuelve difícil, no imposible, hay otras maneras de que ejerza competencia la Corte, pero no lo veo yo manera inmediata.
Me parece es que hay una responsabilidad política y social del presidente Daniel Ortega frente a su población. En tiempos de pandemia, lo que quiere la población es el apoyo de sus líderes, tener confianza en sus instituciones. Las sociedades en donde hay líderes que están acompañando a la población en esta crisis sanitaria, y que además tienen confianza en sus instituciones, tienen la posibilidad de poder transitar de la manera menos dañina posible, y que se traduzca en un menor número de muertes, nadie quiere que los hospitales estén saturados, y que el número de contagios aumente, y el número de fallecidos también. Ahí yo veo, más bien, una responsabilidad política y social del presidente Ortega frente a la población nicaragüense.
