13 de marzo 2022
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Brian Nichols, subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, consideró que Cristiana Chamorro, su hermano, Pedro Joaquín Chamorro y tres extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh) declarados culpables por "cargos infundados", "sufrieron una terrible injusticia en manos de Ortega- Murillo".
"El verdadero objetivo del régimen son las libertades de los nicaragüenses, por ello han atacado a quienes las han defendido siempre", señaló a través de su cuenta de Twitter. Por su parte, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), calificó el juicio contra la Fundación como una "farsa judicial", donde "imperaron las ilegalidades".
Cristiana & Pedro J. Chamorro, y sus colegas condenados por cargos infundados, sufrieron una terrible injusticia en manos de Ortega-Murillo. El verdadero objetivo del régimen son las libertades de los nicaragüenses, por ello han atacado a quienes las han defendido siempre.
— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) March 12, 2022
"Después de siete días de tortura en El Chipote, el espurio Poder Judicial declaró culpables a exdirectivos y extrabajadores de la Fundación por delitos que no han cometido. Exigimos los liberen de inmediato", demandó el Cenidh, mediante su cuenta de Twitter.
Costa Rica: Fallo judicial es un "golpe adicional a la institucionalidad en Nicaragua"
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, a través de su canciller, Rodolfo Solano Quirós, señaló que el fallo judicial de culpabilidad contra los hermanos Chamorro Barrios y los extrabajadores de la Fundación constituyen "un golpe adicional a la institucionalidad en Nicaragua", a la vez, que demandó la "inmediata" liberación de los presos políticos y restitución de sus derechos.
Recordó además, que en un "Estado de Derecho se debe garantizar la independencia judicial, la cual nunca puede estar comprometida”, expresó Solano, según un comunicado oficial.
“Costa Rica insta a Nicaragua, en línea con lo planteado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde enero anterior, a garantizar el debido proceso, el acceso a una defensa adecuada y a cesar todo hostigamiento en contra de todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente.” especificó el canciller.
La noche de este viernes, tras siete días de audiencias, tres de ellas maratónicas, el juez Luden Martín Quiroz, del Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio de Managua, declaró culpables a la ex aspirante presidencial, Cristiana Chamorro por los supuestos delitos de lavado de dinero -cinco años- y apropiación y retención indebida-tres años-, sumando ocho años de prisión, y una multa equivalente a tres veces el valor del dinero supuestamente lavado.
También fueron declarados culpables en el mismo caso, dos extrabajadores de la FVBCh, Walter Gómez y Marcos Fletes, para quienes solicitaron 13 años de cárcel para cada uno; el conductor personal de Cristiana, Pedro Vásquez, para quien piden siete años y al exvicepresidente de la FVBCh y hermano de Cristiana, Pedro Joaquín Chamorro, cuya pena solicitada es de nueve años.
A Gómez y Fletes los acusaron de cuatro delitos: falsificación ideológica; gestiones abusivas; apropiación y lavado de dinero, más la multa de tres veces el valor del dinero supuestamente lavado. A Vásquez lo acusan de ser cooperador necesario por lavado de dinero. Además de los siete años que solicita la Fiscalía, piden una multa de tres veces el valor del dinero supuestamente lavado.
En el caso de Pedro Joaquín Chamorro Barrios, la Fiscalía lo declaró responsable de dos supuestos delitos: apropiación y retención indebida, y gestión abusiva, además de 300 días multa. En total, son nueve años de prisión.
Cristiana Chamorro expresó ante el judicial Luden Martín Quiroz: “usted me está violentando mi derecho a la libertad de expresión, que tanto defendió mi padre y yo estoy en la obligación de seguir defendiendo ese legado que dejó mi padre, el Mártir de las Libertades Públicas, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, y mi madre, la expresidenta Violeta Barrios”, señaló.
Las defensas de los implicados han señalado que la Fiscalía no logró probar ninguno de los delitos que les imputan a los acusados, inclusive, ni siquiera demostraron que el dinero con el que operaba la Fundación procediera de actividades ilícitas, factor condicionante para señalar que se trata de dinero "sucio". En todo momento el juicio estuvo plagado de violaciones constitucionales y al Código Procesal Penal.
De acuerdo con el escrito de la cancillería de Costa Rica, es "urgente" que Nicaragua permita el acceso a los representantes de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Tal como lo ha expresado la Organización de las Naciones Unidas. "Nicaragua está llamada a cooperar plenamente con los mecanismos de derechos humanos pertinentes”, señalaron.
