9 de junio 2022
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La deriva autoritaria en Centroamérica se debe a la "ausencia de referentes democráticos" en toda la región y a que los instrumentos existentes para frenar el autoritarismo, como las sanciones implementadas por Estados Unidos (EE. UU.) y la Unión Europea (UE), han tenido "efectos bastantes limitados", estima un grupo de académicos y defensores de derechos humanos que debatieron este martes sobre los desafíos de la democracia en la región.
La directora de la oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, en México, Carolina Jiménez Sandoval, señaló que desafortunadamente los referentes en Latinoamérica son los regímenes autoritarios, hasta el punto que "en Centroamérica nadie quiere ser Nicaragua y en Sudamérica nadie quiere ser Venezuela". En la región "no hay liderazgos democráticos que sean lo suficientemente fuertes que puedan parar esta deriva autoritaria", agregó.
Jiménez Sandoval —quien participó junto a otros académicos en el panel Estado de la Democracia en Centroamérica a 200 años de la Independencia— también advirtió que las sanciones que ha implementado EE. UU. y la UE contra regímenes autoritarios, como el de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, "claramente han tenido efectos bastantes limitados" y el afianzamiento del autoritarismo en la región demuestra que "los instrumentos que tenemos para tratar de frenar el autoritarismo tienen sus límites".
Para el presidente de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia, de El Salvador, José Marinero, "el autoritarismo nunca se ha ido de la región, siempre ha estado ahí". Lo que sucede, apuntó, "es que hemos tenido pequeños episodios democráticos, pequeños experimentos democráticos".
Sin embargo, en los últimos años se ha manifestado "una ola de autoritarismo en toda la región", apuntó Marinero. Esta ola autoritaria en El Salvador y otros países vecinos comenzó con la destrucción de las instituciones democráticas, empezando por el sistema de justicia; siguió con la marginación a los partidos políticos, luego la creación de una narrativa de odio y la creación de un enemigo permanente; luego se dio la militarización de la gestión pública, el desprecio por los derechos humanos, intolerancia a la crítica y el cierre del espacio cívico.
El fin es callar a la sociedad civil
A la directora para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y exfiscal general de Guatemala, Claudia Paz y Paz, la deriva autoritaria de su país le parece "una vergüenza". Ya que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) develó el sistema de corrupción política en el país, por lo que el Gobierno optó por cerrarse al escrutinio y expulsar a la CICIG. "A partir de ese momento vemos el deterioro", comentó.
"En Guatemala, como ocurre en Nicaragua, la herramienta para perseguir a la sociedad civil, a las personas defensoras de derechos humanos, a los líderes, a los periodistas, es la criminalización. Hemos visto como se han abierto causas penales injustamente. La criminalización es eso, el uso arbitrario del Derecho Penal para castigar a los opositores. No se tolera la crítica, no se tolera la oposición, y todo aquel que denuncie es judicializado para silenciarlo, ya sea porque esté privado de su libertad o porque se vea obligado a abandonar el país", precisó Paz y Paz.
Para la directora del observatorio ciudadano Urnas Abiertas, Olga Valle, el autoritarismo en Nicaragua no se da como algo espontáneo sino que es la continuación de una serie de pactos entre las élites políticas y económicas que se han venido dando de manera histórica en el país.
"En Nicaragua lo que sucedió es que no se tomaron acciones tempranas para un régimen autoritario emergente", advirtió Valle. "Hubo evidencia temprana y ojalá en ningún otro país esto pase desapercibido: los fraudes, la eliminación del pluralismo político y la competencia electoral; la monopolización de los medios de comunicación, anulación de actores sociales y sujetos políticos, supresión progresiva y sistemática de las libertades fundamentales y la concentración absoluta del poder", detalló.
Mientras tanto, el exdirector de la Cátedra Centroamericana de la Universidad de Costa Rica, Alberto Cortés Ramos, señaló que en Costa Rica, con sus particularidades, también se está viviendo "un proceso de transformación profunda" que genera mucha preocupación, ya que, valoró, "podría generar una nueva forma de Estado con mucho menos presencia y relevancia del sector público y también que podría revertir avances que se habían logrado en materia de derechos humanos".
