2 de febrero 2021
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Los diputados orteguistas de la Asamblea Nacional aprobaron este dos de febrero la reforma y adición a la Ley 406, del Código Procesal Penal de Nicaragua, para ampliar de 48 horas y hasta 90 días el plazo por el que una persona puede estar detenida para, según los argumentos sandinistas, realizar investigaciones "más profundas".
La medida ha sido polémica, pues la Policía del régimen de Ortega se mantiene en asedio constante contra los opositores al régimen, incluso contra beneficiados por la ley de autoamnistía orteguista, aprobada por el oficialismo en junio de 2019, que también son detenidos constantemente, y acusados por nuevos delitos.
En el debate parlamentario, el orteguista Carlos Emilio López, alegó que el actual plazo limita "una investigación exhaustiva", que deban realizar las autoridades y, según él, en la región latinoamericana los plazos de detención van entre los tres y los seis meses prorrogables.
El diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Jimmy Blandón, quien presentó su voto razonado contra la reforma, dijo que las condiciones actuales de los reos en Nicaragua hacen innecesaria esta reforma y se quejó porque muchos de ellos llegan a juicio sin que sus abogados defensores conozcan de sus casos.
"Es una realidad en Nicaragua que se violan las disposiciones constitucionales de garantías mínimas y las disposiciones del artículo 95 del Código Procesal Penal, relativas a los Derechos de los imputados y los acusados, cuando una persona está detenida se le niega el asesoramiento, las visitas y la defensa, además de eso la comunicación entre el detenido y su defensor es nula, el primer contacto se produce generalmente durante la audiencia preliminar cuando entre susurros el acusado le comenta al defensor cuál es su caso", dijo Blandón.
De ahora en adelante, la reforma realizada por los diputados orteguistas dejará el artículo 253 del Código Penal de la siguiente manera:
"Cuando la persona detenida sea puesta a la orden del juez dentro del plazo de las cuarenta y ocho horas posteriores a su detención, a petición del Ministerio Público se celebrará inmediatamente audiencia especial de tutela de garantías constitucionales, con el fin de solicitar la ampliación del plazo para investigar y se dicta detención judicial, siempre que se considere que los resultados de la investigación requieren mayor tiempo para complementar información o elementos de prueba suficientes para sustentar y formular acusación contra una o varias personas".
Además, se determina que, tras la solicitud realizada por el Ministerio Público, el juez deberá determinar si se amplía el plazo y que este no deberá ser menor de 15 días y no mayor de 90.
"Modernización", alegan diputados orteguistas
La presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea, la sandinista María Auxiliadora Martínez, dijo que esta reforma es parte de "la modernización de nuestro sistema jurídico".
"Esta es una reforma que está en concordancia con los preceptos constitucionales que establecen los derechos y garantías de las personas sometidas a procesos penales. De manera particular en concordancia con el artículo 33 de nuestra Constitución Política que establece que nadie puede ser sometido a detención arbitraria sin ser privado de su libertad salvo por causas fijadas por la Ley", dijo Martínez.
Sin embargo, los opositores en Nicaragua han denunciado centenares de detenciones ilegales realizadas por la Policía de Ortega. Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado desde las protestas de abril de 2018, que en Nicaragua persisten "detenciones arbitrarias e ilegales", en contra de opositores.
"(La CIDH) ha logrado establecer que 1614 personas han sido privadas de la libertad por su participación o apoyo a las manifestaciones sociales iniciadas en abril de 2018. Al 31 de mayo, al menos 80 personas continuarían detenidas", dice la CIDH en un informe emitido en 2020.
A diciembre de 2020, la CIDH anunció que en Nicaragua existían por lo menos 113 políticos en las cárceles de Daniel Ortega. Muchos de ellos detenidos por su participación en manifestaciones en contra del régimen.
La también sandinista Irma Dávila, expresó que "no hay ninguna contradicción con la Constitución Política", en relación a los cuestionamientos de que esta reforma va en contra de la Carta Magna nicaragüense.
"Aquí no estamos hablando de una reforma política, por lo tanto tenemos suficientes argumentos y elementos para defender esta reforma desde el punto de vista jurídico. Lo político que lo vayan a discutir a otro lado", dijo Dávila a los liberales en el hemiciclo.
El defensor de derecho humanos, Gonzalo Carrión, aseguró a CONFIDENCIAL que con esta reforma los sandinistas están terminando con el principio de presunción de inocencia pues "te meten preso, te presumen culpable y hasta después te investigan".
"Esta reforma penal viene a fortalecer el estado policíaco que tenemos en Nicaragua, que contradice la misma Constitución Política de Nicaragua y los derechos humanos. Quieren legalizar lo que ya vienen haciendo que es meter preso a cualquier ciudadano sin las debidas pruebas", cuestionó.
