11 de junio 2024
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El próximo 26 y 28 de junio, durante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), se debatirá un proyecto de resolución que exige la “inmediata” liberación de los presos políticos en Nicaragua y que insta a Estados del hemisferio a redoblar esfuerzos que faciliten acciones para el cese de las violaciones a los derechos humanos en el país.
La iniciativa demanda que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo “libere inmediata e incondicionalmente a todas las personas que hayan sido privadas de su libertad por motivos políticos o religiosos”.
El documento que fue redactado por Canadá y avalado por otros países miembros de la OEA como Antigua y Barbuda, Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, República Dominicana, Estados Unidos y Uruguay cita que existe una “profunda” preocupación por el deterioro de los derechos humanos en Nicaragua, que se ha incrementado desde 2018, periodo en el que se registran más de 300 asesinatos por razones políticas.
Nicaragua salió de la OEA el 19 de noviembre de 2023, convirtiéndose en el segundo país de América Latina que abandona voluntariamente el organismo –el primero fue Venezuela–.
La salida de Nicaragua de la OEA se da al cumplirse dos años desde que el régimen Ortega-Murillo denunció la Carta Constitutiva del organismo. La dictadura argumentó supuestas y “constantes actitudes injerencistas” del organismo regional, relacionadas a la aprobación de resoluciones que condenaron sus atropellos contra el pueblo nicaragüense.
Restablecer los derechos
El borrador de la resolución pide a los Estados miembros “redoblar sus esfuerzos por facilitar, por medio de acciones individuales o colectivas, el cese de la violación a los derechos humanos, poner fin a la persecución ideológica ya sea política o religiosa”.
Además, solicitan la recuperación de las instituciones democráticas y del Estado de derecho de Nicaragua por medio de un “diálogo constructivo” que permita a Nicaragua cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos “incluida la rendición de cuentas por parte de las instituciones del Estado por falta de observancia de los derechos humanos”.
El texto detalla que observan la situación de desplazamiento de más de 270 000 nicaragüenses que han buscado asilo en todo el mundo; y muestran preocupación por la supresión de espacios cívicos mediante la cancelación de más de 3000 organizaciones de la sociedad civil, la privación de nacionalidad y los derechos políticos de más de 300 personas y la situación de, al menos, 54 medios de comunicación que han cerrado o fueron confiscados y los más de 250 periodistas obligados a exiliarse.
El proyecto de resolución llamado “Seguimiento de la Situación en Nicaragua”, puntualiza que es necesario restablecer regresar el derecho de los nicaragüenses de entrar y salir del país sin problemas e insiste “en el fin inmediato de la impunidad de las instituciones estatales y otros actores que perpetraron graves violaciones de derechos humanos”.
También pide al régimen de Daniel Ortega que respete todas las medidas otorgadas por la CIDH “abstenerse de reprimir y detener arbitrariamente a líderes de la Iglesia evangélica, y proporcionar información sobre la salud física y psicológica de los 11 líderes religiosos de Puerta de la Montaña”, quienes se encuentran recluidos en instalaciones de máxima seguridad.
En el proyecto solicitan al Gobierno de Nicaragua “involucrarse constructivamente con el sistema interamericano de derechos humanos, facilitando el escrutinio internacional en el marco del derecho internacional, permitiendo el ingreso a su territorio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Seguidor Especial, Mecanismo de adhesión, así como otros organismos internacionales competentes”.
Las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua hacen que la OEA encomiende al Consejo Permanente mantenerse informado en el marco de los instrumentos interamericanos, de la situación de Nicaragua, “facilitando y articulando iniciativas de diálogo, negociación y visibilización en pos de los objetivos de esta resolución, y dentro de los límites de ley internacional”.
La resolución redactada por Canadá será clave en la deliberación de la Asamblea General que se efectuará en Paraguay el 26 y 28 de junio.
