23 de marzo 2023
El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, confirmó que el Gobierno de España ha recibido la solicitud de nacionalidad de 81 de los nicaragüenses despojados de su ciudadanía y expulsados del país por el régimen de Daniel Ortega.
El número de peticiones se debe al ofrecimiento del Gobierno español, extensivo a todas las personas afectadas hasta ahora, un total de 317 nicaragüenses, y que lo pudieran estar en el futuro por esa pena "infamante e infame".
Antes de partir hacia Santo Domingo para participar en la XXVIII Cumbre Iberoamericana, Albares firmó el documento que permitirá a los apátridas obtener la nacionalidad española "por carta de naturaleza", la vía más rápida para lograrlo, sin necesidad de cumplir los requisitos de origen, opción o residencia.
El ministro ha insistido en que la oferta del Gobierno español se dirige a todos los nicaragüenses que estén o puedan estar en esa situación "absolutamente sin sentido".
Aunque estas personas decidan quedarse en otros países centroamericanos o Estados Unidos y no vayan a trasladarse a España, ha dejado claro Albares, "eso no será óbice para que la nacionalidad española les cubra y les proteja".
En cuanto a quienes han tenido que salir del país prácticamente "de la noche a la mañana" y no tengan medios para desplazarse a España, si así lo desean, el ministro ha asegurado que el Gobierno les va a ayudar a viajar y a "iniciar una nueva vida aquí tanto tiempo como sea necesario".
El pasado 9 de febrero, las autoridades nicaragüenses expulsaron a Estados Unidos a un grupo de 222 presos políticos a los que señala como "traidores a la patria", incluidos siete aspirantes a la Presidencia que intentaron disputarle el poder a Ortega y cinco sacerdotes, que fueron inhabilitados de por vida para ejercer cargos públicos o de elección.
Al día siguiente, el régimen continuó la embestida con el obispo de la diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, a quien condenó en un juicio espurio a 26 años de prisión, la inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos y el despojo de su nacionalidad nicaragüense.
Además, el día 15 de febrero, otros 94 nicaragüenses, entre ellos religiosos, diplomáticos, exfuncionarios de Estado, defensores de derechos humanos, disidentes sandinistas, opositores, periodistas, académicos, estudiantes, empresarios y comerciantes, fueron despojados de su nacionalidad.
Entre los afectados por la medida están los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli y el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, entre otros.