27 de noviembre 2015
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No es nueva la utilización de la violencia política por parte del régimen chavista – aunque encubierta mediante grupos afectos- en las numerosas campañas electorales que se han desarrollado durante sus 16 años de (des) gobierno. Es una vieja y exitosa táctica de amedrentamiento utilizada por los gobiernos dictatoriales, especialmente por los de vocación comunista. Pero nunca la violencia había sido tan descarada y agresiva como en la actual campaña a la elección de una nueva Asamblea Nacional, el próximo 6 de diciembre.
Desde el pasado 13 de noviembre que se inició la campaña electoral hasta el momento de escribir estas líneas, la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha denunciado unos ocho casos de ataques violentos en contra de líderes opositores, resultando el más reciente con la muerte del secretario general del partido socialdemócrata Acción Democrática (AD) en el estado Guárico de Venezuela, Luis Manuel Rodríguez, quien fue asesinado mientras se encontraba en una tarima en un acto proselitista junto a Lilian Tintori, la reconocida esposa del dirigente opositor Leopoldo López, preso ilegalmente en una cárcel militar desde hace un año.
En este caso, el asesinato se perpetró a balazos desde un carro y a apenas horas de haber sucedido, la Fiscalía se apresuró a asegurar – sin investigación mediante- que tan sólo se trataba de un ajuste de cuentas entre bandas rivales, argumento posteriormente utilizado por el presidente Nicolás Maduro y el actual presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, quienes han negado enfáticamente las acusaciones opositoras.
A este espiral de actos violentos que son difíciles de probar y por tanto de atribuir legalmente al gobierno de Nicolás Maduro y su Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en virtud de que para evadir la censura nacional e internacional no son realizados por las fuerzas militares y policiales del régimen sino por militantes de ese partido y/o por grupos armados pro oficialistas denominados “Colectivos”, cabe sumar los discursos cada vez más agresivos de los funcionarios gubernamentales.
El propio Maduro viene amenazando desde mediados de año -y con mayor énfasis durante las recientes semanas- en lanzarse a la calle junto al “pueblo” para “defender la revolución” en caso de una victoria de la oposición en las elecciones parlamentarias. Sin tapujo alguno el jefe del Estado habla de una guerra civil si el oficialismo pierde poder.
Esta insolente y creciente violencia verbal y física, no hace sino evidenciar la desesperación gubernamental ante la posibilidad cada vez más probable de que pierda la mayoría parlamentaria, como indican la mayoría de las encuestas de opinión pública nacionales. Se trata de un último intento por producir una abstención popular significativa el día de las elecciones porque pareciera que el ventajismo, el abuso y demás triquiñuelas electorales que viene utilizando en los comicios pasados, ya no le son suficientes para obtener la mayoría de los votos.
Es difícil predecir hasta qué punto esta arremetida violenta surtirá el esperado efecto de desmovilización de una buena parte del electorado venezolano, o si más bien será contraproducente y producirá más hartazgo y activación ciudadana. Pero más allá de que suceda una u otra cosa, y que gane o pierda el gobierno la mayoría del Parlamento, sí es posible afirmar desde ya que esta embestida le está causando al régimen mayor descrédito, desconfianza y presión nacional e internacional en su contra. Así lo evidencia la respuesta inmediata y dura de algunos actores hemisféricos a la encubierta violencia política oficialista.
El más reciente comunicado del secretario general de la OEA, Luis Almagro, es lapidario. Aunque sin decirlo expresamente, el jefe del aún principal ente regional responsabilizó al gobierno de Maduro de la violencia al refutarle que el asesinato del dirigente opositor no fue un episodio aislado –como aseguró un vocero gubernamental- “sino que se da conjuntamente con otros ataques realizados contra otros dirigentes políticos de la oposición en una estrategia que procura amedrentar a la oposición”. También al exigirle “actuar ya” para que las elecciones “no sean un ejercicio de fuerza, violencia y miedo”; que “haya las garantías más absolutas para todos”; y a “poner fin a los discursos cargados de amenazas, de pronósticos oscuros y a desarmar a cualquier grupo civil armado, especialmente aquellos que dependen del gobierno o del partido de gobierno” .
Y aun cuando el régimen de Maduro haga caso omiso al descrédito, la desconfianza y la presión nacional e internacional en su contra, ellas contribuyen a despojarle la pátina democrática que aún le interesa mantener especialmente cara al exterior, y además le restan en estabilidad y gobernabilidad política, elementos éstos esenciales para mantenerse en el poder hasta el final de su mandato.
