13 de febrero 2021
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Las ciencias sociales: Historia, Antropología, Sociología, Economía, Sicología de Masas, Política y Derecho, son herramientas útiles, para tratar de entender, desentrañar y barruntar el futuro, inmediato y mediato de los fenómenos sociopolíticos de nuestro entorno.
Vamos ya a cumplir tres años del estallido social de abril de 2018, y hemos decidido tomarnos de la mano de Elías Canetti, Premio Nobel de Literatura (Masa y Poder, Muchtnik Editores, 1981, Barcelona) para prestarle algunas categorías y reflexiones.
Canetti, quien dedico 50 años de su vida a estudiar el fenómeno de las masas a partir de verse envuelto, accidentalmente, en un estallido social espontáneo, cuyo detonador fue una sentencia que el pueblo consideró injusta y terminó con la quema, por la masa enardecida, de la sede del Tribunal, denomina “descarga” al momento que marca el inicio natural de la desintegración de la “masa abierta”.
En el ámbito estructural y organizativo, posterior a lo que fue un estallido social espontáneo —salvo mejor evidencia que no conozco, la teoría de la conspiración y el “Golpe de los Minúsculos” solo existe en la mente febril y opiácea de OR-MU—, se forman, siguiendo de la mano del Premio Nobel alemán, los “cristales de masa”:
“Sólo en casos de cambios especiales y muy serios hay hombres que rompen viejas ataduras y contraen otras nuevas. A tales lazos, que por su naturaleza sólo pueden admitir un número limitado de miembros y deben asegurar su existencia mediante estrictas reglas, las denomino cristales de masa.”
En su origen, la Alianza Cívica, hoy Alianza Ciudadana, no fue en propiedad un “cristal de masa”, recordemos que la Conferencia Episcopal reunió, en su papel de facilitador del diálogo frustrado con la dictadura, a un grupo de personalidades, supuestamente representativas de la sociedad civil. Monseñor Báez, en su momento, reivindicó la paternidad de “ese Frankenstein”, como él lo llamó, y los propuestos fueron, incluso, objeto de veto por parte de OR-MU, recuerdo que el Dr. Medina Sandino y Francisca Ramírez, no fueron “aceptados” como dialogantes.
La Unidad Azul y Blanco (UNAB), por su parte, surge de la catalización de los sectores que en su momento se denominaron “autoconvocados” y, la incipiente llamada, “articulación de movimientos sociales”, bajo una beligerante asesoría de segundo piso, brindada por intelectuales y políticos de izquierda, que tienen su cordón umbilical sembrado en la épica de los años 70´s y 80’s. La UNAB, en su núcleo, se asemeja más que la Alianza Cívica a esos “cristales de masa” de los que habla nuestro autor; también son de esta naturaleza otros grupos activos y beligerantes, como los derivados del secuestro y encarcelamiento, mismos que durante meses, desde las ergástulas OR-MU, fueron el sector más activo de la resistencia cívica, algunos grupos de la diáspora y el núcleo duro del Movimiento Campesino que se han definitivamente cristalizado.
Las “Caravanas de la Muerte” que se movieron sembrando el terror entre la población durante varios meses, resultantes de la simbiosis OR-MU, reunieron al amparo de la complicidad del Ejército, a fanáticos “excombatientes históricos” —que repudian, dentro del binomio OR-MU a Murillo—, con la falange “Murillista”, ambiciosa de un poder fáctico que ni siquiera construyeron, pero del que se pretenden herederos. Una especie de la “masa cerrada” —siempre de la mano de las categorías de Canetti— convertida en muta, lograron, o han logrado hasta ahora, impedir, o retrasar, la reagrupación de la “masa abierta” que tiene por finalidad un objetivo esencial bastante abstracto, pero inaplazable: justicia y democracia, mismo que, por abstracto, para hacerlo tangible, identifican trascendentalmente con un hecho histórico futuro inexorable, el fin de la dictadura.
Es en ese accionar dirigido a terminar con la dictadura, donde se generan la confusión y las dificultades. Como “masa abierta”, el fenómeno que se desarrolló a partir de abril del 2018, tuvo que escoger entre la destrucción y la lucha cívica pacífica; y, con un nivel de conciencia subconsciente, o inconsciente, sin precedentes en la historia, escogió la lucha cívica pacífica. Esta escogencia del método, si bien será, en el futuro mediato, materia de estudio en las ciencias sociales, y en el ulterior de loas y reconocimientos a una decisión generacional que, inexorablemente. cambiará para siempre la historia, a lo inmediato, atrajo la atención social a la vía electoral.
Si los conceptos esenciales: justicia y democracia, son demasiado abstractos para conducir la acción de la masa abierta; si la finalidad de terminar con la dictadura, trasciende fenoménicamente, luego de escoger la vía cívica pacífica, como método estratégico; y, si el proceso electoral, constitucionalmente previsto para este año 2021, aparece como táctica inmediata, en el seno de los movimientos protoorganizativos: Alianza Ciudadana y UNAB, se disparan todo tipo de vigores y fuerzas, en una irrefrenable carrera contra el tiempo.
Lo que fue originalmente la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, creada por escogencia consensuada entre la Conferencia Episcopal y la dictadura, como un grupo de interlocutores para el diálogo, vio primero la fuga de las personalidades más destacadas que la conformaron, luego, el asalto de su conducción por sus propios asesores, para finalmente suscribir una alianza electoral con un partido político propietario, por gracia de la dictadura, de una casilla para participar en las elecciones por venir.
La UNAB, por su parte, privilegió el trabajo estructural, orgánico y territorial, extendiéndose a la mayoría de los municipios del país, dotándose de lo que llaman Consejos Municipales, una Asamblea Ciudadana y un Consejo Político: ¡Bien hecho!; pero no terminan de resolver un dilema fundamental: ¿Obtener o no la personería como partido para ir a las elecciones; o “comprar carro usado” para hacer el viaje? Por otro lado, en esa irrefrenable carrera contra el tiempo, en la configuración de sus estatutos y en la selección —o debería decir, elección— de sus liderazgos, de cara a unas elecciones generales, no deja de sentirse una cierta urdimbre preconfigurada generadora de desconfianza.
De pronto tenemos ya varios precandidatos nominados, y ya se deja sentir el peso de sus personalidades; ha surgido también una Comisión de Buena Voluntad, para buscar acercar a esos precandidatos y tratar de reeditar el capítulo del Bambana 1989; pero, el Bambana 1989, si bien tuvo como resultado: el final de la primera era del sandinismo en el Gobierno, en 1990, también tuvo graves consecuencias, de las que aún no salimos.
La Coalición UNO se desintegró al día siguiente de las elecciones de 1990; el fenómeno Alemán, reconstruyó al PLC, destruyendo desde su base los Acuerdos del Bambana y se preparó para asaltar el poder en 1997; Virgilio Godoy, vicepresidente electo, quedó políticamente desempleado y nulificadas las fuerzas políticas que en él se representaban; Toño Lacayo (q.e.p.d.), se erigió en el hombre fuerte, por encima incluso de Doña Violeta; bajo la consigna “gobernar desde abajo” Murillo, instrumentalizando a Ortega y los símbolos de la épica sandinista, fue preparando la instauración de la dictadura que hoy vivimos; las tardías reformas constitucionales de 1995, pretendiendo la continuidad de los grupos empoderados y explotando las luchas internas, condujeron el país al caos; al Gobierno del ingeniero Bolaños, le tocó, como se dice: “bailar con la más fea”, aplicar duras medidas macroeconómicas, gobernar sin partido y ver surgir el Pacto Alemán-Ortega que puso la alfombra roja para el aterrizaje en 2007 de OR-MU.
Moraleja: una versión del Bambana.2 , daría como resultado un 2007.2 en 2026. Es preferible, si queremos realmente alcanzar la justicia y la democracia, no volver a caminar los mismos caminos. Las fuerzas políticas honestas deben comprometerse, no en la búsqueda prematura de un candidato para la Presidencia, sino de los 90 candidatos a diputados. Si se logra configurar una lista única, coherente y homogénea, en tormo a un plan único, las leyes que viabilizarán ese plan, durante el período 2022-2027 fluirán con eficacia.
Un Plan de Nación —para que no resulte también ser un concepto abstracto—, se concretiza en una Constituyente, misma que debería ser electa en un plazo no mayor de un año, después de la investidura del 10 de enero de 2022.
En los primeros 100 días del próximo Gobierno, se debe aprobar una Ley de Memoria Histórica y una Ley de Justicia Transicional, con una Fiscalía Especial; lo mismo, dentro de esos 100 días deben ser derogadas, una por una, todas las leyes represivas que, como dice Luis Galeano, criminalizan la democracia; la revisión de todos los nombramientos hechos, por la Asamblea Nacional saliente, deben ser meticulosamente revisados, por mandato de otra ley.
El Poder Legislativo, debe ser el eje y el motor del plan de nación y no la Presidencia, que es posible también ganarla y vamos por ella, pero yo preferiría que esos excelentes ciudadanos que hoy se autopostulan o son postulados, demuestren su talante y su talento dándole forma a leyes transicionales que sienten las bases para construir ese Estado democrático, social y de derecho que anhelamos.
