Una insurrección anunciada en Brasil

SAN PABLO – El asalto a las instituciones democráticas de Brasil este fin de semana no fue un “accidente” espontáneo. Los complots conspirativos y los llamados a un golpe militar han venido circulando en las redes sociales de extrema derecha desde hace meses y, como era de esperarse, se intensificaron después de que Luiz Inácio Lula da Silva derrotara a Jair Bolsonaro en la elección presidencial de octubre pasado. Y se dispararon en los días previos a que las protestas de este fin de semana sacudieran al país más grande de América Latina.

La mayoría de los militantes que atacaron el Congreso Nacional, la Corte Suprema y el Palacio Presidencial al mismo tiempo eran aficionados amenazantes. Al igual que la mayoría de los insurgentes que atacaron el Capitolio de Estados Unidos hace dos años, usaron la ocasión para destrozar oficinas y sacarse fotos (inclusive con varios oficiales de policías que parecían reacios a intervenir). Pero a no equivocarse: este ataque violento constituye la amenaza más importante para la mayor democracia de América Latina desde el golpe de 1964 que dio lugar a dos décadas de dictadura militar.

La idea de los manifestantes de extrema derecha de que la elección de 2022 le fue de alguna manera “robada” a Bolsonaro no sorprende. Durante años, Bolsonaro, sus hijos y un puñado de asesores, influenciadores y operadores políticos conocidos como el “gabinete del odio” han alimentado a sus seguidores con una dieta constante de desinformación e información errónea.

El objetivo siempre fue minar los cimientos de la propia democracia. Durante los cuatro años de Bolsonaro en el poder, él y sus aliados desafiaron la integridad del proceso electoral y pregonaron los argumentos espurios de elecciones amañadas y malfuncionamiento de las máquinas de votación electrónica. Bolsonaro luego encendió el fusible para el ataque y huyó de la escena del crimen. En lugar de participar en la asunción de Lula -siguiendo la tradición democrática del país-, se marchó a una casa alquilada en Orlando, Florida. Y ha negado cualquier participación en el comportamiento de sus seguidores.

Los paralelismos entre las protestas violentas de Brasil y la insurrección del 6 de enero de 2021 en Estados Unidos tampoco son un accidente. Bolsonaro es un ferviente admirador del ex presidente norteamericano Donald Trump y ha sido asesorado por ex colaboradores de Trump como Steve Bannon y Jason Miller, inclusive en las semanas posteriores a su derrota electoral. Después de reunirse con Trump y sus colaboradores en noviembre, el hijo de Bolsonaro, Eduardo, hizo circular un video de Bannon pronunciando teorías conspirativas sobre el supuesto uso por parte de Lula de las máquinas de votación para robar la elección.

Luego de la insurrección del 6 de enero en Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro dijo que, si los manifestantes hubieran estado más organizados, “tendrían el poder de fuego para garantizar que nadie (entre los manifestantes) muriera, y que se matara a todos los policías adentro -o a los congresistas que tanto odian”-. Bannon desde entonces ha contratado a Eduardo Bolsonaro para desempeñarse como el emisario sudamericano para su propia campaña populista global, El Movimiento.

Al igual que Trump en 2020, Bolsonaro se negó a reconocer la elección. Por el contrario, él y sus hijos cuestionaron enérgicamente la validez del proceso, intentaron revertir los resultados en los tribunales, desafiaron la legitimidad del presidente electo e instaron a sus seguidores a tomar las calles.

Algunos de los seguidores más devotos de Bolsonaro respondieron al llamado. Montaron campamentos físicos en la capital, Brasilia, organizaron protestas, alentaron a los camioneros a levantar barricadas y difundieron mensajes en redes sociales defendiendo una intervención militar para impedir que Lula asumiera el poder -un objetivo que la familia Bolsonaro solía sugerir en el pasado-. Cuando el esperado golpe no se materializó, los seguidores más devotos de Bolsonaro tomaron las cosas con sus propias manos.

La insurrección rápidamente se acalló después de que Lula decretara una emergencia federal. Más de 1.000 manifestantes fueron arrestados. Sin embargo, como sucedió en Estados Unidos después del 6 de enero, millones de brasileños se asombraron al ver cómo su capital era invadida tan fácilmente. Los principales organismos de gobierno del país fueron vulnerados en minutos y, si bien hay bastantes responsabilidades para repartir, gran parte de la atención se ha centrado en el gobernador del distrito de la capital, su jefe de seguridad pública y la policía estatal connivente. En el lapso de horas, la oficina del fiscal general solicitó el arresto del secretario de Seguridad Pública de Brasilia (que anteriormente había sido ministro de Justicia de Bolsonaro) y la Corte Suprema suspendió al gobernador de Brasilia por 90 días, mientras se lleva a cabo una investigación exhaustiva. Lula, su ministro de Seguridad Pública y Justicia y la Corte Suprema han prometido procesar a todos los implicados.

El restablecimiento del orden no implica que la democracia brasileña esté a salvo. Si bien la insurrección puede unificar a partes de la sociedad contra el extremismo radical, la actividad de las redes sociales ya sugiere que la polarización podría profundizarse en un país que ya está extremadamente dividido. Muchos manifestantes militantes y simpatizantes de derecha se sentirán envalentonados por su ataque. Algunos de los que fueron trasladados a la cárcel serán considerados mártires y defensores heroicos de la libertad. Al catalogarlos de “terroristas” y “fascistas”, el gobierno y los medios tradicionales corren el riesgo de ganarse la antipatía de millones de seguidores más moderados de Bolsonaro.

La democracia nunca se puede dar por sentada. Los edificios, sede de los llamados “tres poderes”, que fueron saqueados este fin de semana fueron los mismos lugares donde se llevó a cabo un acto de asunción exultante hace apenas unos días. Las democracias empiezan a desmoronarse cuando grandes segmentos de la población pierden la fe en las instituciones y desconfían de las autoridades electas y de los funcionarios públicos. Y como hemos visto en Brasil y muchas otras democracias en todo el mundo, las redes sociales tienden a acelerar este proceso, especialmente cuando es alimentado por líderes electos que son hostiles a la democracia, como fue el caso con Trump y Bolsonaro. Bolsonaro abandonó el cargo enfrentando más de 152 pedidos de juicio político, muchos de ellos por abuso de cargo público.

El gobierno de Lula hoy enfrenta un desafío gigantesco. Investigar las protestas violentas y restablecer la fe en las instituciones democráticas será lo que dominará la agenda política, desviando la atención de los esfuerzos por abordar cuestiones sociales, económicas y ambientales urgentes. Apenas menos de la mitad de los votantes de Brasil seguirán apoyando a Bolsonaro o ven a Lula y a su Partido de los Trabajadores con persistente sospecha por los escándalos de corrupción de su presidencia anterior en 2003-10. Si bien las escenas de vandalismo de este fin de semana pueden repugnar a la mayoría de los brasileños, un mal manejo de las consecuencias podría profundizar los sentimientos antidemocráticos. Como en Estados Unidos, detener y encarcelar a los insurgentes es la parte fácil. Curar las divisiones que los motivaron será una tarea mucho más difícil.

*Robert Muggah, cofundador del Instituto Igarapé y del Grupo SecDev, es miembro del Consejo Mundial Futuro sobre las Ciudades del Mañana del Foro Económico Mundial y asesor del Informe sobre Riesgos Globales.  Copyright: Project Syndicate, 2023.