1 de septiembre 2024
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Además de tensiones en la relación con Estados Unidos y Canadá, por su plan de reforma judicial, el presidente Andrés Manuel López Obrador dejará a su sucesora Claudia Sheinbaum otra herencia internacional de última hora: el apoyo a Nicolás Maduro.
Es posible que, al asumir el mando el próximo 1 de octubre, la nueva mandataria mexicana, que obtuvo el mayor caudal de votos de la historia, tenga que estrechar la mano a quien no ha podido, un mes después, mostrar la prueba de lo que afirma ser su triunfo electoral.
La reacción oficial mexicana ante la crisis poselectoral en Venezuela transitó por reacomodos entre comunicados de la cancillería y las conferencias mañaneras del mandatario.
Al principio México defendió el punto clave de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) exhibiera las actas de votación.
López Obrador fue sensible a la idea de un recuento total de votos, porque de inmediato evocó su propia experiencia como candidato en las elecciones de 2006.
La autoridad declaró entonces presidente a Felipe Calderón, por una diferencia de algo más de 200 mil votos, el 0.56 por ciento de la votación. López Obrador rechazó el resultado, alegó fraude y exigió una revisión íntegra de las boletas, lo que nunca ocurrió.
El presidente mexicano recuerda con insistencia aquel episodio. En relación a Venezuela repitió la consigna con la que movilizó a sus simpatizantes hace 18 años: “¡Voto por voto! ¡Casilla por casilla!”
“Si existen dudas”, dijo de Venezuela, “que se den a conocer los resultados, que se limpie la elección si es que hace falta, que se cuenten votos, lo que aquí no quiso ni (el presidente Vicente) Fox ni Calderón”.
Pero López Obrador puso enseguida objeciones a cualquier participación externa: “¿Qué no tienen los gobiernos de otros países, pequeños, medianos o grandotes, cosas qué hacer? ¿Qué se tienen que estar metiendo en asuntos de otros países? ¿Por qué el injerencismo?”
Una declaración conjunta de Brasil, Colombia y México confirmó la necesidad de la exhibición de actas y agregó el reclamo de una “verificación imparcial” de los resultados.
En un segundo comunicado, los tres gobierno precisaron, además, que es el CNE, no el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la autoridad a la que corresponde por ley la divulgación de los resultados electorales.
Era una reacción a la salida que encontró Maduro al promover un recurso ante el TSJ, saltarse al Consejo y evitar la exhibición de las actas de votación.
México estuvo ausente en la sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) que discutió el caso de Venezuela, el 31 de julio.
Pudo debatir, negociar el proyecto de resolución, votar en contra o abstenerse, pero el abandono de la plaza ya revelaba el rumbo que tomaba entonces la posición mexicana.
La canciller Alicia Bárcena entró en una ronda de consultas. Habló con su colega español José Manuel Albares y el secretario de Estado Antony Blinken y viajó a Chile, donde se entrevistó con el presidente Gabriel Boric. Ninguno de esos contactos tuvo resultados prácticos.
López Obrador insistió en el recuento de votos y el veto a la participación exterior, pero ya abiertamente cambió el enfoque en su conferencia del 15 de agosto, cuando planteó esperar el fallo del TSJ y evitar toda opinión de cualquier tipo sobre la crisis.
Por una parte le abrió el camino a Maduro para que obtuviera una declaración de ganador sin exhibir resultados, una práctica insólita en cualquier sistema electoral.
Por otro lado, López Obrador descolgó a México del incipiente mecanismo con Brasil y Colombia, única ventana multilateral viable en este caso para México, que ignoraba a la OEA y se distanciaba de la mayoría de la región, unida en la exigencia de exhibición de actas.
Con esas rupturas, la crisis venezolana dejó colapsada a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), ya sacudida por la errática conducción hondureña.
En los días siguientes ya no hubo más comunicados de la cancillería. López Obrador insistió en sus conferencias en evitar cualquier participación exterior en la búsqueda de soluciones para Venezuela.
Ignoró así la experiencia mexicana, algunas de cuyas decisiones, fincadas en razones de seguridad nacional, influyeron de manera sustancial en conflictos vecinos: sólo en poco más de medio siglo, la ruptura de relaciones con Somoza (1979), la declaración franco-mexicana sobre El Salvador (1981), el Grupo Contadora para Centroamérica (1983) o el auspicio de mesas de paz para Colombia desde los años noventa.
Aún si López Obrador quisiera borrar la trayectoria de la diplomacia mexicana, tendrá que tomar nota de que, ya en los últimos meses, Maduro ha discutido y adoptado acuerdos sobre asuntos internos con Estados Unidos (Qatar, 2023) y ha negociado con la oposición con la mediación de terceros (Barbados, 2023), con una larga fase previa, cuya sede fue la Ciudad de México.
Por último, aunque no menos importante, López Obrador, que ha declarado su interés por resolver las causas de la migración, tendrá que observar cómo la crisis electoral y su secuela de represión y violencia son combustible para el éxodo venezolano de casi ocho millones de personas en los últimos años. Para México, una razón de seguridad nacional.
*Artículo publicado originalmente en Medium.
