Un monumento al crimen contra la libertad de prensa

El régimen Ortega Murillo ejecutó este martes el acto final de la confiscación ilegal de los medios de comunicación CONFIDENCIAL y Esta Semana y la empresa de consultoría Cabal, propiedad de mi esposa Desirée Elizondo, con la complicidad de la cúpula política del Ministerio de Salud.

Hace más de dos años, en la medianoche del 13 de diciembre de 2018, la Policía asaltó nuestra redacción por órdenes su jefe supremo Daniel Ortega. Se robaron 35 computadoras, un estudio de televisión recién estrenado, siete cámaras y dos editoras de televisión, y decenas de accesorios de producción audiovisual, así como la documentación contable e institucional de tres empresas, bienes personales y toda nuestra información privada en formato físico y digital.

Un día después, se impuso una ocupación policial armada de forma permanente, en la que nuestra redacción fue convertida en un cuartel policial. Durante ese lapso de tiempo, la Corte Suprema de Justicia admitió tres Recursos de Amparo en los que le solicitamos que ordenara el cese de la ocupación. Sin embargo, a pesar de las pruebas que demostraban la ilegalidad, nunca los falló.

El 22 de diciembre de 2020, el régimen anunció por la vía de hecho, mediante la instalación de un rótulo, la confiscación ilegal la propiedad al asignársela al Ministerio de Salud, en abierta violación a la ley y la Constitución Política.

Este martes 23 de febrero de 2021, en la redacción de CONFIDENCIAL y Esta Semana, y en las oficinas de Cabal, que operaban desde 2004 en ese mismo edificio, el Minsa instaló una “Casa Materna para el Distrito I”, y donde funcionaba el canal 100% Noticias desde 2006, inaugurarán en los próximos días un “Centro de atención a personas con adicción de alcoholismo y/o drogadicción”. Adicionalmente, en la sede del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) en Juigalpa ahora hay un puesto de salud, y en la propiedad del Instituto para la Democracia (Ipade) se instalará un “Centro para diabéticos”.

Con estas publicitadas “obras de salud”, que se presentan ante los partidarios del régimen como un acto de generosidad del “comandante y la compañera”, se pretende sellar el cierre de dos medios de comunicación independientes, ejecutado manu militari, y la clausura de varias organizaciones no gubernamentales que promueven los derechos humanos y la cultura de valores democráticos y derechos ciudadanos.

En realidad, se trata de un burdo intento de “lavar” un crimen de Estado contra las libertades de prensa, de expresión, y de asociación. El Gobierno ha violado el artículo 44 de la Constitución Política que de forma taxativa establece que en Nicaragua “está prohibida la confiscación de bienes”. Y al apropiarse de estos bienes y propiedades, las tres titulares del Ministerio de Salud, Martha Reyes, Sonia Castro, y Carolina Dávila, son corresponsables de esta violación a la Constitución y, según el mismo artículo 44, “deben responder por los daños inferidos”.

Como los narcotraficantes y el crimen organizado, Ortega y Murillo han intentado “lavar” su crimen, encubriendo el cierre de un medio de comunicación como si los servicios de salud que está obligado a proveer el Estado, fuesen una dádiva del sistema Estado-partido-familia.

Pero los gobernantes dejaron su huella inconfundible en la escena del crimen. En la redacción de CONFIDENCIAL, donde durante más de dos décadas hicimos periodismo en libertad, donde los periodistas discutíamos sobre cómo contar noticias, historias y reportajes, ideas, opiniones, y las investigaciones sobre el poder y la corrupción, ahora impusieron las fotografías tamaño gigante de Daniel Ortega y Rosario Murillo, símbolo de censura y dictadura, con su omnipresente color rosa chicha.

Ortega y Murillo intentaron borrar de la memoria colectiva la existencia de un medio de comunicación, pero lo que han hecho es erigir un monumento al crimen contra la libertad de prensa, que ahora está a la vista de todos.

Recurrieron a la fuerza bruta para cerrar un medio de comunicación que está cumpliendo 25 años de hacer periodismo independiente, pero no pudieron confiscar el periodismo, ni callar a CONFIDENCIAL.

Nunca, ni el día del asalto policial en 2018 ni al consumarse ahora la confiscación ilegal, hemos dejado de hacer periodismo. Nuestra redacción está en las mentes y los corazones de los reporteros, en el compromiso de los periodistas de informar la verdad a cualquier costo, sin someternos a la censura o la autocensura. Y más temprano que tarde, vamos a contarles la gran historia del siglo XXI: el final de la última dictadura de la historia de Nicaragua, desalojada del poder, para iniciar la construcción de una nueva República en democracia, con justicia, y sin impunidad.