Un Frankenstein constitucional

El texto vigente de la Constitución Política es hoy día, más que un edredón, algo con que podría compararse por su método de confección, un verdadero Frankenstein jurídico. Aprobada por una constituyente resultante de una parodia electoral en 1984, profundamente reformada en 1995, cuando el gobierno electo en 1990 ya se preparaba para un nuevo proceso electoral. Reforma plagada de “nombres y apellidos” y creando un marco propicio para las ambiciones de grupos y personas.

Luego de muchas “reformitas” y reformas no natas, finalmente en 2014, el grupo promotor del caos permanente, desde cuando “gobernaba desde abajo” y responsable de la actual crisis sociopolítica, impuso una nueva reforma a su medida, en la que lo más profundo y menos comentado fue la supresión del principio democrático universal de división de poderes, por un extraño y equivoco concepto de “poder soberano” con “funciones delegadas” que cuasi legitimó la reelección perpetua y permite el funcionamiento de las instituciones, bajo la orden y de acuerdo a las necesidades del caporal.

En 2006, bajo los influjos de la “marea rosa latinoamericana”, emergió luego de 16 años de “gobernar desde abajo” el Grupo Ortega, luego Ortega-Murillo, retomó el ejecutivo y tejió un perverso pacto político, suprimiendo paulatinamente, por vías de hecho, los Poderes del Estado y la democracia.

Nicaragua sufrió un Golpe de Estado silencioso que cumplió con todos los cánones de la teoría golpista clásica: conspiración meticulosa, gestación desde una institución del Estado, en este caso el mismo Ejecutivo y con el apoyo tácito de la fuerza pública, distraída en sus negocios de clase y acaramelada con la corrupción.

El Poder Judicial fue determinante en este Golpe de Estado. Ya antes de las reformas de 2014, había perdido por completo la independencia, viva expresión del pacto político, constituida en bancadas, generó una sentencia absurda que declaró inconstitucional la misma Constitución Política y permitió que Ortega se postulara, se reeligiera y copara mediante el fraude la Asamblea Nacional.

Los errores políticos con signo criminal, cometidos uno tras otro, por el grupo Ortega-Murillo, al mejor estilo de Aprendiz de Brujo, sacaron del letargo a la sociedad: el faraónico proyecto de canal interoceánico que enajenó la soberanía nacional y amenazó la tenencia de la tierra de miles de campesinos y sus familias; la humillación, física inclusive, de los ancianos que reclamaban una pensión que la ley les concedía, seguida de represión y hasta el robo de vehículos a jóvenes que se solidarizaron con sus mayores; el torpe y oscuro manejo del incendio a la Reserva Natural Indio Maíz, fueron algunos de estos.

Finalmente, el genocidio de abril de 2018, provocó la mayor explosión social espontánea de la historia de Nicaragua, caracterizada esta por su carácter cívico y pacífico, algo para lo que no estaba preparado el grupo detentador del poder que se cimbró en sus cimientos.

La crisis desnudó el carácter dictatorial del régimen que desató un baño de sangre, las bandas musolinianas de la Juventud Sandinista, rebasadas por la población, fueron reforzadas por fuerzas irregulares, dirigidas por fanáticos veteranos de la guerra de los ochenta, creadas al amparo de las fuerzas armadas del Estado: Policía y Ejército que luego no pudo explicar el dictador y terminó llamándolas, lleno de eufemismo, “policía voluntaria”.

Nuevamente en escena el Poder Judicial, instrumentó la criminalización de la protesta. Anulada su independencia primero de facto, mediante el pacto político y ahora que, según la Constitución Política ya no constituye un Poder del Estado, sino que cumple funciones delegadas del Poder Soberano, confuso concepto, que “lo ejerce el pueblo por medio de sus representantes libremente elegidos por el sufragio universal, igual, directo y secreto, sin que ninguna otra persona o reunión de personas pueda arrogarse esta representación.” (Art. 2 Cn).

Significa lo anterior que, si el Poder Soberano reside sólo en los supuestos electos por voto universal, sólo el titular del ejecutivo y la Asamblea Nacional lo ejercen y, si ésta sirve a aquél, el círculo se cierra; así, los jueces, magistrados y Corte Suprema no desempeñan más que “funciones especializadas” por delegación del Ejecutivo y sus comparsas de la Asamblea Nacional.

La protesta surgida a partir del 18 de abril de 2018, rápidamente sintetizó, en una frase, sus objetivos estratégicos: Justicia y Democracia; sin embargo, el discurso se ha centrado sólo en un aspecto del concepto democracia: elecciones anticipadas, restringiéndolo.

Sin soslayar la importancia y necesidad de unas elecciones, anticipadas mejor aún, en su sentido más amplio, la realización integral del primer concepto: Justicia, es presupuesto, sin el cual, el segundo: Democracia, amplio o restringido, no será posible alcanzar.

La sociedad exige y está en permanente movilización para conquistar la democracia. Las elecciones, sin duda, son el método, pero para que el método funcione es requisito que la justicia impere y, la justicia debe ser considerada como un sistema integral. Sus componentes: leyes claras, igualdad de las personas frente a la ley y una estructura judicial independiente.

La renuncia de todos los magistrados espurios de la Corte Suprema es insoslayable, seguida por la revisión de los nombramientos de los jueces de primera instancia y magistrados de los Tribunales de Apelación que no hayan sido nombrados en estricta observancia de la Ley de Carrera Judicial, que si no son todos, son casi todos, y tienen secuestrada la función jurisdiccional para garantizar los intereses del dictador.

El derecho a la verdad, a la memoria histórica, un sistema de justicia transicional y las garantías de no repetición, serán los cimientos sobre los cuales se funde una verdadera democracia.